El falso dilema entre legalidad y convivencia

Presos políticos, correctivo para sofocar el conflicto, error estratégico... El ingreso en prisión provisional de los principales inductores no estrictamente políticos del independentismo, acusados de usar métodos coactivos mediante masas previamente organizadas para impedir que la Guardia Civil registrara por orden judicial la Consejería de Economía de la Generalitat, provocó de inmediato un verdadero alud de adjetivos que oscilaron entre aquellos que revelaban un natural desconocimiento del Derecho y esos otros que ponían de manifiesto el interés de sus autores por seguir manipulando a la opinión pública, especialmente la catalana.

Bien es verdad que hubo también valientes que no se callaron y, ante el maremoto de inexactitudes e insultos, pusieron la cara para que se la partieran. Así, el exdiputado de Convergència Ignasi Guardans publicó un tuit de este tenor: “Los llamarán héroes. Son solo dos cobardes que desde el confort de sus despachos organizaron la resistencia a un juez de un país democrático”. Yo no sé si cobardes o no, pero lo que hicieron. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fue dirigir un asedio que duró casi 18 horas, arengando a los concentrados en la consejería contra los guardias que cumplían las órdenes de un juez, y lo hicieron subidos en vehículos policiales previamente destrozados por los pacíficos manifestantes.

Brevísimo ejercicio de Derecho Comparado: en Francia, si quemas un coche de la Policía te caen siete años de cárcel. Parecidas penas son las previstas por hechos similares en toda la Europa civilizada, de Norte a Sur.

Artículo 544 del Código Penal español: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Paradoja: si los Mossos d’Esquadra hubieran hecho su trabajo, impidiendo el acorralamiento de los guardias civiles y la secretaria del juzgado, puede que Sánchez y Cuixart siguieran en libertad.

De confirmarse la acusación, a los Jordis, que así les llaman, les espera una petición de condena que puede alcanzar los 15 años de cárcel. La ley no es una ciencia exacta. Es interpretable. Existen circunstancias atenuantes y agravantes. Dentro de esta última categoría, la premeditación es una de las más graves. Un juez debe tener muy en cuenta las circunstancias que rodearon la comisión de un presunto delito antes de tomar cualquier decisión. Sobre todo si, entre las posibles, debe considerar la de privación de libertad. Pero la interpretación de las leyes tiene límites; límites que vienen marcados por 1) la importancia de las penas; y 2) por la solidez de los indicios que apuntan a una posible destrucción de pruebas, riesgo de fuga o una potencial reiteración de los hechos delictivos. La juez de la Audiencia Nacional que encarceló a Sánchez y Cuixart, a la vista de las pruebas que presentó la Fiscalía, tenía escaso margen. Como alguien expresó al día siguiente con acierto, los Jordis proclaman su voluntad de seguir siendo sediciosos pero no quieren que se les juzgue por sedición. Ese, y no otro, es el campo de juego.

Manipulación en las redes

Pero la muy engrasada maquinaria propagandística del independentismo le sacó un gran partido al encarcelamiento de los Jordis, sobre todo en las redes sociales. Y los melifluos defensores del mirar para otro lado adujeron enseguida que estábamos ante la enésima equivocación del Estado, obtusamente empeñado en proporcionar renovado oxígeno a un secesionismo muy necesitado.
 Son estos, empalagosos adalides de una estética vacua y no comprometida, tuitstars con centenares de miles de seguidores, intuitivos intérpretes de las inestables corrientes que condicionan las opiniones públicas, una de las esperanzas que todavía le quedan al independentismo después de que la realidad le venga desbaratando, una a una, todas sus inventivas.

El problema, dicen algunos, es que “todo lo que se debe hacer para atajar la crisis de legalidad alienta la crisis de convivencia”. Convendría añadir: todo lo que no se haga ahora conforme a la legalidad puede terminar convirtiéndose en un problema de legitimidad. Del Estado de Derecho.

Artículo 155

Aplicación en barbecho

La decisión está tomada y salvo Carles Puigdemont ya nadie puede apretar el botón de stop. La aplicación del artículo 155 de la Constitución se hará sobre barbecho, y el principal problema va a ser garantizar su cumplimiento. Ya se sabe que las dos prioridades iniciales del Gobierno son proteger el orden público interviniendo los Mossos d’Esquadra y recuperar la seguridad jurídica y financiera, empezando por asegurar el cobro de las nóminas a los funcionarios de la Generalitat.