El disputado reparto del dinero de las autonomías

14 / 12 / 2017 Javier Otero
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Todos piden una reforma urgente del sistema de financiación, que se hará bajo la influencia del Concierto vasco y el proceso independentista catalán.

Mariano Rajoy y el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Foto: D. Castro

Las negociaciones para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica se van a producir en un ambiente marcado por el cuestionamiento en varias comunidades del acuerdo alcanzado entre Madrid y Vitoria sobre el Cupo vasco y presionadas por el proceso independentista y las elecciones en Cataluña.

Tras varios tira y afloja, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se decanta por abordar con urgencia las negociaciones. El sistema de financiación vigente se tenía que haber revisado en 2014, pero se ha ido aplazando. Entretanto, una comisión de expertos nombrados por las diferentes comunidades autónomas ha elaborado un informe con unas recomendaciones sobre la reforma. La comisión estuvo compuesta por especialistas elegidos por el Gobierno central y las diferentes comunidades, excepto Cataluña, que decidió no enviar a nadie. Este informe, ya concluido, realiza unas propuestas pero no ofrece resultados, debido a que algunas cuestiones dependen de las decisiones políticas que se tomen. Sin embargo, uno de los expertos nombrados por el Gobierno central, Ángel de la Fuente, ha realizado un estudio sobre escenarios hipotéticos aplicando las recomendaciones del comité.

Respecto a la polémica sobre el acuerdo en el Cupo vasco y la influencia de esta sobre la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómico, el informe de los expertos introduce más elementos para la negociación o para aumentar la polémica sobre la financiación de las comunidades forales (Navarra y el País Vasco), que no se rigen por el sistema de financiación común. Los expertos señalan que el nuevo sistema “incluirá, si así se acuerda, una aportación de las comunidades forales a la nivelación interregional”. El objetivo principal de la propuesta de los expertos es que haya fondos suficientes para prestar los servicios públicos fundamentales con independencia de la administración que los presta. Los recursos para conseguirlo tendrán que venir de todas las comunidades, incluidas las forales. Para conseguir los fondos necesarios para el sistema de financiación, los expertos señalan que hay que “incorporar a las comunidades forales a la financiación del esquema de solidaridad interterritorial que nivela los servicios públicos fundamentales”, que para los expertos desactivaría “el foco de inestabilidad institucional que existe en este ámbito, derivado de la desigualdad de recursos y gastos en los servicios públicos fundamentales” entre el País Vasco y Navarra respecto al resto de las comunidades que se rigen por el sistema de financiación común. Estos recursos duplican la media del resto de comunidades.

Acabar con el statu quo

Los diferentes acuerdos sobre financiación autonómica han tenido como elemento básico que ninguna comunidad recibiera menos fondos de los que venía percibiendo anteriormente. Esto se conseguía con inyecciones de fondos adicionales por parte del Estado en cada nueva reforma. Los expertos consultados por el Gobierno central y las comunidades autónomas consideran que en esta ocasión hay que suprimir esta cláusula de statu quo. Reconocen que puede haber dificultades políticas para hacerlo de forma inmediata, por lo que recomiendan que en el año de partida nadie pierda recursos y los efectos de la eliminación de la cláusula de statu quo se apliquen de forma progresiva.

El experto Ángel de la Fuente, que también dirigió la elaboración de la metodología sobre las siempre discutidas balanzas fiscales, ha elaborado una simulación de los resultados a partir de la propuesta de los expertos. Ese modelo está abierto a los cambios que introduzca la negociación política. A pesar de ello, De la Fuente escoge un escenario continuista respecto a la situación actual para ver el efecto del nuevo modelo propuesto. Esto supone que en el momento en que el nuevo sistema haya alcanzado la velocidad de crucero, la diferencia en los recursos por habitante puede reducirse drásticamente.

Este era uno de los problemas del sistema actual, ya que existía una diferencia de 29 puntos porcentuales entre la comunidad con más recursos por habitante (Cantabria, un 21% sobre la media) y la que menos disfrutaba (Comunidad Valenciana, un 8% por debajo de la media). El nuevo sistema de financiación podría dar como resultado una diferencia entre la comunidad autónoma con más recursos y la que menos de solo 10,7 puntos porcentuales, en lugar de los 29 puntos actuales. Con la aplicación del nuevo sistema del comité de expertos, sería Madrid la que contaría con más recursos respecto a la media (6,3% más) y Extremadura la que menos (un 4,4% menos). En su conjunto, se reducirían las desviaciones respecto a la media que se producen actualmente, ya que la mayoría estaría rozando esa media.

Como en las anteriores ocasiones, el nuevo sistema de financiación necesitará para conseguir el aval político para que ninguna comunidad reciba menos dinero en términos absolutos que antes. Eso probablemente se corregiría en los casos de Cantabria y Extremadura.

En lo que se refiere a las comunidades que mejorarían o perderían más en cuanto a su posición respecto a la media, los cálculos realizados por Ángel de la Fuente dan como resultado que Madrid sería la más beneficiada, al pasar de estar un 1,7% por debajo de la media a un 6,3% por encima. La Comunidad Valenciana es un caso que todos los expertos señalaban por la necesidad de corregir la situación actual. Con el nuevo sistema, es la segunda que más puntos escala respecto a la media, ya que pasaría de estar un 7,9% por debajo a estarlo solo un 1,5%. En el lado opuesto, Cantabria era un caso especialmente atípico que la colocaba en un destacadísimo 21,3% por encima de la media y que con el nuevo sistema estaría ahora prácticamente en la media, solo un 0,9% por debajo. 

El procés y la financiación

Antes de que los negociadores se sienten a la mesa, se suceden los pronunciamientos y las iniciativas. El lendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha propuesto que el sistema de Concierto Económico Vasco sirva como referente para un futuro modelo de financiación. Urkullu subraya que este sistema ofrecería una mayor responsabilidad fiscal a los territorios y que no implica renunciar a la solidaridad. A los pronunciamientos previos se ha sumado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien ha señalado que el proceso independentista en Cataluña no debe traducirse en concesiones. En un sentido similar se ha pronunciado la presidenta andaluza, Susana Díaz, que no ve con buenos ojos la posición de comprensión de la dirección del PSOE hacia las propuestas realizadas desde el PSC de Miquel Iceta para la financiación catalana. Iceta ha defendido un tratamiento diferenciado para Cataluña en cuanto a financiación autonómica. Díaz ha adelantado que defenderá que exista una misma financiación por habitante, pero no solo para los servicios públicos fundamentales, sino para el resto de políticas, entre las que ha destacado las de inversión. 

Clasificaciones

Entretanto, en el debate político vuelven a aparecer reivindicaciones de criterios técnicos que ya fueron protagonistas de la dura negociación sobre la financiación en la reforma del Estatut de Cataluña de hace once años. Algunas comunidades y líderes políticos de las comunidades más ricas han vuelto a utilizar el llamado principio de ordinalidad. Durante las negociaciones de la pasada reforma del Estatut este principio se usó en varios sentidos. Al comenzar la negociación, el Govern, entonces el tripartito entre ERC, PSC y Esquerra Unida, defendían que Cataluña no podía empeorar su posición en la clasificación de las autonomías en cuanto a renta por habitante después del pago de impuestos y recibir sus ciudadanos transferencias del Estado como subsidios por desempleo o pensiones. Sin embargo, este cambio de orden en la clasificación no tiene que ver con la financiación autonómica, como sostuvo el Gobierno central del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y así terminó siendo reconocido desde la Generalitat. Ahora, sin embargo, vuelve al debate.

No obstante, el Estatut mantuvo en la redacción que se aprobó un principio que hoy vuelve a usarse, el esfuerzo fiscal. Es un concepto controvertido, porque ni siquiera hay acuerdo en cómo se calcula, aunque en principio sería la relación de la presión fiscal sobre el PIB de cada región. El Estatuto catalán limitaba en principio los mecanismos del sistema de financiación autonómica para que todas las comunidades tuvieran similares niveles en cuanto a los servicios públicos fundamentales. Así, señalaba que los recursos de la Generalitat se ajustarían para conseguir esos niveles similares, como por ejemplo en sanidad o educación, pero siempre y cuando llevaran un esfuerzo fiscal similar. Esta referencia al esfuerzo fiscal similar fue el que fue anulado por el Tribunal Constitucional.

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 El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Foto: J. L. Roca

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 Íñigo Urkullu, lendakari vasco. Foto: D. Aguilar/EFE

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