El CNI informa al Gobierno sobre futuros altos cargos

Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero solicitaron informes, siempre que lo consideraron necesario, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre determinadas personas a las que estaban pensando nombrar para desempeñar altos cargos. Una práctica que fuentes cercanas al servicio de inteligencia consideran que sigue llevándose a cabo ahora: “Es normal que cuando vas a nombrar a una persona para un puesto con cierta relevancia te informes antes de si su pasado está limpio”.

La última prueba de estos comportamientos la ha aportado José Bono. Al ser preguntado sobre los motivos que le llevaron, cuando era ministro de Defensa, a nombrar a Félix Sanz Roldán Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), ha afirmado: “Pedí información al CNI sobre él y me hicieron un informe que decía que no tenía ninguna mancha ni despertaba animadversión”. Y especifica los motivos que le llevaron a tomar esa decisión: “Cuando vas a nombrar a alguien que va a mandar sobre 130.000 personas que tienen el monopolio de las armas, debes saber todo sobre él”. Un hecho curioso es que, años después, Sanz acabara dirigiendo el servicio de inteligencia.

Un motivo distinto fue el que llevó al CNI mandado por el diplomático Jorge Dezcallar a efectuar una investigación sobre el pasado de Letizia Ortiz, antes de que oficializara su relación con el príncipe Felipe. En ese caso se trataba de buscar la existencia de vulnerabilidades y, si se encontraban, hacerlas desaparecer, para evitar que a lo largo de su vida como princesa y reina de España no pudiera ser sometida a chantaje por otros servicios secretos o por mafias. Preguntado el director del CNI en el Congreso de los Diputados sobre el tema, lo negó, como se hace siempre en estos casos.

Estas investigaciones, con unos u otros fines, son habituales en todos los países occidentales. En España comenzaron a llevarse a cabo en los últimos años del franquismo. El entonces comandante José Ignacio San Martín trabajaba a principios de los años 70 en el Servicio Central de Documentación (Seced). Era el final del franquismo y el presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, tenía que decidir numerosos nombramientos entre personas de las que apenas disponía de datos. San Martín ideó un modo para disponer de toda la información posible sobre esos candidatos a altos cargos. Así nació el archivo Jano.

El nombre hacía referencia al dios de las dos caras, pues cada uno de los dossieres buscaría información sobre la vida pública y privada del afectado. Se seleccionaron a todos los españoles que por su trayectoria pudieran ocupar en el futuro un cargo destacado en la sociedad y se les sometió a investigación. Es de destacar que en ese archivo se incluían todos los datos imaginables y los que no lo eran tanto. Por ejemplo, se buscaba la tendencia sexual del interfecto, porque en aquellos últimos años de la vida de Franco no se admitían homosexuales en ningún nivel del Gobierno. Durante esos años, y hasta 1977, formaron parte del archivo secreto personas más o menos relevantes del mundo político, económico, social, universitario o diplomático. Según explicó el propio San Martín, se trataba de un fichero completísimo de personalidades del régimen y de la oposición, así como de líderes de opinión y representantes de los grupos de presión existentes, llámense bancos, iglesia o sindicatos.

Según Manuel Rey, exdirectivo del servicio de inteligencia, “en el momento de su traspaso al Cesid –en 1977– se trataba de una base documental compuesta por unas 10.000 fichas tabuladas y mecanizadas, prácticamente al 90% de su nivel óptimo”.

Ese archivo de los españoles influyentes fue a parar al Departamento de Contrainteligencia del Cesid y fue guardado en la sede clandestina que tenían en la calle Menéndez Pelayo de Madrid, enfrente del Retiro. Allí se unió a otros archivos menores procedentes de otros servicios de espionaje del franquismo.

Durante 11 años el archivo fue utilizado cada vez que era necesario y se tiene constancia de su actualización, con la ayuda de la entonces llamada Agrupación Operativa de Misiones Especiales. Uno de los casos conocidos demuestra que su uso no se limitó a informes enviados al Gobierno cuando el afectado iba a ser nombrado para un cargo.

El caso, ratificado en su día por el propio afectado, lo protagonizó José María de Areilza. El político era uno de los candidatos que se barajaban para el puesto de presidente del Gobierno, aunque había un cierto consenso en que el cargo fuera para Adolfo Suárez. La unidad operativa del Cesid ya sabía por su ficha en Jano que mantenía una cierta relación, que no amistad, con una persona cercana a la izquierda aberzale. Pero no era suficiente para descabalgarle de sus pretensiones. Así que le instalaron un micrófono en su despacho y descubrieron una supuesta relación personal de la que él no querría que nadie se enterase. Convenientemente informado de ese detalle, renunció al puesto.

En 1988, el Cesid levantó su sede actual junto a la carretera que va de Madrid a La Coruña y el archivo se trasladó allí. El director de entonces, Emilio Alonso Manglano, ordenó que nadie excepto él, y cualquier persona que contara con su autorización, pudiera tener acceso al mismo. A pesar de ello, se sabe que durante su mandato se siguieron elaborando dossieres sobre distintas personalidades de la vida pública. Concretamente, desde la llegada de Felipe González al poder, en 1982, y de Narcís Serra al Ministerio de Defensa, se realizaron informes sobre todos los militares que podían ascender a los puestos de general. El objetivo era evitar que los franquistas o extremistas llegaran a la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Todo se guarda, nada se tira.

En aquella época socialista se retomó la esencia del archivo Jano. Partiendo de lo que ya había, se actualizaron los informes relativos a banqueros como Mario Conde o a empresarios del sector de la comunicación como el conde de Godó. Cuando el Ejecutivo estaba interesado en algún tema, el Cesid investigaba a los protagonistas y archivaba el resultado de su trabajo. Porque en el servicio de inteligencia todo se guarda, nada se tira.

En 1996, la llegada al poder del Partido Popular de José María Aznar llevó oficialmente al aparcamiento de Jano. Nadie quería reconocer su uso. El exjefe de los Grupos de Apoyo Operativo Juan Alberto Perote, ha contado en uno de sus libros que existían tres copias del mismo: una en el CNI, otra en una base secreta de la sierra de Madrid y una tercera en Suiza.

En relación a los dossieres de personalidades públicas, el ya expresidente Felipe González denunció en un mitin en el año 1998: “Sabemos que preparan algo para el 2000, pero les va a salir mal y se les volverá en contra”. Semanas después se supo lo que ocultaba su mensaje. González se había enterado de que el Cesid, mandado por Javier Calderón, preparaba un informe titulado Purificación, en el que los espías recomendaban prescindir de políticos y empresarios de medios de comunicación con un papel destacado en la Transición. Ese informe contenía interioridades de la vida pública y privada de destacadas personas, a las que consideraban amortizadas. Para conseguirlo, pretendían poner en marcha acciones de descrédito y procedimientos judiciales para “invitarlas” a salir de la primera línea de la vida nacional.

Utilizando el archivo Jano, o manejando dossieres aislados encuadrados en investigaciones personales sobre muchas personas, el hecho es que el Cesid, que pasó a llamarse CNI en el año 2002, ha seguido llevando a cabo ese trabajo. Otro caso comprobado se produjo en el año 2001, con Jorge Dezcallar como director del servicio. María Isabel Barrio, una funcionaria de la Seguridad Social que llevaba 12 años sacando ilegalmente informes privados sobre ciudadanos para el Cesid, fue detenida. Ante la falta de ayuda que le depararon desde la Casa, como se conoce internamente al servicio de inteligencia, desveló que les había entregado todos los datos disponibles de Juan José Hidalgo, presidente de Halcón Viajes y Air Europa. ¿Para qué necesitaban esos informes tan privados en el espionaje español?

La victoria de Rodríguez Zapatero llevó al CNI a Alberto Saiz, un viejo conocido de José Bono. Sería la complicidad o, simplemente, el conocimiento de un hábito que se oculta a la opinión pública, pero el hecho es que Bono ha reconocido que pidió al servicio secreto un informe sobre Sanz Roldán, su candidato a Jemad.

Diversos agentes del Cesid y del CNI consultados por Tiempo aseguran que la práctica de elaborar informes sobre candidatos a puestos en la Administración es una práctica habitual, “típica de este servicio y de cualquier otro”.