El chollo de ser ex

21/01/11
En sus célebres pláticas como gobernador de la isla imaginaria de Barataria, Sancho Panza echó mano del refranero popular para sentenciar: “Oficio que no da de comer a su dueño, no vale dos habas”. En la actualidad, a aquellos herederos del famoso escudero que llegan a presidentes, ministros o altos cargos en la España real se les multiplican exponencialmente las habas cuando pasan a formar parte del cuerpo de cesantes.
Los recientes fichajes de Felipe González como consejero de Gas Natural, a razón de 126.000 euros al año, y de José María Aznar como asesor externo de la eléctrica Endesa, con una retribución de 200.000 euros anuales, han reabierto la polémica sobre la conveniencia o no de que los ex presidentes del Gobierno puedan compaginar su legítimo trabajo en el sector privado con la compensación económica a la que tienen derecho de por vida por los servicios prestados cuando estaban al frente del país. El debate ha subido tanto de tono que el Congreso de los Diputados discutirá el día 25 una propuesta de los grupos de izquierda de la oposición para endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos. Una iniciativa que, de aprobarse, supondría la suspensión de la pensión vitalicia de los ex presidentes.
Al hilo de esto, un veterano diputado socialista recuerda a Tiempo que el estatuto de los ex presidentes del Gobierno se reformó en un momento muy concreto -el año 1992-, cuando Adolfo Suárez acababa de dejar la política y había anunciado que se iba a volcar en el cuidado de su familia, aunque con la llegada del PP al poder estuvo unos años en Telefónica como asesor presidencial para Latinoamérica, mientras se lo permitió la salud.
En honor a la verdad, fue Leopoldo Calvo-Sotelo quien marcó el camino que lleva a las empresas tras dejar el poder. Una senda que luego ha sido seguida por sus sucesores. El último presidente de la UCD volvió en 1985 al Banco Hispano-Americano en el que había trabajado antes de desembarcar en la política, pero entró directamente en el consejo de administración, donde mantuvo su puesto tras las posteriores fusiones con el Banco Central y el Banco Santander. Luego compaginó la presidencia de Moto Vespa con puestos de consejero en varias empresas como la energética Unión Fenosa, la constructora Dragados, la operadora de telecomunicaciones ONO o la sociedad concesionaria Autopista A-6.
Por su parte a González siempre se le ha atribuido el asesoramiento al magnate mexicano de las finanzas Carlos Slim. El salto a lo privado se ha producido ahora, al figurar como consejero de Gas Natural. En sus ya casi 15 años de ex presidente estuvo centrado en su afición al diseño de joyas, un trabajo tan delicado como el cuidado de los bonsáis, y en dar conferencias. Al final, Aznar le adelantó por la izquierda en los negocios. Una vez superados los dos años de incompatibilidad -que pasó como consejero nato en el Consejo de Estado-, el presidente del PP entró a formar parte del consejo directivo de News Corporation, de Rupert Murdoch, aunque ha sido gracias a su actividad académica en universidades como la de Georgetown como ha conseguido que su empresa Famaztella (acrónimo de Familia Aznar Botella) haya obtenido un beneficio de casi un millón de euros entre 2007 y 2009.
Quien no ha dado pistas sobre su futuro es el propio José Luis Rodríguez Zapatero, que este 2011 cumple 25 años como diputado nacional. No ha conocido la empresa privada, justo en un momento en el que su salida de La Moncloa parece estar más cerca que nunca. En el PSOE más de un responsable político asegura que su futuro estará en Ferraz, bien de secretario general, bien de presidente, si su sucesor (o sucesora) no tiene inconveniente en ello.
Lo lógico es que Rodríguez Zapatero, como sus antecesores, se acoja a la pensión vitalicia: aquellos que pasan por Moncloa tienen derecho a un sueldo de por vida que este año rozará los 80.000 euros al año, además de una oficina de apoyo con dos funcionarios de libre designación, vehículo oficial y chófer, equipo de escolta para su seguridad y gratuidad en los viajes en transporte público. Además, al cesar en su cargo, los ex presidentes reciben una indemnización equivalente a dos años del salario que percibían.
Jordi Sevilla, que fue ministro de Administraciones Públicas con Zapatero, ha defendido en la última semana que los políticos puedan pasar a la empresa privada sin que la gente se lleve las manos a la cabeza, si bien ha sugerido que se les suspenda el acceso a la pensión mientras cobren sueldos de compañías privadas.
De la política a la empresa.
La realidad es que un porcentaje importante de los políticos pasan a la empresa privada una vez que abandonan sus cargos públicos. Un repaso a la lista de quienes han formado alguna vez parte de los Gobiernos de González, Aznar o Zapatero deja algunas conclusiones claras: tres de cada diez ministros dejan la política al abandonar sus cargos y se pasan a la empresa privada. El 25% continúan en la vida pública como parlamentarios y sólo el 15% sigue en política con otras actividades. Las cifras, como casi siempre, tienen una explicación.
El salario medio de consejero de una empresa privada multiplica por cuatro el del presidente del Gobierno. Según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la retribución media de los consejeros de empresas cotizadas roza los 300.000 euros anuales, mientras que un ministro cobra 69.000 y el presidente del Gobierno no alcanza los 80.000 euros, de acuerdo con las cuantías fijadas en los Presupuestos del Estado. No es extraño, pues, que la tentación sea muy fuerte. Y que el 25% sigan en la vida pública como parlamentarios, aparte de permitir dar rienda suelta a la vocación política reporta algún que otro beneficio, porque el sistema de pensiones de los diputados y senadores españoles es casi único en el mundo democrático.
Como es lógico, no todos los casos son iguales entre los ex ministros que se pasan al sector privado. El sueldo medio de consejero no lo cobran todos, aunque algunos lo sobrepasan. Por ejemplo, según los datos de la CNMV, los consejeros que tienen además funciones ejecutivas en la empresa (presidentes ejecutivos y consejeros delegados fundamentalmente) perciben unos salarios medios que multiplican por 15 el del presidente del Gobierno y por 16 el de los ministros, ya que se sitúan en el entorno de los 1,1 millones de euros brutos al año. En el lado contrario, hay algunos consejeros de cajas de ahorros cuya retribución media anual se queda en algo menos de 16.000 euros, que perciben por asistir a las reuniones del consejo. En estos casos, los ex políticos compatibilizan sus cargos con otras actividades profesionales.
Pero, ¿qué hacen quienes se pasan al sector privado? Pues depende. Los presidentes ejecutivos de empresas, como es el caso de Rodrigo Rato en Caja Madrid o durante muchos años el de Narcís Serra en Caixa Catalunya, dedican toda su actividad profesional al cargo. También es el caso de Juan Pedro Hernández Moltó, quien, después de ser diputado del PSOE y consejero de Iberdrola Renovables, se convirtió en presidente de la hoy intervenida Caja de Castilla-La Mancha. Hoy su gestión al frente de esta entidad está siendo investigada.
Por otro lado, quienes sólo son consejeros de empresas tienen como obligación principal acudir a las entre doce y diecisiete reuniones que los consejos suelen celebrar al año, aunque en muchas ocasiones tienen otros cometidos, no de gestión directa de la empresa, pero sí de asesoría y representación. Es el caso de Isabel Tocino y Eduardo Zaplana.
Trampolín para la gestión privada.
Desde el inicio de la Transición, los políticos han visto cómo su paso por el poder les servía de trampolín para acceder a buenos puestos de gestión privada. Rodolfo Martín Villa, una de las caras más conocidas de aquella época, fue presidente de varias empresas y corporaciones industriales tras salir del Gobierno, en 1982, entre las que destacan su paso por Endesa (1997-2002), donde pilotó el proceso de privatización, y por Sogecable (2006-2010).
También se ha dado el caso contrario. Muchos incipientes empresarios se han beneficiado de la política para hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Es el caso de Juan Miguel Villar Mir, que fue ministro de Hacienda en el primer Gobierno del rey Juan Carlos antes de escalar, con el paso de los años, hasta la presidencia de OHL. Otro caso curioso es el del político catalán Miquel Roca Junyent, uno de los padres de la Constitución, cuyo papel de urdidor de pactos con la UCD y el PSOE en los primeros años de la democracia le proporcionó una extensa lista de contactos. La experiencia y su paso por la política le han convertido en un abogado con uno de los bufetes más cotizados de España.
Alberto Oliart, ministro en los Gobierno de Suárez y Calvo-Sotelo, es un caso de ida y vuelta a la política. Fue ministro con ambos presidentes y tras una larga temporada dedicado a su negocio de cría de caballos en Extremadura, ha vuelto a la vida pública, tras ser nombrado por acuerdo de los partidos mayoritarios presidente de la Corporación RTVE.
Al final, una gran parte de ministros de los Gobiernos de la UCD ha tenido grandes carreras en la empresa privada. Hay casos significativos como el de Matías Rodríguez Inciarte, estrecho colaborador de Calvo-Sotelo, que ha ocupado diversos cargos en el Banco Santander así como también de consejero en empresas como ONO, Sanitas u OMEL. También el de Jaime Lamo de Espinosa, ex ministro de Agricultura, que en la actualidad es presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes. Pero también es cierto que muchos se han mantenido en la esfera pública, como Luis Gamir, ex ministro de la UCD y hoy presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
De Felipe a ZP, pasando por Aznar.
En el caso de los Gobiernos de González, quizá los ministros que más han triunfado en la empresa privada hayan sido los que han ocupado las carteras de Economía e Industria. Es el caso de Miguel Boyer y Carlos Solchaga. El primero, que fue ministro de Economía, es hoy miembro del consejo consultivo de Bosch y representante de la Corporación Financiera Ipsos en Reyal Urbis. Solchaga, por su parte, es socio de Solchaga & Recio Asociados y además forma parte del bufete de abogados de Roca Junyent, y figura como consejero de Zeltia y en al menos otras dos fundaciones. También hay casos como el del ex ministro de Obras Públicas Javier Sáenz de Cosculluela o el de Defensa Julián García Vargas que han encontrado un hueco acorde a su especialidad: mientras que Cosculluela es presidente de la asociación de Empresas Constructoras de Obras Públicas (Aerco), García Vargas lo es de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae).
De los ministros de Aznar, buena parte de ellos han podido comprobar que en la empresa privada se cobra más y se vive mejor. Abel Matutes retomó su emporio familiar en Ibiza. La catalana Anna Birulés, a la que Artur Mas tanteó en diciembre para incorporarla a su Gobierno como consejera de Economía, acaba de ser nombrada presidenta de uno de los fondos de capital riesgo de Finaves, después de haber sido ejecutiva en el Banco Sabadell, Retevisión y Renta Corporación.
Eduardo Zaplana es representante de Telefónica Europa, Francisco Álvarez-Cascos impulsó un conglomerado de galerías de arte y negocios inmobiliarios, mientras que Pío Cabanillas entró en Acciona y el mundo de las productoras y José María Michavila prosigue su carrera de representante de cantantes. Tras dejar su acta de diputado, acaba de estrenarse como consejero de Dragados SPL.
Entre los ministros de Zapatero, Bernat Soria volvió al Centro Andaluz de Medicina Molecular, pero recientemente saltó la polémica tras el anuncio de que redactará un informe para el laboratorio farmacéutico Abbott sobre las carencias del Sistema Nacional de Salud. Un encargo que ha levantado ampollas en el sector.