El agravio del cupo vasco y los Presupuestos

La posibilidad de que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ofrezca su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado que tiene que negociar el Gobierno de Rajoy depende de contraprestaciones económicas y la resolución de conflictos sobre competencias. A pesar de las múltiples ocasiones en las que se han negociado las mismas materias en pactos políticos en los que ha intervenido el PNV desde la llegada de la democracia, todavía queda terreno por recorrer. La negociación económica se centra en las discrepancias sobre el cálculo del cupo vasco (cantidad que el País Vasco paga al Estado después de recaudar todos los impuestos), además de acuerdos sobre las inversiones de la alta velocidad en Euskadi.

Los dirigentes nacionalistas creen que la Comisión Mixta del Cupo podría servir de escenario para dar las primeras señales de la “sensibilidad foral” que han manifestado tener en el Gobierno central y que se ve correspondida por una disposición a “negociar sin complejos”, según palabras del presidente del PNV, Andoni Ortúzar.

Las diferencias sobre el cálculo del cupo son las más peliagudas. Y no solo porque estén en juego unos 1.500 millones de euros que los nacionalistas reclaman como discrepancias monetarias acumuladas, sino porque alimenta conflictos abiertos en financiación autonómica del resto de las comunidades autónomas, donde se cuestiona si debería eliminarse este sistema foral, y las pretensiones del soberanismo catalán en particular, que pretenden su extensión del País Vasco a Cataluña.

 

Correcciones

Las discrepancias en el cálculo del cupo se arrastran desde el año 2007, la última ocasión en la que se acordaron las reglas para su cálculo. El Gobierno vasco defiende que deben añadirse correcciones como efecto tanto de los incrementos en la financiación de otras autonomías, como por el mayor gasto que supuso la ley de dependencia, principalmente. La ley del cupo tiene una vigencia quinquenal y debió actualizarse en el año 2011. La falta de acuerdo la mantiene prorrogada desde entonces.

El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómico y las pretensiones económicas de Cataluña en su proceso soberanista han llevado a los expertos a cuestionar la situación actual del cupo vasco, pero en sentido contrario al de los intereses del PNV. Según los cálculos de Ángel de la Fuente, a quien el Gobierno central encomendó la elaboración de un sistema de cálculo de las balanzas fiscales, la presión política ha dado como resultado hasta ahora que el País Vasco deje de aportar a las arcas estatales 1.790 millones de euros anuales por haber quedado exento del sistema de nivelación interregional. A esto se añadirían otros 1.740 millones que ha dejado de pagar al Estado debido a una valoración a la baja de las competencias estatales no transferidas, y 950 millones por un desfase en el cálculo del ajuste por IVA. En total, según este estudio, el País Vasco se vería favorecido en 4.480 millones de euros.

En lo referido a los conflictos por competencias, el Gobierno vasco ha puesto en su mirilla en primer lugar los recursos planteados por el Gobierno central contra sus ofertas de empleo público para la Ertzaintza, pero espera un trato favorable en este campo mucho más amplio: que deje de interponer recursos en la vía contenciosa y ante el Tribunal Constitucional casi de forma sistemática. En la pasada legislatura hubo 17 recursos interpuestos por la Abogacía del Estado, como por ejemplo contra el canon a los pisos vacíos, o sobre el fracking. El Gobierno vasco, por su parte, ha presentado 34 contra normas estatales.