El agosto laboral del Parlamento

Los finales de legislatura se están convirtiendo en sinónimo de frenesí parlamentario. En el verano de 2011, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy consensuaron una reforma exprés de la Constitución para introducir en el artículo 135 el concepto de estabilidad presupuestaria y la prioridad absoluta del pago de la deuda pública. Fue la modificación de mayor calado desde la aprobación de la Carta Magna en 1978 y la propuesta se presentó en el Congreso de los Diputados el 23 de agosto por la vía de urgencia, con el país de vacaciones, aunque muchas familias sin poder salir de sus casas por culpa de la crisis. Tras una rápida aprobación sin referéndum de por medio, Zapatero solo tuvo tiempo para convocar elecciones y ver cómo el 20 de noviembre de aquel 2011, el PSOE se despeñaba con su peor resultado electoral (110 diputados).

Superávit primario. En este verano de 2015, con la situación económica en parámetros diferentes (el Gobierno prevé para 2016 el primer superávit primario, descontando los intereses de la deuda, desde 2007), Rajoy se ha propuesto exprimir al máximo la actividad del Parlamento con una iniciativa inédita en el período democrático: aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año en octubre, dos meses antes de los plazos que han utilizado siempre los Gobiernos.

Con esta jugada política, el Ejecutivo quiere transmitir estabilidad a sus votantes y al exterior de cara a las elecciones de finales de año, aunque a costa de abrir la Cámara Baja casi todo el mes de agosto. ¿Cómo será este calendario atípico? Tras la aprobación del proyecto de PGE en el último Consejo de Ministros de julio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregará las cuentas al presidente del Congreso, Jesús Posada, en la calurosa mañana del 4 de agosto. A partir de ese momento se abrirá el plazo de presentación de enmiendas.

Luego, entre el 17 y 21 de agosto, comparecerán los altos cargos –secretarios de Estado y subsecretarios– en sus respectivas comisiones parlamentarias para explicar las cifras de sus ministerios. Y una semana más tarde, el 25 y 26, se celebrará el pleno sobre las enmiendas a la totalidad. La defensa de los PGE correrá a cargo de Montoro, aunque no se descarta que Rajoy suba también a la tribuna para responder a los líderes de la oposición.

En septiembre proseguirá la tramitación de los PGE con la comparecencia de los ministros en el Pleno, durante la primera semana, y su posterior aprobación sin sobresaltos gracias a la mayoría absoluta del PP. De ahí pasará al Senado, donde se podrán presentar nuevas enmiendas, aunque lo lógico es que regrese sin cambios al Congreso y que los Presupuestos, con los que el Gobierno pretende dar oxígeno a las autonomías con 7.000 millones adicionales, queden definitivamente aprobados el 20 de octubre. Ese mismo día, Rajoy disolvería las Cortes, a la mañana siguiente aparecería la convocatoria en el BOE y las elecciones se celebrarían 54 días después, tal y como establece la Constitución. Es decir, el 13 de diciembre.

Rescate a Grecia. Para darle más emoción parlamentaria al mes de agosto, el Gobierno solicitará un pleno extraordinario para debatir y aprobar la ayuda de España al tercer rescate financiero de Grecia, que ascenderá a unos 10.000 millones de euros, según anunció el propio Rajoy al término de la cumbre europea del 25 de junio en la que Atenas se salvó del colapso económico. Esta decisión del Gobierno pilló a contrapié a los partidos de la oposición, que no se lo esperaban, teniendo en cuenta que Rajoy no llevó a la Cámara Baja el rescate de la banca española en 2012 o, por ejemplo, el segundo de los rescates a Grecia en febrero de 2012.

La fecha de este Pleno monográfico sobre el caso griego aún no se ha decidido porque los acreedores y el Gobierno heleno siguen negociando la letra pequeña del acuerdo. Pero en el Gobierno español se da por probable que la decisión del Congreso de los Diputados se adopte entre el 12 y el 14 de agosto, justo antes de que el Eurogrupo selle el acuerdo final con el Gobierno de Tsipras. Tal escenario ha obligado a un buen número de diputados a cancelar o posponer sus viajes de vacaciones. “Hay gente que no puede ocultar su mal humor”, reconocen a TIEMPO desde las filas del PP.

El Parlamento no será la única institución con carga de trabajo en agosto. El Tribunal Constitucional y la Abogacía del Estado estarán atentos al contenido del decreto de convocatoria de las elecciones catalanas del 27 de septiembre a cargo de Artur Mas y que se firmará el 3 de agosto para que al día siguiente salga publicado en el BOE.

En Génova tampoco se irán de vacaciones. La sede nacional del PP permanecerá abierta todo el verano porque la docena de personas que forman el equipo de la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, trabajará en la elaboración del programa electoral para las elecciones generales. La idea es tener el grueso del documento a finales de septiembre.

A vueltas con la fecha de los comicios

En democracia solo hay un precedente de más de cuatro años entre unos comicios y otros (3 de marzo de 1996-12 de marzo de 2000), pero aquel desfase de Aznar fue anecdótico. Con la decisión de Rajoy de aprobar y tramitar los Presupuestos de 2016, la legislatura se estirará al máximo –hasta el 13 de diciembre, según los cálculos del Gobierno–. Esa probable fecha de las elecciones coincide con la sesión constitutiva de las Cortes en 2011. Además, al Gobierno le quedan aún 24 leyes por tramitar, sin contar los PGE, de modo que necesita oxígeno hasta octubre para cumplir sus planes.