Devolver lo malgastado

Quien la hace, la paga. Este dicho, que tanto se echa de menos en tantas ocasiones en las que grandes casos de corrupción castigan solo con cárcel a sus responsables, tiene también su aplicación. No siempre no se vuelve a ver el dinero que desaparece de las arcas públicas por un mal uso de sus administradores. En lo que va de año, el Tribunal de Cuentas ha dictado sentencias firmes en las que reclama la devolución de seis millones de euros más intereses que, por distintos motivos, con ánimo de malversar o no, se gastaron indebidamente. Según su memoria de 2015, el año pasado levantó acta de liquidación por un total de 63 millones de euros. Son el resultado de la tramitación de 391 procedimientos de responsabilidad contable que ejerce desde su Sección de Enjuiciamiento un organismo más conocido por sus cuestionables y tardías auditorías sobre las cuentas de los partidos políticos o sus gastos en campañas electorales.

Frente a lo que es poco habitual en los tribunales ordinarios, también se dedica a determinar en qué casos hay un mal uso del dinero público y, en su caso, obligar a los responsables a devolverlo. En el Tribunal de Cuentas se siguen procesos contables de resarcimiento económico a las arcas públicas, sin entrar en si hay o no delito penal. Una vez que hay sentencia firme, el condenado puede elegir entre pagar cuanto antes o exponerse a que el Tribunal de Cuentas investigue sus bienes para proceder a su embargo para pagar la deuda. Si se recurre la sentencia, que suele ser lo habitual, el demandado debe presentar un aval por el pago del importe que se le reclama en primera instancia, que se liberará si finalmente es absuelto.

Uno de los casos más sonados se conoció el año pasado, cuando el tribunal dictó una sentencia contra el exalcalde de Vitoria Javier Maroto (PP) y sus concejales por haber alquilado un edificio en el centro de la ciudad bajo unas condiciones que se consideraron lesivas para las arcas públicas. El alquiler que se fijó excedía de la cantidad que recomendó la intervención del ayuntamiento y la corporación municipal asumió gastos de pago de impuestos y obras de acondicionamiento que en principio debía pagar el propietario. Se les reclamó 496.223 en un fallo que fue recurrido y que aún está pendiente de sentencia firme.

El dinero pequeño

Alcaldes, funcionarios, recaudadores de impuestos, gerentes municipales o hasta diplomáticos pasarán este año por caja en el Tribunal de Cuentas para reponer el dinero malgastado en su ayuntamiento, fundación o embajada, según unos casos que demuestran que el dinero público no siempre se va en grandes tramas de corrupción y que, en ocasiones, no vuela para siempre. Su doctrina es que “la reparación del daño consiste en la entrega del importe más los intereses”.

La mayoría de las veces, el denunciante es la administración pública que se considera perjudicada por la gestión de los demandados, aunque hay ocasiones en las que son los vecinos, como los de la pedanía de Sámano, en Cantabria, quienes incoan las acciones. En algunas ocasiones, se adhiere la Fiscalía, que también puede actuar de oficio. De manera paralela, una investigación puede terminar también ante tribunales penales. En algunos casos, la reclamación económica del Tribunal de Cuentas puede parecer el mal menor frente a otra condena, de cárcel. Otras veces, exalcaldes encontrados en falta contable no solo pasaron a la oposición o perdieron 17 votos en las siguientes elecciones, como se ve en algunas de las sentencias dictadas durante 2016.

El prohombre catalanista 

Miquel Sellarès, fundador de Convergència Democrática de Catalunya, exdirector de los Mossos d’Esquadra y asesor en materia de defensa para los planes independentistas de Artur Mas, tendrá que reponer más de 157.000 euros por otros tantos que malgastó cuando era presidente de la Fundación del Centro de Documentación de Política Catalana, a la que la Generalitat y la Diputación de Barcelona nutrían con fondos públicos. A pesar de que Sellarès podía administrar y contratar por un importe máximo de 90.000 euros, entre 2008 y 2010 autorizó préstamos al Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña, que preside, por valor de la cantidad que ahora le solicita el Tribunal de Cuentas a reclamación de la Generalitat tras comprobar que, pasados los años, el dinero nunca ha sido devuelto.

El alcalde disfrutón

Sueldo B para el alcalde Javier Eguren (PSOE), su esposa y un empleado de confianza; 8.800 euros en material informático del que nunca se supo, 54.000 euros en gasolina; 1.000 en disfraces; 17.178 en telefonía móvil en tres años, 751.000 en festejos entre 2008 y 2011; 100.000 euros a una empresa de electricidad, cuando el alumbrado público corría a cuenta del Ayuntamiento de Castro Urdiales. Todo sin facturas y sin justificar. El exalcalde de la pedanía de Sámano, en Cantabria, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por malversación continuada en una localidad de 2.800 habitantes, a pesar de no tener que pagar más servicios que sus fiestas patronales porque el resto lo pagaba Castro Urdiales. Los vecinos le denunciaron y ahora el Tribunal de Cuentas le obliga a devolver 212.237 euros a las arcas públicas de la pedanía.

Las otras tarjetas black

Un juzgado de Vitoria sobreseyó en 2012 una causa contra el exregidor presidente del Consejo de Aretxabaleta Miguel Acedo, pero el Tribunal de Cuentas le ha condenado a devolver casi 400.000 euros por el dinero que gastó sin justificación del presupuesto de una localidad de 288 vecinos que solo paga sus fiestas y otras actividades culturales y en la que se descubrió un agujero de más de 700.000 euros. El Tribunal de Cuentas ha visto un “irregular manejo de la cuenta corriente” del concejo entre 2004 y 2013, cuando el exalcalde sacó más de 176.000 euros con dos tarjetas de crédito del concejo y retiró otros 301.000 en oficina bancaria.

Mal cambio de divisas

El tribunal deja clara su única función de restituir el dinero malgastado al rechazar la petición de la Abogacía del Estado de una indemnización por perjuicio contra el canciller del Consulado General de España en Bogotá, que antes siquiera de la sentencia reintegró 26.000 euros al Ministerio de Asuntos Exteriores por un daño a los caudales públicos que consistió en la aplicación, con su consentimiento, de un cambio de valor superior al del mercado en ocho operaciones de compra de pesos colombianos.

Roto en el museo balenciaga

El proyecto de homenajear al diseñador Cristóbal Balenciaga con la construcción de un museo en su ciudad natal, Guetaria, dio lugar a un enorme agujero de 655.000 euros que el Tribunal de Cuentas ha obligado a devolver a su responsable, el exalcalde Mariano Camus, del PNV. En paralelo a la causa que se sigue en un juzgado ordinario y a pesar de que en las elecciones de 2011, tras saltar el escándalo, Camus solo perdió 17 votos en la localidad, el Tribunal de Cuentas le hará devolver el dinero desviado a través de una empresa con sede en Miami de la que era propietaria su pareja y a la que entre 2006 y 2007 facturó cantidades por valor de 150.000, 129.000, 15.000, 200.000 y 53.000 euros no suficientemente justificadas.

Nostálgico del gilismo

Antonio Calleja fue colaborador del exalcalde de Marbella Jesús Gil y el responsable último de la “malversación de fondos públicos” que denunció el ayuntamiento de la localidad ante el Tribunal de Cuentas por su gestión en la sociedad municipal Gerencia de Compras y Contratación de Marbella, que en 2009 presentó concurso de acreedores por no poder hacer frente a las condenas por “actuaciones ilícitas de malversación”, según su memoria de 2015. Junto a los herederos del consejero delegado del organismo desde 2010, Calleja ha sido condenado a pagar al Ayuntamiento de Marbella más de 1,2 millones de euros por la dinámica que a lo largo del tiempo se repitió en la contratación de distintas obras públicas para la ciudad: acordar unos honorarios con los arquitectos por la realización de estudios, planos, bocetos y diseños de los que nunca se supo nada.

El alcalde y su esposa

El alcalde de Alhama de Aragón (Huesca), Joaquín Alberto Antón Duce (CHA), llevaba años contratando a su esposa como educadora de adultos de la localidad y no quiso cambiar la costumbre debido a las normas para recibir las subvenciones de la Diputación de Zaragoza. El Tribunal de Cuentas le reclama ahora que devuelva 3.459 euros por un perjuicio en los caudales públicos por “prevaricación” cometida en la contratación de su esposa sin seguir el concurso de méritos que exigía la convocatoria.

Obras pagadas y olvidadas

El exalcalde de Cangas de Narcea (Asturias) entre 2007 y 2011, José Manuel Cuervo Fernández (IU), tendrá que devolver 12.864 euros como responsable de las irregularidades que distintos técnicos municipales detectaron en la realización de unas obras en la localidad para las que en 201o la corporación municipal aprobó un presupuesto de 60.000 euros que procedía del Plan E a través del Fondo de Cooperación Municipal del Principado de Asturias. Un año después cambió el Gobierno y la nueva corporación, “ante las dudas que suscitaba la correcta ejecución del contrato y a fin de comprobar si los pagos realizados correspondían con el cumplimiento de las obligaciones contractuales”, encargó a tres técnicos municipales distintos –el delineante, la ingeniera y el interventor– sendos informes sobre posibles desfases entre las obras pagadas y las ejecutadas. Sus conclusiones coincidieron en que había irregularidades y deficiencias, aunque por importes dispares, que según los casos, ascendían a 31.106 euros, 17.953 y 17.440 euros. Aún hubo una cifra más, 2.500 euros, que prestó la ingeniera de caminos señalada por el juzgado de instrucción de Cangas de Narcea, ante el que el ayuntamiento también denunció al alcalde. En todo caso, el Tribunal de Cuentas indica que en 2010, “el órgano de contratación y ordenador del gasto era el alcalde”, por lo que es a quien exige el pago de la cantidad que más perjuicio causó a las arcas públicas.

Sueldos prohibidos

Durante unos años, los empleados de la empresa que gestionaba el transporte urbano de Reus y actividades deportivas y culturales a través del subvenciones del ayuntamiento fueron unos privilegiados en comparación con los empleados públicos del resto de España. El gerente de esas empresas era Josep Prat Domenech, que en 2011 decidió hacer oídos sordos a la orden que llegaba del Ministerio de Hacienda para bajar el sueldo de los funcionarios y, al contrario, autorizó subidas en las empresas de las que era gerente. En tres sentencias parecidas, el Tribunal de Cuentas le requiere la devolución de 2.724 euros, 36.000 y más de 70.000 por incrementar los sueldos de sus trabajadores “por encima de la ley” con dinero que salía del presupuesto municipal.

Sobrecostes en la sede

A pesar del paso de los años y de que el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) ha cambiado incluso de nombre por el Instituto Nacional de la Ciberseguridad, el Tribunal de Cuentas ha condenado a quien fuera su apoderado en 2007 y a los arquitectos que diseñaron el proyecto para la construcción de la sede de Inteco en León al pago de 41.990 euros por la existencia de tramos de la obra que fueron diseñados y presupuestados pero no ejecutados. El motivo, según se lee en la sentencia, era evitar desviaciones presupuestarias relacionadas con las cantidades previstas inicialmente, añadidos de nuevos elementos durante el tiempo que duraron las obras y las penalizaciones que hubo que pagar a la constructora Dragados para acelerar el cumplimiento de los plazos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas considera que hubo mal uso de dinero público y urge a su reposición.

Descuadre millonario

Ni una enfermedad que le impide defenderse parece que salvará a una funcionaria del ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) del pago de 1.870.669 euros, según la sentencia del Tribunal de Cuentas sobre una demanda que presentó el propio consistorio en 2012 tras comprobar en una auditoría interna movimientos en las cuentas municipales que no se sostenían con documentación alguna. Mientras que el juzgado de instrucción de primera instancia de Dos Hermanas investiga también los hechos, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha publicado el fallo que obliga al pago millonario por el descuadre de las cuentas, del que se responsabiliza a una funcionaria que lleva en el cargo desde 1982. Precisamente, pocos meses después de llegar en aquel año, la corporación aprobó darle una “gratificación” por la “responsabilidad manifiesta” que tenía sobre sus hombros como responsable de la tesorería del ayuntamiento.

Transferencias sin control

El presupuesto del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba fue el perjudicado por las transferencias sin justificación que entre 2001 y 2006 estuvo haciendo su entonces gerente-tesorero, Antonio Navarrete, a sus propias cuentas corrientes. Ahora, el Tribunal de Cuentas le obliga al pago de 479.857 euros para resarcir a las arcas públicas por el dinero detraído a lo largo de los años a través de una serie de transferencias bancarias a su cuenta de Cajasur que no tenían justificación alguna. La investigación contable encontró 31 transferencias por más de 100.000 euros en concepto de anticipos que no se devolvieron; el cobro de gratificaciones por valor de más de 127.000 euros entre 2001 y 2006 por horas extra que nunca fueron justificadas; otras transferencias a su cuenta de más de 76.000 euros que se supone deberían haberse destinado a labores de limpieza; otros 287.466 euros transferidos a sus cuentas como un espejo que, según la intervención del consorcio, haría que por cada factura girada al pago de un servicio real, el tesorero ingresaba en su cuenta la misma cantidad, esta vez sin justificación, y otras transferencias sin justificar por valor de mas de 23.000 euros.

Después de la dependencia

En su función de resarcir a los caudales públicos de cualquier acto erróneo, por pequeño que sea el montante, el Tribunal de Cuentas también ha condenado a tres personas, herederas de otras tres que en su momento precisaron de ayudas a la dependencia, a devolver 522 euros, 271 y 1.560 euros al Gobierno de Navarra que las concedió por pagos incorrectos. La Junta de Andalucía también acudió con una reclamación similar al Tribunal de Cuentas, que ha conminado a otra persona heredera a devolver otros 1.560 euros de ayuda a la dependencia.