Derogar leyes sin tener Gobierno

La ausencia de una mayoría de investidura en el Congreso de los Diputados y la larga negociación pendiente para poder nombrar presidente no van a detener, sin embargo, la actividad parlamentaria durante más tiempo. Especialmente en lo que se refiere a dinamitar muchas de las normas que aprobó el PP en su última legislatura, al amparo de una mayoría absoluta casi sin precedentes. La Mesa del Congreso ha acordado con el voto en contra de los tres representantes populares empezar a tramitar nueve proposiciones de ley (ocho del PSOE y una de Podemos). Varias de ellas pueden contar con una mayoría de los votos del Congreso, suficiente no solo para aprobar la norma en la Cámara Baja, sino para superar sin problemas el veto del Senado, con mayoría del PP. En realidad, la aritmética parlamentaria que dejaron las elecciones del pasado 20-D funciona mucho mejor a la contra que a favor. Podemos y el PSOE están de acuerdo en enterrar varias de las medidas más polémicas del PP, que contaron con una fuerte contestación política y social. Las más significativas son la derogación de la última reforma laboral y de la Ley de Seguridad Ciudadano (más conocida como ley mordaza) y la suspensión de la última ley de educación hasta que exista una normativa que la sustituya. La dos últimas contarían también con el apoyo de varios de los demás grupos de la Cámara. El caso más claro, de hecho, es la reforma educativa que aprobó el PP completamente en solitario y que todos los demás grupos acordaron derogar en cuanto el Partido Popular perdiera su mayoría absoluta.

Pero hay más. Entre la mayoría de los grupos de la Cámara hay consenso también en eliminar lo antes posible el voto rogado para ciudadanos españoles en el exterior o reformar el régimen de Radio Televisión Española para recuperar la independencia informativa. También es probable que se pongan de acuerdo con Podemos y el PSOE más grupos en medidas para luchar contra la pobreza energética o en la universalización de la sanidad pública.

Existen además multitud de medidas de regeneración que podrían empezar a andar muy pronto ya que cuentan con bastante acuerdo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Entre ellas están la retirada de aforamientos, la financiación de los partidos o el funcionamiento interno democrático de las formaciones políticas a través de primarias.

Interpretaciones técnicas. ¿Cuál es entonces el principal obstáculo para que estas medidas entren en vigor? Fundamentalmente es técnico. Una vez calificadas por la Mesa del Congreso, el Gobierno tiene 30 días para pronunciarse sobre las proposiciones de ley. Hay expertos que creen que el Gobierno en funciones no puede informar sobre ellas y que el proceso puede quedar bloqueado. El entorno del presidente del Congreso, Patxi López, sin embargo, asegura que la intención del máximo órgano de la Cámara es que la actividad legislativa sea normal. Es decir, una vez transcurrido el plazo, las iniciativas seguirían su curso parlamentario. En todo caso, los plazos juegan también en contra de las reformas propuestas. Si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura y es necesario convocar elecciones, cualquier iniciativa que no haya sido aprobada decaerá. A eso se puede aferrar el PP para bloquear las nuevas normas. Aunque una mayoría absoluta del Congreso puede superar el veto del Senado, la Cámara Alta, con mayoría popular, tiene capacidad para alargar los plazos. Solo si la situación de bloqueo institucional se alargara durante varios meses podría dar tiempo a completar el proceso legislativo y derogar las normas de la anterior legislatura. Si, por el contrario, Pedro Sánchez en primera instancia o cualquier otro candidato después consigue ser investido, parece claro que muchas de esas normas, su derogación, reforma o permanencia, entrarían dentro del acuerdo que se firmase. Es posible incluso que no se tramitaran como proposiciones de ley, sino ya una vez formado el Gobierno como proyectos de ley o decretos ley, es decir, emitidos desde La Moncloa para poder acelerar los plazos de aplicación.

Control del Gobierno. Sí existe consenso dentro de la Mesa en que no tienen sentido las sesiones de control al Gobierno tal y como estamos acostumbrados. La limitación de funciones hasta que se elija nuevo presidente hace inviables las preguntas a los distintos ministerios. Ese control se ejercerá a cambio a través de las comisiones, que pueden empezar a citar a los cargos que consideren oportuno para dar las explicaciones convenientes sobre el funcionamiento del Gobierno.

La situación es, como tantas en las últimas semanas, inédita. Mientras todos los ojos miran a los líderes de los principales partidos mientras negocian un presidente, las leyes, lo que realmente afecta a la vida de los españoles, podrían empezar a cambiar lejos de los focos. La falta de un Ejecutivo ha permitido después de varios años de mayorías absolutas que el Parlamento recupere su función. Y sus diputados, aún a la espera de los pactos, no parecen dispuestos a desaprovecharlo.