Del Cupo al cuponazo o cuando el más sensato es Montoro

01 / 12 / 2017 Agustín Valladolid
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El debate sobre el Cupo es legítimo, pero conviene no abordar un problema sin antes garantizar que no se provoca otro mayor.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso. Foto: Zipi/EFE

Cataluña lo pudo tener y no lo quiso. Fue Jordi Pujol quien, en 1980, se negó en redondo a que Cataluña asumiera el modelo vasco de financiación, que por aquel entonces negociaban el ministro de Hacienda de la UCD, Jaime García Añoveros, y el conseller de Economía de Convergència, Ramón Trias Fargas. Pujol no quería de ninguna manera que la Generalitat contrajera en solitario la ingrata tarea de recaudar impuestos, y que Madrid dejara de ser, al menos en ese terreno, el malo de la película. Y es que, toda la vida de Dios, eso de quitarle al ciudadano parte de su estipendio ha estado muy mal visto y ha restado votos a quien lo hace. Así que Pujol decidió que era mucho más rentable el victimismo que echarse sobre sus espaldas toda la responsabilidad fiscal de Cataluña.

No ocurrió lo mismo con los dirigentes nacionalistas de Euskadi que, después de que la Constitución de 1978 reconociera los derechos históricos forales, se aplicaron en su desarrollo a través de lo que se conoce como el Cupo, o la cantidad que los vascos pagan al Estado por los servicios que este presta en aquella comunidad. Desde entonces, cada vez que hay que renovar el Cupo se producían las discusiones de rigor sobre la cantidad, sin que el acuerdo, fruto de la obligada negociación, fuera cien por cien compartido por las partes. Pero había acuerdo sin que se pasara a mayores, y el sistema ha funcionado, aportando una estabilidad muy necesaria en un territorio azotado por un terrorismo que lo distorsionaba todo, empezando por la convivencia y acabando por las dificultades que la violencia añadía a la racional planificación de las inversiones y la utilización adecuada de los recursos disponibles.

Ahora, por primera vez desde la recuperación de la democracia y la aprobación de la Constitución, la actualización de las leyes del Concierto y el Cupo ha provocado un descarnado enfrentamiento en el Parlamento entre grupos políticos que, en otras materias, han demostrado meritorias aptitudes para el pacto y el consenso. Así, hemos asistido a la aprobación transversal del Cupo por parte de PP, PSOE y PNV, mientras por boca de los dirigentes de Ciudadanos y Compromís escuchábamos críticas de una infrecuente violencia verbal: “cuponazo”, “amaño político”, “fraude a la Constitución española”... Albert Rivera, sabedor de lo sensible del asunto, de lo fácil que es ganar adeptos con mensajes contundentes y sin matices en cuestión de financiación autonómica, se ha ocupado de echar sal en la herida. Cristóbal Montoro ha acusado al líder de Ciudadanos de demagogia. Y puede que, esta vez, no le falte un punto de razón.

Oportunismo

El melodrama catalán lo pervierte y contamina todo. Pero también abre oportunidades electorales. Entre la superioridad moral del nacionalismo supremacista y el derecho a la desigualdad, a la redistribución a la inversa que predica la izquierda radical en los territorios históricos, los españoles buscan contrapesos confiables en los que depositar su hartazgo. Y es ahí donde el partido de Rivera vislumbra una nueva oportunidad, sin que aparentemente le preocupe demasiado ni el fondo del asunto, ni el riesgo de provocar un nuevo incendio. Las elecciones catalanas del 21-D son la prioridad. Pero no debieran justificarlo todo. Si Ciudadanos cree que el Cupo es un sistema injusto y supone un “privilegio” del País Vasco sobre las demás comunidades autónomas, está en su derecho de denunciarlo; pero también en la obligación de demostrarlo. En todo caso, debe hacerlo con cautela, sin atajos ni aprovechamientos incompatibles con el sentido de Estado que suele guiar su conducta. El nacionalismo catalán y el vasco, lo estamos comprobando, no son intercambiables. Y el Concierto, no lo olvidemos, ha obrado como un eficiente desacelerador del secesionismo. Ha tenido, además, la virtualidad de ahondar la interrelación entre Euskadi y el resto de España, no siendo del todo exactas afirmaciones escuchadas en estos días y que hablan con excesiva ligereza de insolidaridad. Las comunidades de régimen común han recibido del Estado, desde 2012 hasta la actualidad, préstamos por valor de 216.380 millones de euros, a un bajo o nulo tipo de interés. A Euskadi se le devuelve ahora, en el transcurso de cinco años, 1.400 millones, un 0,6% de lo percibido por el resto, para ajustar las cuentas del Cupo. Podríamos seguir, pero no se trata solo de números.

Si el Concierto y el Cupo son derechos históricos o anomalías, será la Unión Europea quien lo determine en su momento. Mejor nos irá si reconducimos el debate por la vía de la serenidad y nos aseguramos de que para solucionar un problema no provocamos otro mayor.

Sindicatos

Relevos fallidos

Transcurrido más de un año y medio desde que Pepe Álvarez sustituyera a Cándido Méndez (UGT), y apenas seis meses después del relevo de Ignacio Fernández Toxo por Unai Sordo al frente de CCOO, la opinión unánime de Gobierno, empresarios y cualificados representantes de sectores sociales y sindicales es que la operación recambio ha fracasado. Como ejemplo, se cita el peso casi nulo de ambos dirigentes en los recientes conflictos vividos en Cataluña. 

APOYO-F

Pepe Álvarez (izquierda) y Unai Sordo

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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