Cuando la Justicia no hace política, para aflicción de algunos
10 / 11 / 2017 Agustín Valladolid
A la vista del estropicio, las momentáneas consecuencias jurídicas del golpe independentista son de un benévolo casi extravagante.
Protesta en Bruselas de los alcaldes independentistas catalanes el pasado día 7. Foto: G. Vanden Wijngaert/AP
No les gusta la cárcel. A nadie le gusta la cárcel, salvo al carcelero. Y no siempre. Hasta ahí, todo normal. Lo que ya no es tan común es que haya quienes contravienen a conciencia el entero Código Penal y luego protestan cuando un juez les manda al talego. Dicen que son presos políticos, pero aquí el orden de los factores sí altera el producto. Son políticos presos, se les ha dicho de todas las maneras posibles, y tan presuntamente culpables como los que han pasado por Alcalá Meco o la prisión cinco estrellas de Estremera por aceptar sobornos o haber birlado a las arcas públicas unos cientos de miles de euros. Incluso puede que acaben siendo aún más culpables que estos, porque el maldito procés nos va a costar un congo a los españoles todos. Hasta 27.000 millones de euros, de continuar así, con la crisis catalana repercutiendo como un martillo pilón en la campana protectora de la economía. La cifra aparecía hace unos días en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España (IEF). Así que pocas bromas. Una debacle que acabará afectando a la calidad de vida de todos los españoles, y en especial a la de los catalanes.
Ciertamente, el que una juez, en su libérrima interpretación de las leyes, y desde el blindaje constitucional de su independencia, ordenara prisión preventiva contra los miembros, no huidos, del último Govern, pudo parecer una medida excesiva, y políticamente inoportuna, a ojos de no pocos ciudadanos. Cierto también, como ha argumentado el consultor institucional Jiménez Asensio, que “la función existencial de los tribunales es pacificar, a través del Derecho, los conflictos y controversias, no echar más leña al fuego”. Y cierto, por último, que la discordancia entre la decisión de la juez Lamela y el criterio, en apariencia más magnánimo, aplicado por el Tribunal Supremo en el caso de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, recomendaría una rápida armonización de la jurisprudencia aplicable. Pero lo que no puede achacarse a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, como ha hecho el nacionalismo, es haber actuado con torticera motivación política. Tampoco parece en este caso muy serio, a tenor de la gravedad de los hechos, que ciertos juristas hayan acusado a la juez de dictar un auto de prisión de “dudosa sustentación penal”.
