Condenados a pactar
23 / 06 / 2016 Antonio Rodríguez
Las elecciones del 26-J dejarán un escenario similar en el que unas terceras elecciones no son una quimera. El país, sin embargo, tiene una serie de urgencias que abonan la necesidad de consensos.
Los españoles vuelven a las urnas este 26-J con la incertidumbre de qué pasará tras el escrutinio, aunque existen varios condicionantes. El primero de ellos es que todo acuerdo de investidura necesitará del consenso de al menos dos partidos, pero tanto Mariano Rajoy (PP) como Pablo Iglesias (Unidos Podemos) no concitan a día de hoy más apoyos que el de sus propios correligionarios. En el caso del presidente del Gobierno en funciones, una victoria del PP por encima de los 123 diputados del 20-D le serviría para defender su candidatura a repetir en La Moncloa ante una previsible negociación con Ciudadanos, pero ni ese dato numérico es suficiente para él. Albert Rivera ha insistido en la campaña en que su formación no pactará con el PP mientras Rajoy no se eche a un lado, dando a entender que otra figura popular sí que podría ser aceptada tanto con mayoría absoluta entre ambos como conviviendo en minoría.
Fuentes socialistas reconocen a TIEMPO que la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo en funciones tire la toalla en algún momento de la negociación con Ciudadanos, obligaría al PSOE a plantearse la abstención como mal menor y en aras de la gobernabilidad del país. Esta arriesgada decisión, que posiblemente tendría que adoptar una dirección socialista diferente a la que ahora preside Pedro Sánchez, implicaría que el PSOE se colocase en la oposición a renglón seguido ante el riesgo de que Podemos y sus confluencias quedasen como única alternativa progresista en el Congreso de los Diputados.
Esta hipotética gran coalición, al menos para la investidura y unos pocos pactos de Estado, cuenta con las mismas dificultades que el escenario más temido por Ferraz: que el PSOE quede en tercer lugar y desde Podemos se le inste a negociar un pacto de izquierdas con Iglesias de presidente.
Por ello, las citadas fuentes socialistas vaticinan una rápida negociación entre partidos desde la misma noche electoral, con el fin de poner las cartas sobre el tablero. De triunfar alguna de las distintas opciones, el próximo Gobierno se encontraría con varias urgencias que abordar de inmediato:
Negociar con Bruselas los objetivos de déficit
La Comisión Europea aplazó en mayo la decisión sobre las sanciones a España por incumplimiento del déficit para no influir en la campaña electoral del 26-J,
pero Bruselas ya advirtió que Madrid necesita hacer un ajuste fiscal de más de 8.000 millones entre 2016 y 2017 para cumplir con el objetivo del 3% y hacer frente a una posible multa de hasta 2.000 millones de euros (el 0,2% del PIB) por las sucesivas tarjetas amarillas que ha sacado a Rajoy estos últimos años. La pasada legislatura concluyó con el déficit por encima del 5%, cerca de 10.000 millones más de las previsiones de Moncloa, y la deuda pública por primera vez superando el 100% del PIB. El Gobierno que salga del 26-J deberá negociar con Bruselas que el ajuste tenga un plazo más llevadero para las arcas españolas.
Pacto por el empleo
En este punto, las divergencias entre los partidos son notables. El PSOE quiere modificar a fondo la reforma laboral del PP, mientras que Unidos Podemos defiende la derogación a cambio de aceptar –en último término– la anterior reforma de José Luis Rodríguez Zapatero de 2010. Ciudadanos, por su parte, incluye entre sus primeras diez medidas para los primeros 100 días el garantizar los contratos indefinidos sin fecha de caducidad y que los autónomos no paguen cuota por debajo del salario mínimo. El PP fía su estrategia en la perspectiva de que España sea el país de la Eurozona que más empleo cree este año y en el objetivo de crear 500.000 puestos de trabajos al año durante la próxima legislatura.
Convocar el pacto de Toledo
La hucha de las pensiones se ha quedado a la mitad en cuatro años. En el año récord del empleo el Gobierno volvió a echar mano de la hucha de las pensiones y rescató 13.250 millones de euros para abonar las dos pagas extra de los pensionistas. Según el último informe presentado por la titular de Empleo, Fátima Báñez, el saldo disponible en el Fondo de Reserva a finales de 2015 era de 32.481 millones. Esta cifra es menos de la mitad de la herencia recibida, ya que en diciembre de 2011 el Fondo alcanzaba los 66.815 millones. El Ejecutivo de Rajoy cambió la ley para realizar extracciones más amplias y sigue cargando a la Seguridad Social costes polémicos como las bonificaciones a la contratación o el pago de prestaciones no contributivas como las de viudedad u orfandad.
El encaje territorial de Cataluña
Los nacionalistas catalanes se quejan desde hace unos años de la falta de diálogo con el Gobierno central del PP y de la escasez de inversiones, a lo que Madrid responde con la necesaria solidaridad entre regiones a la hora de justificar la distribución de recursos. El Ejecutivo que salga de estas elecciones tendrá que gestionar el contencioso catalán, aunque los tres principales partidos constitucionalistas –PP, PSOE y Ciudadanos– coinciden en rechazar la aspiración independentista y la eventualidad de un referéndum de autodeterminación. Podemos, por su parte, insiste en el derecho a decidir, si bien prefiere que Cataluña no se desgaje de España. La inestabilidad política –con una moción de confianza de Carles Puigdemont a la vuelta de las vacaciones– está provocando que la Generalitat tenga problemas para financiar su elevada deuda. Ello conlleva una fuga de empresas, caso de NH Europa, el negocio de lease de ING o Interaguas, la filial de Agbar. Todas ellas se han deslocalizado para instalar sus respectivas sedes en Madrid. En este sentido, desde 2012, año en el que la Generalitat inició su senda independentista, hasta mediados de 2015 3.121 empresas abandonaron Cataluña. Por el contrario, se instalaron en esta región más de 2.000 empresas, por lo que el saldo negativo supera el millar.
Reforma de la Constitución
El PSOE ha sido el más activo en este apartado y defiende en su programa una definición clara del reparto de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, una reforma del Senado y el “blindaje” de los derechos sociales. Durante la negociación con Ciudadanos y Podemos en febrero propuso una reforma constitucional que afectaba a una veintena de artículos en ocho grandes bloques y que exigía, a su conclusión, la disolución de las Cortes y un referéndum. Este documento podría servir de punto de partida.
La primera medida se refería al reconocimiento de nuevos derechos civiles y políticos, para actualizar este capítulo de la Constitución. Podemos llevaba también este punto en su programa. El segundo bloque era el de “reconocimiento como derechos fundamentales de derechos sociales e incorporación de garantías sobre la dotación presupuestaria de los mismos”. Se trataría de elevar de rango o precisar derechos como la educación o la sanidad para impedir recortes presupuestarios en esos conceptos. También Podemos lo defiende en su programa.
El tercero consistía en la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona, algo aceptado por todos, y luego venía la “revisión” de las bases del sistema electoral. La Constitución establece un sistema electoral muy concreto, de tal forma que para cambiarlo –como quieren Podemos o Ciudadanos en sentido distinto– es preciso esa reforma constitucional. Por ejemplo, para que la provincia deje de ser la circunscripción electoral, como piden los partidos emergentes o para cambiar la distribución territorial de escaños sería necesaria esa reforma constitucional. Eso sí, el PP lo podría bloquear.
El quinto bloque era la reforma del Senado, que proponen todos los partidos y que es un clásico en todos los programas. Incluso el del PP se remite a las conclusiones de una ponencia del Senado que pedía una reforma constitucional. El sexto consistía en la revisión de los aforamientos. La Constitución establece que los diputados y senadores y los miembros del Gobierno solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo y para los parlamentarios, además, es necesaria la autorización de las Cámaras. Esta petición ha sido realizada reiteradamente por Ciudadanos y Podemos.
La séptima reforma era la “incorporación del hecho de la Unión Europea”, pues la elaboración de la Carta Magna es previa a la entrada en la UE y, por tanto, no hay ninguna referencia a ella. El PP también la admite. El último y más problemático de los bloques del PSOE era la “revisión del título VIII” y el desarrollo del concepto de la España federal.
Ciudadanos, por su parte, pide clarificar en la Constitución la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas y establecer “una cartera básica de servicios públicos respaldados por la financiación del Estado”. Mientras, Podemos insiste en “revertir” la reforma del artículo 135 de la Constitución que el PP y el PSOE pactaron en verano de 2011 para calmar a los mercados internacionales.
