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Cerca de 20.000 confesiones para un país

30 / 07 / 2015 Luis Calvo
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Basta el aval de veinte adultos y un pequeño trámite para poder registrar una religión en España.

El Ministerio de Justicia, del que es titular Rafael Catalá, se limita a otorgar personalidad jurídica a los demandantes.

España sigue siendo, pese a la libertad de culto que en 1978 avaló la Constitución, la católica España. Unos 35 millones de habitantes (en torno al 75% del total) está bautizado y, aunque pocos sean practicantes, especialmente entre los jóvenes, cerca del 70% se autodenomina como católico en las encuestas del CIS. Muy por debajo en número de fieles están otras que, pese a todo, cuentan sus acólitos por miles. Cerca de dos millones de musulmanes, 1,5 millones de evangélicos y alrededor de 45.000 judíos viven en España. Son las minoritarias más grandes. Hay, sin embargo, muchas más confesiones.

Durante el mes de julio, el Gobierno ha reformado el Registro de Entidades Religiosas para aclarar los criterios que una religión (o entidad religiosa dentro de una creencia) debe seguir. Son puramente objetivos. Basta con que 20 adultos residentes en España lo avalen y se identifiquen el nombre, domicilio social, una descripción de sus fines, su régimen de funcionamiento y órganos representativos así como los representantes legales y los lugares de culto. No es necesario nada más. El Ministerio de Justicia se limita a otorgar personalidad jurídica a los demandantes. Es así por la jurisprudencia del Constitucional. El Alto Tribunal falló en 2001 que “la categoría de religión no puede depender de una concesión graciosa de los poderes públicos”. La sentencia convirtió automáticamente a la Iglesia de la Unificación, una religión fundada en 1954 por el coreano Sun Myung Moon sobre su propia persona como supuesto mesías sucesor de Cristo, en oficial.

Un registro variopinto. Pese a todo, desde entonces no han faltado polémicas. En 2007, la Iglesia de la Cienciología dejó de ser una secta en España y se convirtió en religión tras años de pleitos con la Administración. De nuevo, la Justicia ratificó que “la categoría de religión no puede depender de una concesión graciosa de los poderes públicos”. Hasta el punto de que muchos otros han seguido el camino abierto. En el Registro de Entidades Religiosas hay en la actualidad 17.566 entre confesiones y comunidades religiosas, pero también incluye órdenes, congregaciones, asociaciones, federaciones o fundaciones de ámbito religioso. La enorme mayoría están relacionadas con el catolicismo, pero hay también pequeñas confesiones sin apenas fieles. En ellas conviven las benedictinas con varias congregaciones relacionadas con el Palmar de Troya, los Baha Is, Vaishnava, adoradores de Odín o druidas, entre otros. Algo más de medio centenar son religiones minoritarias.

En todo caso, aunque sobre el papel parece fácil, ha habido casos en que los recurrentes han topado con una negativa rotunda de la Administración. Fundamentalmente por sospechas de que no existe un fin religioso. Le ocurrió a la Iglesia Satírica del Monstruo del Espaguetti Volador, creada exclusivamente para llevar al absurdo las concesiones de la Administración a otras religiones y que fuera de España ha conseguido incluso que permitan a sus fieles sacarse fotos oficiales con coladores en la cabeza. También a la Iglesia de Chuck Norris, que por el momento tendrá que esperar para subir al actor a los altares españoles.

Notorio arraigo. No todas son tan minoritarias. En España, además de la católica y las tres grandes que tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado, (islam, evangelistas y judíos), hay otras cuatro que han obtenido el reconocimiento de “notorio arraigo”: los testigos de Jehová, la Iglesia ortodoxa, los budistas y la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Las condiciones acaban de aclararse. Es necesario llevar 30 años inscrito en el registro (15 si está presente en otros países desde hace 60), estar presente en al menos 10 comunidades autónomas, tener una estructura estable, contar un centenar de entidades adscritas en el registro y probar que ha participado activamente en la sociedad española. 

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