Cataluña secuestrada por la CUP

14 / 09 / 2017 Antonio Fernández
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El partido que tiene menos diputados en el Parlament ha impuesto su agenda independentista al presidente Puigdemont.

Asamblearios. La Asamblea Nacional que la CUP celebró el 28 de diciembre de 2015 para decidir la suerte de Artur Mas. Foto: Joan Cortadellas

Nuestro objetivo es la independencia y hemos de continuar avanzando en cualquier circunstancia”. La afirmación, reiteradamente repetida por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y por su vicepresidente, el republicano Oriol Junqueras, no es, sin embargo, una frase del Gobierno autonómico: es la consigna que Poble Lliure da a sus militantes en un documento que el Consejo Nacional de este pequeño partido aprobó el 5 de septiembre. Poble Lliure es una de las formaciones que componen la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y en el documento alerta también de que “hemos de estar dispuestos a mantenernos en un estado de movilización que ha de tener las características siguientes: general, permanente y siempre bajo nuestro control. Hemos de comenzar, en fecha 6 de septiembre, desde ahora mismo, con la máxima movilización (…). A partir de esta fecha, hemos de ser conscientes de que ya no podremos parar”.

De ahí que la huida hacia delante que caracteriza la actuación del Gobierno catalán es la marca distintiva de la CUP. “Nuestra estrategia es romper el statu quo y conseguir la independencia de Cataluña”, resume un alto dirigente de esta formación su ideario a Tiempo. Y saca pecho porque “desde hace casi dos años, el programa electoral de la CUP es el único que se está cumpliendo en Cataluña. De hecho, la lógica del proceso la puso la CUP a pesar de ser una formación antisistema. Los que dan bandazos son los otros”.

No va muy desencaminada esa apreciación, aunque el alto dirigente matiza que “la CUP no manda en Cataluña. Sencillamente, cuando un Gobierno necesita un puñado de votos, ha de poner encima de la mesa algunas contraprestaciones y es lo que ha hecho el Govern”. La oposición política, en cambio, ha denunciado reiteradamente que el Gobierno catalán está secuestrado por los radicales anticapitalistas. Y desde las propias filas del PDeCAT, la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se ha llegado a decir que Puigdemont “es el president de la CUP, porque les hace más caso a ellos que a su partido”.

Pero, ¿qué es y cómo funciona la organización que tiene en sus manos al Gobierno de Cataluña? Oficialmente, la CUP es una amalgama de siete organizaciones. En su interior hay desde independentistas puros hasta exmilitantes de Terra Lliure, internacionalistas, comunistas, anarquistas, anticapitalistas y antisistema. En todas las grandes revueltas sociales de Barcelona siempre ha aparecido la mano de la CUP por detrás. Así, mantiene excelentes relaciones con grupos anarquistas europeos –recientemente facilitó la llegada masiva de italianos y alemanes para preparar movilizaciones ante el referéndum del 1 de octubre– y con la izquierda aberzale de EH Bildu o con los radicales de partidos como Izquierda Castellana (Izca), el Bloque Nacionalista Galego (BNG), el Bloc Nacionalista Valencià (BNV), Chunta Aragonesista (CHA), Andecha Astur, Més per Mallorca o Puyalón de Cuchas.

Pero dentro de la CUP destacan dos partidos principales: el núcleo duro, articulado alrededor de Endavant; y el oficialista, plasmado en Poble Lliure. De hecho, “Poble Lliure es la facción que apuesta por el frente nacional, mientras que Endavant es la facción que apuesta por el frente popular”, especifica un cualificado militante de la formación. Y otro destaca que Poble Lliure –del que es exponente el diputado Albert Botran– “tiene una estrategia más procesista, con la prioridad de llevar adelante el procés incluso realizando concesiones a la derecha, y Endavant sigue una línea más revolucionaria, marcando líneas sociales”. 

Una tribu sin familias

Otra fuente, en cambio, asegura que “la línea estratégica está unificada: se trata de llevar el procés hasta sus últimas consecuencias. Lo que nos diferencia de los demás partidos es que en ellos hay familias, pero nosotros no tenemos clanes, solo líneas estratégicas. Y nadie ha ido con puñaladas. Nos decimos las cosas a la cara. En las decisiones que hemos tomado no ha habido pactos formales entre los diferentes partidos que componen la CUP. Y en los grupos de trabajo no se reparten cuotas de poder, sino que hay gente de todas las tendencias”.

Su idiosincrasia lleva a la CUP a establecer diferencias hasta en los más mínimos detalles y a colectivizar la acción parlamentaria. Fue la diputada Anna Gabriel –destacada exponente del sector duro, junto con el también diputado Benet Salellas– la que dijo públicamente que su formación era partidaria de que la educación de los hijos no debía depender de los padres, sino “de la tribu”. Y entre la militancia no se recatan a la hora de admitir que los personalismos son nocivos y que destacar demasiado puede llevar a la guillotina política. Además, su lenguaje y presencia es militante 100%: en sus comparecencias parlamentarias, los diputados suelen lucir camisetas con proclamas de protesta y en su lenguaje han subvertido el género masculino por el femenino, para oponerse al “lenguaje machista y sexista que nos ha inculcado el sistema”.

A pesar de estas características casi folclóricas, desde las filas cuperas se asegura que “lo que proponemos no es de locos. Tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015, ya dijimos que con aquel resultado no habíamos ganado el plebiscito [los independentistas consideraban esas elecciones autonómicas como elecciones plebiscitarias]. Junts pel Sí (JxS) esperaba declarar la independencia en 18 meses, mientras que la CUP apostaba por el referéndum en 18 meses. Al final, han sido 22 meses. Pero, ¿tenía lógica declarar la independencia con los resultados que sacamos, que no llegaban al 50% de los votos? ¿No tiene más lógica un referéndum?”.

Varias fuentes de la CUP consultadas coinciden en la “coherencia” de los planteamientos de la formación radical frente a “los bandazos de JxS. Nosotros dijimos que no aceptaríamos a Artur Mas como presidente y lo mantuvimos. Tuvieron que poner otro nombre”. Es cierto, sin embargo, que eso provocó una grave crisis en el seno de la organización: en una asamblea del 28 de diciembre de 2015, el resultado entre los partidarios y los detractores de Artur Mas fue de 1.515 a 1.515 votos, un resultado que siempre se puso en cuestión por lo inverosímil que parecía. Al final, fue la cúpula de la CUP quien decidió prescindir de Mas.

Fue una situación delicada. Poco después, una de las organizaciones que componen la CUP, Corrent Roig, abandonó la formación debido a su desacuerdo por el pacto con JxS para apoyar a Puigdemont, un hombre de Convergència. Poble Lliure era, precisamente, el partido más proclive a mantener a Artur Mas para no perjudicar el procés. “Poble Lliure ha tenido actitudes que no han gustado, pero hemos superado todos los problemas. Ahí, Endavant no quería a Mas ni a nadie de Convergència, pero Poble Lliure intervino para que al final se aceptase a un hombre de CDC”, admite otro dirigente cupero. 

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Parlament. El diputado cupero Benet Salellas en los jardines del Parlamento de Cataluña. Foto: Mónica Tudela 

Advertencia a Puigdemont

En esa ocasión, Endavant maniobró para derrocar a Artur Mas. Por ello, el núcleo duro de la CUP se arroga el honor de ser el timonel del procés. En un documento aprobado también este 5 de septiembre avisa de que “sin desobediencia no hay independencia” y advierte que “si el Govern no asume la necesidad de llevar hasta las últimas consecuencias la confrontación con el Estado y la demostración práctica y concreta de que es un Estado prohibidor, será mucho más difícil movilizar a todas las fuerzas necesarias para la ruptura democrática con el Estado”.

Fuentes de la CUP admiten a Tiempo que “las leyes de ruptura son legítimas, aunque puedan ser ilegales”. De hecho, los cuperos amenazaron al Gobierno catalán con retirarle su apoyo si no sigue una política de confrontación clara. “En el Govern ha de estar quien no tenga miedo a inhabilitaciones. Por eso, en un momento determinado, hace pocas semanas, pusimos encima de la mesa la posibilidad de que Puigdemont nombrase un consejero del Referéndum. Era un modo de decir: ‘Si no os aclaráis, nos ponemos nosotros’. Ni siquiera hablamos de nombres, porque la propuesta era para decirle al presidente cuál era nuestro posicionamiento”.

Un dirigente admite a este semanario que “si el Gobierno de la Generalitat acepta cualquier suspensión del Tribunal Constitucional, al día siguiente se rompe el pacto de legislatura”. Por eso, en su último documento oficial advierten de que “sin asumir hasta las últimas consecuencias el embate desobediente con el Estado español, corremos el riesgo de quemar la carta del referéndum y reproducir un nuevo 9-N. Desgraciadamente, este escenario todavía es probable hoy si el Gobierno catalán no pone toda la carne en el asador”. Asumen, asimismo, que con el actual secretismo del procés se corre el riesgo de dar paso a “un referéndum falto de las garantías más básicas” o de facilitar un pacto con el Estado. “Este es el escenario que el independentismo ha de evitar”, añaden para subrayar su gran línea roja. Y es que pactar con el Gobierno español es la única cosa que los anticapitalistas no harán jamás.

Desde el Gobierno catalán se niega que Puigdemont baile al son que toca la CUP, pero demasiados detalles apuntan en sentido contrario: para empezar, el referéndum, que no figuraba en el programa electoral de JxS, fue una imposición de la CUP, así como todos los pronunciamientos independentistas del Parlament, pese a las reticencias de Convergència y de ERC; luego, la caída de Artur Mas, la fijación de una fecha del referéndum, la estrategia del procés y la visualización de actos que simbolizan el choque institucional de trenes, como las leyes de desconexión. Por si fuera poco, en febrero pasado, los radicales exigieron a Puigdemont cesar al director general de los Mossos, Albert Batlle, y al consejero de Interior, Jordi Jané, por su poco entusiasmo independentista. Los ceses se retrasaron hasta principios de verano para que no pareciese que el president actuaba al mandato de los antisistema. Pero llegó. Ahora, han puesto en la diana al consejero de Empresa, Santi Vila, que a decir de los dirigentes de la CUP, tiene los días contados. 

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El presidente Puigdemont con el vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero de Presidencia, Jordi Turull. Foto: Toni Albir/EFE 

Agitar la calle

Al margen de estas consideraciones, la prioridad de la CUP es mantener viva la llama del procés y movilizar la calle. “Es que nosotros somos gente de la calle y nos debemos a la calle”, resume un alto dirigente. Por ello, como dice el último documento aprobado por Endavant, reclaman que el independentismo articule “una movilización lo suficientemente amplia, numerosa y sostenida para conseguir la masa crítica suficiente para articular la ruptura con el Estado español”.

Y la historiadora Blanca Serra dejaba su estrategia muy clara en un artículo publicado en el último número de La Veu, el medio interno de Poble Lliure: “Parece aconsejable más una política de hechos consumados que empuje a los famosos y desconocidos indecisos que no una política lenta y de resultados inciertos de tanteos y seducción”. Esta afirmación tiene su plena interpretación a la luz de otra no menos solemne: “El pasado de la transición postfranquista nos aconseja dominar el calendario y no dejar que pasen oportunidades dilatando las rupturas más necesarias, como diseñar el proceso participativo de la Constitución, alimentar ya ahora las estructuras que sustituyan la carcasa autonómica (por ejemplo, la Asamblea de Cargos Electos) o asegurar que un resultado positivo del referéndum tendrá una implementación segura e inmediata con las leyes de desconexión”.

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Parcial. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el Pleno del miércoles 6. Foto: Albert Bertran

Anticapitalistas

Una anomalía en Europa 

Desde las filas de la CUP admiten que, en estos momentos, “somos el partido anticapitalista más importante de Europa”, ya que tienen diez diputados. Consideran, no obstante, que esta circunstancia “es una anomalía, una gran excepción. Lo normal es que hubiésemos tenido seis, que es lo que nos dan ahora las encuestas”. De ahí que consideren que a pesar de que los sondeos vaticinan un bajón de 10 a 6, el desgaste político no les afecte tanto como a otros partidos. Además, consideran que “el Parlamento es utilizado solo como altavoz mediático”. 

Carles Puigdemont

“Un kamikaze al timón”

En la formación anticapitalista se vanaglorian de que cortaron las alas a Artur Mas porque “tenía previsto hacerse un Ibarretxe. Y cayó por nuestra culpa. O daba un paso al lado o todo caía con él. Y lo que hubo fue un auténtico golpe de Estado en Convergència: la CDC de los pueblos pactó con Poble Lliure [el partido que en este momento domina la línea oficialista de la CUP] el ascenso de Carles Puigdemont”. Ahora, los radicales confían en este porque “con casi 60 años, es un señor que no piensa vivir de la política. Puigdemont solo quiere ser el nuevo Tarradellas. Eso nadie lo pensaba cuando cogió el timón. Pero nosotros sabíamos que poníamos al mando del procés a un kamikaze. Así, el proceso se acaba porque Puigdemont quiere acabarlo”.

Ley del referéndum

Bronca monumental en el Parlament

El miércoles día 6 estaba marcado en el calendario como el del traspaso definitivo de la legalidad, el primer paso en la desobediencia en Cataluña al Estado de Derecho. Lo que no se esperaba era una bronca tan monumental, con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, negando a gritos la palabra a los diputados de la oposición y haciendo oídos sordos a las alegaciones reglamentarias que le hacían su propio vicepresidente, los portavoces de los grupos parlamentarios y hasta el cuerpo de letrados de la Cámara.

Contra todo y contra todos, la mayoría nacionalista del Parlament aprobó por la vía urgente, modificando por sorpresa el orden del día y permitiendo poco más de una hora para presentar alegaciones, una ley del referéndum que trata de legitimar la consulta del próximo 1 de octubre. 

Para tratar de retrasar las decisiones del Tribunal Constitucional esa misma mañana, Forcadell había pedido de forma general la recusación de sus doce miembros por falta de imparcialidad, la maniobra fue rechazada y no sirvió para retrasar su funcionamiento. El Gobierno y varios partidos políticos recurrieron las decisiones del Pleno del Parlament. Por su parte, la Fiscalía denunció a la Mesa por prevaricación. 

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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