Cataluña, rumbo al autoritarismo

06 / 10 / 2017 Antonio Fernández
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La república de Puigdemont y Junqueras acabaría con la separación de poderes y prevé supeditar los jueces a los políticos.

Votación. La bancada de partidos independentistas aplaude la aprobación de la Ley de Transitoriedad en el Parlamento catalán. Foto: Marta Pérez/EFE

Puede ser Matrix o puede ser algo más serio. Lo cierto es que tras el referéndum del 1 de octubre se abre en la política española un periodo de alta tensión, de decisiones y de indecisiones cuyo final es incierto. Desde las filas independentistas catalanas se auguran días de vino y rosas con una supuesta nueva república que resolverá buena parte de los problemas de los ciudadanos. Desde las filas antiindependentistas, se vislumbra un periodo oscuro que puede desembocar en una autarquía dictatorial en la que los valores democráticos están seriamente comprometidos.

“Los independentistas no tienen un proyecto serio. Lo que pretenden es dominar el poder absoluto, con el que quieren controlar a los ciudadanos, a los empresarios, a los jueces... Puigdemont apuesta por el control de la sociedad civil mediante subvenciones y marginando a quien no es cercano al poder. El proyecto que pretende no asume los principios republicanos, solo aspira al poder absoluto en un régimen de falsa democracia”, dice a TIEMPO José Domingo, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana.

Jordi Pairó, coordinador de la Comisión de Incidencia Política de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cree lo contrario: “Es la oportunidad de dar más protagonismo a los ciudadanos, que están hartos de que no se les consulte si no es para votar cada cuatro años. Tenemos ahora la oportunidad de empezar de cero con un lienzo en blanco que nos permite evaluar lo bueno de los ejemplos y pedir la implementación de las cosas positivas que tienen otros Estados. Nuestra gran ventaja es que podemos decidir hacia dónde queremos ir. Nadie tiene la receta del Estado perfecto, pero sí podemos aprender de los ejemplos, de los errores y de los aciertos de otras naciones que se han convertido en Estados en los últimos tiempos”. 

Declaración de independencia

La hoja de ruta pactada entre Junts pel Sí (JxS) y la CUP prevé una declaración de independencia tras el referéndum y la apertura de un proceso que ha de cerrarse con la convocatoria de unas elecciones constituyentes en el plazo de seis meses. Tras esos comicios, se abriría otro periodo durante el cual se redactaría una Constitución catalana que debe ser aprobada por el nuevo Parlamento y luego sometida a referéndum. En el documento que ambas formaciones firmaron se explicita que, tras las próximas elecciones, el Parlamento autonómico sería sustituido por una “Asamblea Constituyente, que tendrá un rol central, aunque no exclusivo o definitivo”. Y sería esta asamblea la que deberá nombrar al presidente de la república y aprobar y someter a referéndum la nueva Constitución en el plazo máximo de un año. Los detalles de la Constitución serían fijados previamente por un Foro Social Constituyente, donde las entidades independentistas de la “sociedad civil” (es decir, la ANC y Òmnium Cultural) llevarían la voz cantante.

Así pues, si todo sale como tienen previsto los soberanistas, Cataluña será, a medio plazo, una “república de derecho, democrática y social”. Es lo que dice la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobada el pasado 7 de septiembre por el Parlamento catalán. En ese texto, se dictamina que tendrán la nacionalidad catalana los nacidos en su territorio, los ciudadanos españoles que estuviesen empadronados en un municipio de Cataluña desde antes del 31 de diciembre de 2016 o los españoles que, a partir de esa fecha y hasta ahora, lo soliciten pero que acrediten dos años de empadronamiento. También serán catalanes los que residan fuera de Cataluña pero que hayan tenido su última residencia administrativa en un municipio de Cataluña durante, al menos, cinco años. Los hijos de padre o madre catalana son, también, afortunados, ya que podrán solicitar la nacionalidad.

Una de las primeras negociaciones que quiere encarar el Gobierno de la Generalitat con el Estado español es, precisamente, un tratado en materia de nacionalidad que permita mantener la catalana y la española sin que se tenga que renunciar a una u otra. 

Un régimen tiránico

José Domingo es escéptico en cuanto a que la secesión se pueda llevar a cabo. “España no lo va a permitir. En estos momentos, veo imposible la materialización de una república catalana. Nadie en todo el mundo va a amparar la separación que protagonizan unos dirigentes con tintes totalitarios, excluyentes, que manipulan a los medios, que no respetan la división de poderes ni las sentencias judiciales. Estamos ante un régimen tiránico que no observa los estándares mínimos democráticos de un país avanzado y eso es preocupante”.

La alusión a la separación de poderes no es baladí. Uno de los capítulos más desconcertantes de la nueva república es el referente a la Justicia. En el nuevo régimen de Puigdemont, el Tribunal Superior de Justicia se convertiría en el Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior “en todos los órdenes”. Su presidente sería nombrado por el presidente de la Generalitat, lo que politiza en grado sumo la Administración de Justicia. Y en justa compensación, la figura del presidente de la Generalitat es inviolable y solo podría ser imputado o procesado por el presidente del Tribunal Supremo.

El fiscal general de Cataluña, en cambio, sería nombrado por el Parlamento, aunque a propuesta del Gobierno de la Generalitat. El Ministerio fiscal “se organiza según el principio de jerarquía y actúa con unidad de acción e independencia respecto al resto de poderes públicos”, dice la Ley de Transitoriedad. Pero su estrecha vinculación con el ejecutivo destroza la imagen de “imparcialidad” que se le quiere dar a esta figura. A falta de Tribunal Constitucional, se crea una Sala Superior de Garantías, compuesta por el presidente del Supremo, los presidentes de las otras cuatro salas y dos magistrados designados por el Parlamento, por mayoría absoluta, de entre juristas de “reconocida competencia y 15 años de ejercicio profesional”. El nuevo organigrama se aprobará en un plazo de cinco días tras la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad.

El control de la judicatura se mantiene desde los prolegómenos de la Justicia: la Sala de Gobierno del nuevo Tribunal Supremo (o sea, la extensión jurídica del Gobierno de la Generalitat) ha de designar a los jueces y magistrados que cubran las plazas oficiales, así como a los interinos.

Por si fuera poco, mientras no se apruebe la nueva Constitución, “el gobierno del poder judicial es ejercido por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y por una Comisión Mixta formada paritariamente por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y por el Gobierno de la Generalitat. Esa Comisión Mixta estará presidida por el presidente del Tribunal Supremo y su vicepresidente será el consejero de Justicia. Luego, contará con cuatro miembros designados por el Supremo y cuatro designados por el Gobierno. Jordi Pairó subraya que “la nueva república contemplará la separación de poderes. Habrá un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Solo nos falta discutir si habrá un Senado, si lo necesitamos o no, ya que constatamos que en España existe pero no se usa como Cámara territorial, sino para otros menesteres. Los tres poderes no tienen discusión, ya que de lo contrario no habría una democracia plena”.

Pero ante la evidente estrecha ligazón entre los jueces y el poder ejecutivo, el dirigente de la ANC subraya que “la Ley de Transitoriedad tiene la función que tiene. La sociedad sabe muy bien que su alcance es temporal y sabe cuál es el objetivo y que luego habrá una Constitución en la que todos pueden participar. Estamos en un momento excepcional donde todo será provisional, de la misma manera que la ciudadanía también acepta que en una transitoriedad se mantengan unas estructuras del Estado español para, a partir de aquí, iniciar un proceso, elaborar una Constitución y aprobarla en referéndum”.

El vicepresidente de SCC, en cambio, critica el proyecto con dureza. “Hemos visto que lo que decía Santi Vidal es cierto: solo las personas afectas al régimen serán nombradas en la Administración de Justicia. La independencia del poder judicial en esa Cataluña tiránica que proyecta Puigdemont es una quimera. Anunciaba Vidal que hay listas de afectos y desafectos, por lo que ya tienen diseñada una estructura del poder judicial servil con el poder. Ahí asoman la patita y eso no lo vamos a permitir. Están diseñando un régimen arbitrario, muy próximo a un régimen autoritario”, dice José Domingo. Se refiere a que el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal, en varias de sus conferencias, confesaba que el Gobierno catalán ya tiene confeccionada una lista de unos 300 jueces que serían los alineados con el independentismo y que tendrían plaza segura en la nueva Administración catalana. Un dato preocupante, porque evidencia que ya existen listas negras de funcionarios confeccionadas desde el propio Gobierno. 

Referéndums periódicos

La Ley de Transitoriedad también transforma el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), un órgano consultivo para las leyes y decretos cuya opinión no es vinculante, en el Consejo de Garantías Democráticas. Curiosamente, los dictámenes del CGE han sido sistemáticamente obviados por los independentistas, ya que rechazaron los textos de las leyes de ruptura por considerarlos anticonstitucionales y pusieron en duda la legalidad del mismísimo procés. Pero esos mismos independentistas que ningunearon al Consejo quieren que, a partir de la constitución de la república, sus dictámenes tengan “carácter vinculante en relación con los proyectos y proposiciones de ley que desarrollen o afecten derechos reconocidos en esta ley”.

Jordi Pairó, en cambio, resalta que lo más importante es “la voluntad de cambio que tienen los ciudadanos, que desde el 2012 reclaman una mayor participación en la toma de decisiones”. Lo que pone en valor el dirigente de la ANC es que hay Estados, como por ejemplo Suiza, que recurren a referéndums para decidir sobre cuestiones que afectan a todos los ciudadanos. “La gente reclama más protagonismo y deberíamos establecer mecanismos para que los ciudadanos sean consultados. Por ejemplo, ¿queremos unas pensiones más altas? Pues se podría decidir en referéndum. Pero, eso sí, habría que confrontar la realidad y ver de dónde podría salir el dinero: si se incrementan los impuestos; si es necesario elevar las cotizaciones... No hace mucho, Suiza decidió subir el IVA y nosotros debemos aprender a sacar rendimiento de esa flexibilidad de regímenes modernos. Se nos intenta vender la idea de que la sociedad no está madura para tomar estas decisiones, pero sí lo está”.

El difícil encaje en Europa

¿Saldrá Cataluña de la UE en caso de que se independice? Los más altos dignatarios comunitarios ya han avisado de que quedaría fuera. Para Jordi Pairó, miembro del secretariado de la ANC, “eso son pronunciamientos políticos que pueden cambiar. Es evidente que Europa es un club de Estados y se apoyan entre ellos, pero suelen ser pragmáticos”, aduce. Sin embargo, subraya que “quedar fuera de la UE no es un drama. “Hay muchos Estados europeos que no forman parte de la UE, como por ejemplo Andorra. Incluso tienen libre circulación y el euro como moneda y no pasa nada. Lo cierto es que siempre se pueden firmar tratados bilaterales de libre comercio e iniciar, mientras tanto, el proceso de adhesión”. La CUP, uno de los socios que apoya a Puigdemont, tiene entre sus prioridades, la salida de Cataluña de la UE. “La CUP rechaza formar parte de la UE, el euro, la OTAN y el Euroejército”, dice el programa de los cuperos. Y ante esa evidencia, los políticos catalanes se muestran cautos. “¿Es adecuada o no la pertenencia a la UE? Ese es un debate abierto y será más abierto todavía cuando la UE se pronuncie sobre los acontecimientos que estamos viviendo. Una reacción muy fría puede llevarnos definitivamente fuera de la Unión, pero no vemos esa salida como un escollo”, dice Pairó. Y añade: “Cuando empezó la implementación de los Mossos no había estructura de seguridad y hoy hay más de 17.000 agentes con competencias en casi todos los temas excepto en aduanas y fronteras. Hemos conseguido llegar a tener un cuerpo de seguridad. Luego, la sociedad deberá acordar un debate serio y dialogado sobre si se ha de tener Ejército o debemos firmar un tratado con algún país que lo tenga. A veces, centramos ciertos debates como imposibles o como quimeras, pero hay que hablarlo, mirar los costes y las ventajas y tomar una decisión”. Pero el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana enfatiza que todo es un sueño. “Pretenden seguir en la UE a pesar de las advertencias de los líderes europeos. Y consideran que no les van a dejar irse porque dicen que Cataluña es contribuyente neto, por lo que van a permutar la permanencia por un convenio. Todo eso es pura entelequia. Se engaña a la población”.

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Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo

Viabilidad

Una “potencia”...sobre el papel

Los datos de los independentistas son de fábula: una Cataluña independiente se convertiría en el decimosexto país de la UE por población (con 7,5 millones de habitantes), es el sexto más pequeño en superficie y en uno de los más ricos. “De los diez países más ricos de la UE, seis con pequeños en términos de población. Y según el FMI, los ocho países más ricos del mundo en términos de PIB tienen menos de 8,3 millones de habitantes”. Destacan que los países pequeños son más competitivos: Suiza es el más competitivo del mundo; Finlandia, el cuarto; Holanda, el octavo; y Suecia, el décimo. “Cataluña podría ser un país viable, como lo son países como Finlandia, Dinamarca, Austria o Suecia”. Subrayan que, según el IMD World Competitiveness Center de Suiza, “la economía catalana está en la trigésimo octava posición de las 61 economías más avanzadas del mundo”. Ello da pie a afirmar que tendría un PIB per cápita similar a Francia o a Reino Unido, ya que, según datos de 2014, “el PIB de Cataluña es un 15,3% superior a la media de la UE-28, medido en paridad de poder de compra”.

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Miembros del Govern de la Generalitat en la rueda de prensa tras el referéndum. Foto: Quique garcía/EFE

Policía y Guardia Civil

Objetivo: echara las “fuerzas de ocupación”

A finales de los años 70 y en los 80 del pasado siglo se hizo famosa una consigna coreada masivamente en las manifestaciones independentistas: “Fóra les forces d’ocupació” (Fuera las fuerzas de ocupación). Esa consigna ha sido rescatada del baúl de los recuerdos y puesta de nuevo de actualidad tras los incidentes del 1 de octubre, cuando los antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tuvieron que ir a cerrar colegios electorales ante la pasividad de los Mossos d’Esquadra.

El episodio tuvo su continuación con el acoso a los contingentes llegados desde otras partes de España incluso ante los hoteles donde se alojaban. Todo parecía espontáneo, pero fue un acoso muy medido y liderado por los Comités de Defensa del Referéndum (CDR), o sea, las milicias civiles de la CUP, ante la mirada complaciente del Gobierno catalán. No hay que olvidar que en el programa de los radicales figura un punto que explicita que “en el marco de un proceso constituyente y de ruptura con el Estado español, la CUP trabajará para la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional del territorio de Cataluña”.

La deslealtad de las autoridades catalanas durante el 1 de octubre (los representantes del Ministerio del Interior aseguran que el major, Josep Lluís Trapero, dejó en la estacada a todos y no cumplió su promesa de cerrar los colegios electorales antes del 1 de octubre, obedeciendo órdenes de la Generalitat en vez de las instrucciones judiciales) abrió una brecha difícil de cerrar entre las plantillas de la Policía autonómica y el resto de cuerpos de seguridad. Ahora, ocho juzgados catalanes tienen abiertas diligencias contra los Mossos por su inactividad. La Audiencia Nacional ha citado a declarar a Trapero como investigado por presunta sedición.

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Disturbios el día del referéndum. Foto: Ferrán Nadeu

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