Cantabria, la Marbella del norte

Los escándalos urbanísticos no son sólo patrimonio de Marbella. En la otra punta del país, en Cantabria, se suceden desde hace más de una década movilizaciones, denuncias y juicios contra urbanizaciones que salpican toda la costa cántabra. Los tribunales han anulado los planes generales de ordenación de una decena de municipios y dictado 20 sentencias, aún pendientes de ejecución, que ordenan la demolición de cerca de 400 viviendas –hay 2.000 personas afectadas–, un polideportivo, tres naves industriales e, incluso, una depuradora, obra del último Gobierno de Aznar, levantada sobre una marisma en la ría de Suances. Además, una reciente sentencia del Tribunal Supremo frena la construcción de una urbanización de 350 chalés y de un hotel en el Parque Natural de Oyambre, en la localidad de San Vicente de la Barquera.

Presión social.

Este Parque Natural, de 5.758 hectáreas y situado a 60 kilómetros al oeste de Santander, es uno de los siete espacios naturales protegidos en Cantabria. El Parlamento regional aprobó esta declaración en 1988 por la presión de los movimientos sociales y ecologistas, convencidos de la necesidad de proteger con la ley de posibles presiones urbanísticas una zona de alto valor paisajístico por sus sistemas dunares, acantilados marinos, bosques y rías. Pero aun así, la polémica continúa. Entre otras razones, porque el propio Gobierno cántabro y el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera mantienen viva la idea de construir allí los 350 chalés y el hotel. El último capítulo del caso ha tenido como escenario el Supremo, que acaba de desestimar sendos recursos de casación interpuestos por el Ejecutivo cántabro, el Consistorio y la promotora privada de la urbanización contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de octubre de 2002, que anulaba el Plan Parcial Santa Marina –que daba cobertura legal al complejo turístico–, a raíz de un recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca).

En esencia,“la Sala anula el Plan Parcial Santa Marina de San Vicente de la Barquera porque con anterioridad (2001) había anulado las normas subsidiarias, con base a su vez en que con anterioridad (2000) se había declarado la nulidad del Plan Especial de Protección de la Zona Periférica Agrícola-Ganadera de Oyambre, por no ir, a su vez, precedido de la aprobación de un PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales)”. Precisamente, el Gobierno de Cantabria trabaja ahora en la elaboración del PORN del Parque Natural de Oyambre, en cuyo borrador, denuncia el grupo ecologista Arca,“está el mecanismo para volver a resucitar la posibilidad de hacer esa urbanización en el mismo sitio”.

Las obras de la urbanización se paralizaron años atrás debido a la reseñada cascada de sentencias. Una huella del paso del tiempo sin actividad en el lugar son los matorrales y las hierbas que crecen por doquier, incluso en las aceras y el asfalto de las calles que circundan las tierras ya parceladas para levantar los 350 chalés y el hotel. El Supremo acaba de anular también este proyecto de urbanización, por lo que los ecologistas podrán exigir su desmantelamiento y la recuperación de la zona a su estado original. Sólo hay dos espacios de esta urbanización de aspecto fantasmal que no están abandonados: un campo de golf –que forma parte del proyecto– y la caseta donde la Inmobiliaria Oyambre anuncia dos números de teléfono para interesados en comprar una casa.

Este semanario se puso en contacto con esta promotora haciéndose pasar por un posible cliente. El empleado que atendió la llamada telefónica respondió que la venta de los chalés “se encuentra paralizada”, al menos, hasta dentro de 3 ó 4 meses. Según su previsión, para entonces el Gobierno de Cantabria ya habrá aprobado el PORN del Parque Natural de Oyambre, con el que, según Arca, se pretende dar cobertura legal a este complejo turístico tras 18 años de polémica.

La tesis oficial.

El alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, espera que el PORN garantice finalmente su construcción: “Si el PORN de Oyambre no lo consintiera, el proyecto no será viable”.

Su punto de vista es diametralmente opuesto al de los grupos ecologistas, tanto que considera lógico construir el complejo turístico dentro del Parque Natural. Porque su deber como alcalde, dice, es buscar un equilibrio entre el desarrollo del municipio, con proyectos atractivos, y la conservación de sus valores naturales: “No queremos colonizar todas las zonas con urbanizaciones”. No obstante, se muestra convencido de que el complejo turístico es del todo compatible con la ley reguladora del Parque Natural de Oyambre, porque, según sus palabras,“protege las zonas más sensibles: las dunas, las playas, los acantilados...Yo no planteo que se construya nada en esos lugares”.

Polvorín urbanístico.

Este semanario ha intentado en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta, conocer la versión del Gobierno cántabro, tanto sobre este caso concreto de Oyambre, como sobre la situación que se vive en las cerca de 20 urbanizaciones condenadas al derribo.

San Vicente de la Barquera no es ni mucho menos el único polvorín urbanístico de Cantabria. A 40 kilómetros de Santander está El Encinar, en Arnuero, la primera urbanización de Cantabria sentenciada, en 1994, y cuya demolición parcial se producirá finalmente el próximo otoño. Según el plan del Ayuntamiento, este año sólo caerán 24 viviendas inacabadas, otras 18 en 2007 y, finalmente, en 2008 se iniciará el derribo de las 102 casas habitadas, la mayoría por turistas vizcaínos.

“Si los políticos quisieran, esto se solucionaría”. Félix Santiago no pierde aún la fe, después de 12 años bajo la amenaza de las excavadoras. Este prejubilado de 59 años de los astilleros de La Naval, en la Ría del Nervión, se “enamoró”del lugar en los años 80, cuando iba con su mujer y sus hijos a pasar todos los veranos al camping de Isla, situado a menos de un kilómetro de la urbanización. No se lo pensaron dos veces e invirtieron todos sus ahorros. En 1992 firmaron las escrituras, y a los dos años estalló la polémica con la primera sentencia que ordenaba la demolición de la urbanización, construida sobre un encinar merced a un Plan General de Ordenación Urbana “ilegal”avalado por el Gobierno cántabro y las preceptivas licencias del Ayuntamiento.“Nosotros siempre hemos sido unos trabajadores”, dicen Félix y su mujer, Ana: “¡Cómo íbamos a saber que no era legal, si incluso contaba con la financiación de Caja Cantabria. Llevamos 14 años sufriendo”, cuentan, en presencia de otra vecina afectada, María Jesús Rueda, que asiente: “Nadie se puede imaginar lo que es esto. En estas casas, hemos invertido todos nuestros ahorros”. Ni siquiera saben cuándo, cómo y qué Administración se hará cargo de las posibles indemnizaciones.

Entretanto, el Ayuntamiento y el Gobierno cántabro se encuentran enfrentados en un proceso judicial más en el Supremo. Ambas instituciones presentaron un recurso después de que el TSJC las hiciera responsables de esta construcción ilegal de Arnuero. El alcalde, José Manuel Igual, que llegó al cargo cinco años después de estallar el escándalo, afirma: “Yo me pongo en la piel de los vecinos y les entiendo, pero las leyes son las leyes, y hay que actuar así, aunque no nos guste”.

Los 2.000 afectados no lo ven así. Quien más quien menos se ha pasado la última década en protestas y juicios para buscar una salida. Se hacen llamar Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), y se echarán de nuevo a la calle los días 23 y 24 de julio. Su presidente, Antonio Vilela, exige al Gobierno regional que haga “borrón y cuenta nueva”, es decir, que legalice todas las urbanizaciones y, en su defecto, indemnice a los propietarios de las viviendas que haya que tirar.

Esta asociación también desaprueba el papel que ha jugado, y juega, la organización ecologista Arca durante todos estos años.“No se ha querido reunir con nosotros, que somos las víctimas colaterales. Nos ha utilizado como un arma de presión. Arca actúa como un lobby”.