Cajas de ahorros. Historia de éxitos y un fracaso
27 / 03 / 2017 José María Vals
Tras décadas de éxitos y de llegar a suponer la mitad del sistema financiero español, la crisis de 2007 y la burbuja inmobiliaria se han llevado por delante las cajas españolas. Salvo dos muy pequeñas, el resto son ya bancos y aún quedan dos bajo la tutela del Estado. Mientras, los juzgados están llenos de pleitos ligados a estas entidades.
Juan Pedro Hernández-Moltó fue presidente de la primera caja intervenida (CCM) y símbolo de la politización. Foto: Alberto Martín/Efe
En este momento, solo 300 personas trabajan en las únicas dos cajas de ahorros que han sobrevivido a la crisis financiera. Se trata de las de Ontinyent y Pollença. La primera, con 200 empleados, tiene abiertas 49 oficinas, de las que 43 están en la provincia de Valencia y 6 en la de Alicante. La segunda, con cien personas en su plantilla, cuenta con 20 oficinas, de las que 16 están en la isla de Mallorca, tres en la de Menorca y una en la ciudad de Ibiza. Al inicio de la crisis había en España 45 cajas de ahorros y ahora solo quedan dos. Las restantes han sido absorbidas en grupos formados por fusiones de las propias cajas o han terminado diluidas en algún gran banco (ver infografía en página 55). No todas entraron en crisis, pero aparte de estas dos, el resto se han visto obligadas a convertirse en bancos por imperativo legal.
Atrás queda ya aquella tarde del domingo 29 de marzo de 2009, cuando los teléfonos del Banco de España y del Ministerio de Economía echaban humo porque la Caja de Castilla-La Mancha (CCM) había entrado en una zona tan peligrosa que la apertura de oficinas el lunes por la mañana podía dar lugar a una retirada masiva de depósitos con la consiguiente quiebra de la entidad que podía dejar colgados a muchos depositantes. Aquella tarde se produjo la primera nacionalización de una caja de ahorros y CCM abrió sus oficinas el lunes bajo la tutela del Estado a través del Banco de España. El propio sector financiero, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, tuvo que inyectar 5.249 millones de euros para sanear la caja. El entonces presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, fue condenado en 2016 a dos años de prisión, a 29.970 euros de multa por falsedad contable y al pago de las costas, junto al exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega. Ninguno de los dos ha pisado la cárcel.
A partir de ahí comenzó un proceso de saneamiento, intervenciones del Estado e inyecciones de dinero público que han terminado con 60.700 millones de euros de ayudas públicas al sector, según el último recuento realizado por el Tribunal de Cuentas en enero. El ranking de ayudas lo encabeza la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que después de saneada ha sido adquirida por el Banco Sabadell, que ha absorbido 26.302 millones de dinero público. Le sigue Bankia, que ha necesitado 22.426 millones y a continuación cierran la lista de las cinco más gravosas el Banco de Valencia, que era filial de Bancaja y ha enterrado 19.019 millones antes de ser absorbido por CaixaBank, seguido de Catalunya Caixa, hoy integrada en la red de BBVA, con 15.510 millones, y Nova Caixa Galicia, absorbida por Abanca, que enterró 12.279 millones.
Mucho se ha escrito en estos años sobre la historia de las cajas de ahorros, unas instituciones que estuvieron más de un siglo profundamente arraigadas en el territorio español y que han desaparecido no solo por la crisis, sino por cómo afrontaron sus últimos años de vida, sobre todo a partir de la transición democrática. Los más de cien procesos judiciales abiertos en España contra responsables de estas instituciones financieras han dado un salto cualitativo esta misma semana, en la que el magistrado encargado de investigar la salida a bolsa de Bankia, Fernando Andreu, ha tomado declaración en su despacho de la Audiencia Nacional al expresidente y al exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y Fernando Restoy, respectivamente; al que era jefe de grupo de inspección de Bankia, Pedro Comín, y al director del departamento de cajas, Pedro González; al coordinador del departamento de inspección de cajas de ahorros, Mariano Herrera, y al exdirector general del supervisión Jerónimo Martínez Tello; y al que entonces era la máxima autoridad del Banco de España, su exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, así como a su segundo en aquella etapa, Javier Aríztegui.
Pero, ¿qué había ocurrido en un sector que gozaba con tanto arraigo en la estructura financiera de España para llegar a una crisis tan profunda? Un poco de historia sirve para ilustrar la cuestión. Las cajas de ahorros nacieron en España en los primeros años del reinado de Isabel II, allá por 1838, cuando un real decreto creaba la Caja de Ahorros de Madrid, en cuyo nacimiento habían mostrado especial empeño el marqués de Pontejos y el escritor y periodista Mesonero Romanos, que después ejerció durante años el cargo de secretario de la caja. Es verdad, sin embargo, que como recuerda el profesor Juan Velarde Fuertes en su ensayo Cajas de ahorros: una historia singular, antes había nacido una pequeña caja en Jerez de la Frontera impulsada por el conde de Villaceres. Al igual que había ocurrido previamente en Italia, las cajas de ahorros crecieron de la mano de los denominados montes de piedad, que eran instituciones donde se podían empeñar joyas y otros bienes a cambio de un dinero que no devengaba los tipos de interés de auténtica usura que practicaban entonces los prestamistas y que, además, eran más seguros que los pocos bancos que por entonces nacían, quebraban y morían con bastante profusión dejando en la estacada a los ahorradores.
En 1880 una ley calificó de “benéfico” el fin de las cajas de ahorros y las puso bajo la protección del Estado. Como relata el profesor Velarde, “a partir de ahí, el Estado aparece con importancia creciente. En la etapa de la dictadura de Primo de Rivera, el Real Decreto-Ley de 9 de abril de 1926 somete a un régimen especial de tutela a las cajas de ahorros; por el Real Decreto de 21 de noviembre de 1929 se enmarca, dentro del Estatuto especial para las Cajas de Ahorro Popular, una línea que culmina en el Decreto de 14 de marzo de 1933, de Largo Caballero, en plena II República, que crea el Estatuto especial para las Cajas Generales de Ahorro Popular, situándolas bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo”.
Si a este control público se une la historia de las cajas que tradicionalmente habían estado ligadas a prohombres de toda la geografía de España, se llega a una situación que Juan Velarde Fuertes define en un solo párrafo: “Estas instituciones –señala– pasaban, pues, a ser dirigidas y orientadas por personalidades destacadas de los lugares donde surgían. Prestaban a personas muy conocidas por su solvencia y no iban mucho más allá de la localidad donde nacían. Así comenzó el proceso crediticio de las cajas de ahorros con una triple proyección: ámbito geográfico muy reducido, tipos de interés pequeños y enorme seguridad para quienes depositasen en estas instituciones su dinero”.
