Basura descontrolada

Casi en el centro de los 100 kilómetros de longitud que tiene la isla de Fuerteventura hay tres puntos negros. En apenas 34 kilómetros de distancia, se expanden tres vertederos que la Comisión Europea considera que están “descontrolados”. La ruta empieza en el Barranco de Butihondo, en el término municipal de Pájara. Continúa, a 22 kilómetros, en La Laguna-Tiscamanita, en Tuineje, y termina, a una distancia de otros 12 kilómetros en Lomo Blanco, en Antigua. Junto a estos tres vertederos, el círculo de los residuos sin control de la isla se cierra con un vertedero de neumáticos, ilegal en sí mismo, más pequeño pero del estilo del que arde desde hace dos semanas en Seseña (Toledo).

Tres vertederos descontrolados y un almacén ilegal de neumáticos en una superficie de 1.600 kilómetros. Todo en una isla, Fuerteventura, que forma parte de un archipiélago donde hay ocho vertederos legales, que cumplen las normas, y nada menos que 24 basureros, en activo o ya en desuso, que, según Bruselas, incumplen las leyes medioambientales en materia de residuos.

A 100 kilómetros, la isla de Lanzarote alberga otro vertedero sin control, denominado Hoya de la Yegua de Arriba, y hasta hace unos años existió también un vertedero de neumáticos en un lugar cercano a la capital, Puerto del Rosario.

“En Canarias [la basura] es más difícil de reciclar porque no tienen la posibilidad, les cuesta mucho más llevar sus residuos a otros sitios. En Baleares también , pero están más cerca de Valencia y llevan los residuos en barco hasta allí”. Así explica tal concentración de vertederos la responsable de Residuos de la ONG Amigos de la Tierra, Alodia Pérez. Esta organización colaboró junto a otros grupos ecologistas en la elaboración de un informe que se publicó en octubre de 2015: De la España a la cola de la gestión de residuos a la España pionera en la gestión de recursos, y que liga el problema de la gestión de la basura con la corrupción. “Es evidente que en lo que más gastan los municipios es en la gestión de residuos y la gestión de residuos en nuestro país no es buena”, dice Pérez. “Hay casos”, dice y cita el caso Brugal en Alicante. La basura suele ser uno de los contratos públicos más recurrentes en el intercambio de favores políticos y económicos.

Las características especiales de Canarias, su lejanía, no impiden que otras circunstancias sean comunes a la mala gestión que en el resto de España se hace de la basura, tanto en lugares legales como ilegales. Los 24 puntos negros canarios son más de un tercio de los 61 vertederos considerados ilegales por la Comisión Europea, que ha denunciado por ello a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Se espera una sentencia en este 2016, después de años pidiéndole al Gobierno que arreglase las deficiencias.

En España hay repartidos un total de 142 vertederos legales y 61 que están “incontrolados”, según Bruselas. En ellos, la Comisión ve un riesgo para el agua, el aire, el suelo, la fauna y flora, pueden causar malos olores y ruido y atentar contra paisajes de especial interés. Bruselas tampoco considera que la recogida y el proceso de residuos en esos lugares se haga de acuerdo a las normas.

En las lista de los 61 basureros descontrolados hay lugares como el vertedero  balear de Torren de S’Estret, en Andratx, cuyo sellado fue incluso considerado un “ejemplo de buena práctica” por las autoridades del lugar.

El problema con estas deficiencias tiene que ver con la contaminación. No es tan aparatosa como los gases tóxicos que desde hace semanas se han liberado en el incendio de Seseña. Sí más silenciosa y, sobre todo, continuada en el tiempo. “El problema de los neumáticos es que está generando un gran problema al haber ardido, pero mientras que no ardan son inertes, no generan nada. Pero la materia orgánica, aunque no arda, está en proceso de descomposición y si el vertedero no está bien gestionado emite gases de efecto invernadero, que a la población no le conviene inhalar, y que no hace falta ni que arda”, explica Pérez.

Dejando a un lado el hecho de que España se sitúa en lo alto de la tabla de los países europeos que más residuos generan –empezando por los propios hogares– y en un nivel medio de los Estados miembros en cuanto al reciclaje. “Ni estamos en el punto alto de reciclaje ni en el punto bajo de la generación de recursos”, las organizaciones ecologistas denuncian desde hace años la existencia de vertederos ilegales, tanto de basura ordinaria como de artículos más atípicos como los neumáticos, y unas penalizaciones demasiados laxas para los dueños de los terrenos en los que estos se ubican.

De momento, no se sabe qué ocurrirá con el propietario del terreno sobre el que durante años creció el vertedero de neumáticos incendiado en Seseña porque está en paradero desconocido. Pero Amigos de la Tierra denuncia el caso del propietario del terreno del vertedero de Valdemingómez (Madrid), que ardió el año pasado después de años de advertencias a su dueño de que el sellado del lugar no era el que marcaba la ley. “Ahí el propietario tenía sanciones, las había pagado y seguía con la actividad. Hacía sus cálculos y ganaba mucho más de la multa que se le había impuesto”, dice Pérez, miembro de una organización que reclama que se eleve el precio por “verter” residuos, para que salga más barato reciclar que tener la basura en basureros. “En Italia, cuando pusieron 150 euros por tonelada [de basura vertida], se incrementó el reciclaje porque salía más caro verter”, apunta.

Al margen de lo que sucede con los vertederos localizados, ya sean legales o no, el descontrolado mundo de la basura en España tiene otros puntos negros. Y secretos, como son la mayoría de los vertederos de neumáticos. Por lo general, se conocen, bien por protestas medioambientales o bien porque arden. Así ocurrió, por ejemplo, el año pasado con el incendio de otro vertedero en la provincia de León. Entonces, se quemaron 12.000 toneladas en un fuego que duró 25 días, del 20 de julio al 15 de agosto. Por sus dimensiones, ya que se calcula que podía ser el mayor de Europa, el vertedero de Seseña, con sus 90.000 toneladas de llantas, no pasaba desapercibido, tal y como lo recuerda un empleado de una de las plantas legales de reciclaje de estos materiales. “Alguna vez he pasado por allí de camino a Madrid y es llamativo porque era una cosa bestial”.

No ocurre en todos los casos. Organizaciones medioambientales como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción o Greenpeace no tienen una cifra de cuántos pueden existir. Tampoco Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que recoge numerosas denuncias ciudadanas cada año de vertederos o simplemente acumulación de basura de distinta índole en cunetas, caminos y otros parajes. Además de Seseña y Fuerteventura y los ya eliminados de León y Lanzarote, se tiene constancia de otros en Galicia, Salamanca, Cuenca y Ciudad Real. En marzo del año pasado, por ejemplo, Ecologistas en Acción denunciaba el hallazgo de un vertedero cerca de la localidad madrileña de Pinto donde se amontonaban desechos varios, incluida una gran cantidad de neumáticos. Según El Confidencial Digital, por España hay repartidas hasta 300.000 toneladas de neumáticos, más del triple de las 90.000 que han ardido en Toledo. Hasta allí llegan unos neumáticos más negros que su color habitual porque, por lo general, son los que se han comprado sin declarar y, por tanto, sin pagar la tarifa que fijan los dos sistemas integrados de gestión que existen para encargarse de la recogida y reciclado de neumáticos, tal y como establece la ley que en España entró en vigor en 2006 y que prohíbe otro destino para estos artículos que no sea primero el recauchutado –es decir, la reparación cuando es posible– y el reciclaje (ver recuadro en la página 54).

En la factura de compra de cada neumático se incluye una tarifa que va de 0,80 euros por la rueda de una moto, 1,33 euros, un turismo, o 37 euros para neumáticos de hasta 200 kilos, que sirven para pagar su retirada y reciclaje posterior. De ello se encargan dos entidades autorizadas, que transportan los neumáticos hasta plantas especializadas en reciclaje.

Esta tarifa, que algunos en el sector llaman “ecotasa”, no es ni un impuesto ni en ella está involucrada de ninguna manera Hacienda. Es un pago por la prestación de servicios posteriores que, en ausencia de datos de cuántos neumáticos se almacenan en realidad en España, sirve para tener una idea de los neumáticos que se desechan cada año. También para que una de las sociedades integrales de gestión, Signus, denuncie “fraude” en el pago de las tarifas que garantiza su retirada limpia.

En su memoria de 2014, Signus, los talleres y empresas adheridas –gratuitamente– a su red, recogieron 175.242 toneladas de neumáticos, una cantidad que excedía en un 15,5% la puesta al mercado de material declarado, es decir, por el que sus propietarios pagaron la tarifa de eliminación en el momento de la compra. La cantidad de neumático retirado supera en 23.525 toneladas la cantidad de neumático por la que se pagó la tarifa “provocado por el fraude”, según Signus, que surge por la compra por Internet a proveedores en otros países, precisamente una de las razones de ser de los vertederos ilegales como el que ardió en Seseña, según Pedro Espinar, secretario general de la Asociación Española de Neumáticos Reciclados. “Si traigo un trailer de neumáticos de Alemania pago la rueda pero no la ecotasa”.