Así trabajan los lobbies en España

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El presidente norteamericano Eisenhower solía decir que lo que era bueno para la General Motors lo era también para EE UU. Con semejante declaración de intenciones, no es extraño que el presidente de esta firma tenga el derecho de visitar al presidente estadounidense cuando acude a Washington, según cuenta el prestigioso economista Kenneth Galbraith.

En España un privilegio semejante sería tachado de trato de favor. Pero lo cierto es que los contactos, reuniones o intercambios de información entre las grandes empresas y los políticos existen.Y existen, en muchos casos, para hacer lobby, un término inglés que define las presiones que ejercen algunos colectivos sobre el poder político.Aunque estas reuniones no sean públicas, a nadie se le escapa que ni bancos, ni grandes empresas se han callado cuando el Gobierno perjudica sus intereses. Los expertos consultados señalan que los grandes lobbies del país son los que han experimentado un mayor crecimiento económico en los últimos años: eléctricas, constructoras, bancos, etcétera. Pero no son los únicos que hacen lobby. Las ONG y otros colectivos también lo practican.

Legislatura propicia

Esta legislatura está siendo especialmente propicia para la práctica del lobby. La presión de estos grupos se ha agudizado en el Congreso por la falta de mayoría absoluta del Gobierno. El grupo parlamentario de Esquerra Republicana se ha convertido en uno de los blancos predilectos de los lobbies, porque han sido socios del Gobierno y porque sus votos han sido y son determinantes para sacar algunas leyes adelante. Desde que comenzó la legislatura son muchas las organizaciones, bufetes y empresas que se han puesto en contacto con ellos. Como alguna asociación de bodegueros, en alerta ante las intenciones del Gobierno de regular el consumo del alcohol, o la presión de las asociaciones feministas en leyes como la del divorcio.

La diputada de ERC Rosa María Bonàs reconoce que esta ley se rebajó de sus objetivos iniciales por la presión de los grupos feministas: “Pretendíamos abrir más la custodia de los hijos a los padres, pero nos dio pánico porque algunas feministas dijeron que lo que queríamos era favorecer a los maltratadores”. No ha sido ésta su única experiencia. Representantes del despacho Roca y Junyent, que dirige el ponente de la Constitución Miquel Roca, se personaron en el Congreso para defender los intereses de una empresa catalana: “Me pareció bien que viniera un abogado, es más profesional, aunque no acepté los cambios que me proponían”, dice Bonás.

Muchas presiones

Francisco Rodríguez, diputado del BNG, explica que las presiones les llegan de muchos ámbitos: “Asociaciones profesionales, Pymes, grupos de comunicación, pensionistas y, luego, por ser el BNG, grupos gallegos. Nos mandan, perfectamente acabados, borradores de proposiciones no de ley de sus propuestas. En sí no es un problema, excepto cuando las vinculaciones benefician a determinadas organizaciones. Ahí la oposición ha de denunciarlo”, dice.

No siempre los diputados se niegan a las presiones de estos grupos. Hace unos meses la Comisión de Exteriores del Congreso aprobó con el beneplácito de todos los grupos una proposición no de ley en la que condenaban la persecución de la comunidad Baha´i en Irán. Fuentes parlamentarias reconocen que fue la comunidad Baha´i quien se la dio redactada a todos los grupos por igual y ninguno puso objeción, puesto que no era algo que fuera contra sus intereses.

Bufetes de abogados y empresas de comunicación ejercen de lobbistas profesionales, pero en España no sobrepasan la cincuentena los trabajadores que se dedican estrictamente al lobby. Sebastián Mariz es uno de ellos. Lleva trece años trabajando como lobbista, primero en Bruselas y ahora en Madrid. Su empresa EPPA (European Public Politic Advisers), es un negocio que compró hace tres años y que lleva con una socia catalana. Entre sus clientes españoles están el sector de autoescuelas, las empresas de trabajo temporal o la Asociación de Marcas Renombradas Españolas, donde están reunidas las grandes empresas españolas (Inditex, Repsol...). Pero también son muchas las compañías extranjeras que le contratan para influir en España o en Bruselas.

La manera de trabajar de un lobbista es más corriente de lo que parece. Mariz cuenta un ejemplo reciente: “Trabajé para una empresa que confeccionaba artículos deportivos bajo el nombre de una marca que procedía del mundo del tabaco. Cuando se empezó a hablar de regular la restricción del tabaco ya con el Gobierno del PP, yo me puse en contacto con los funcionarios del ministerio. Mantuve reuniones, mandé e-mails, intenté averiguar qué sectores participaban en la ley, el farmacéutico era uno de ellos. Con el borrador en mano mandé mis especificaciones que fueron aprobadas. Y mi cliente pudo vender su producto sin problemas”, dice.

Para este profesional, esa es la manera de ejercer el buen lobby. Pero en España el buen lobby es una práctica poco común, afirma Mariz: “Los españoles intentan siempre la muerte súbita, una solución milagrosa porque esperan al último momento. Una empresa del sector de seguridad contactó conmigo y me preguntaron si tenía contactos en el Gobierno. Soy experto en el proceso legislativo, sé dónde tengo que llamar y en qué momento. Y eso las empresas españolas no lo entienden. Creen que si no eres ‘el primo de’no hay nada que hacer”.

La contratación de un servicio de lobby puede oscilar entre 150 y 200 euros la hora, dependiendo del servicio. “Si es un seguimiento de una iniciativa política, ésa es la tarifa, pero si lo que quiere el cliente es un lobby o un programa de relaciones institucionales con campañas de movilización de grupos de interés incluido, el precio es más elevado: entre 250 y 450 euros hora, dependiendo de la urgencia”.

Relaciones

Las grandes empresas españolas cuentan con profesionales destinados a labores de lobby dentro de su estructura, en los departamentos de Relaciones Institucionales. Pero también trabajan en coordinación con agencias de comunicación como Burson-Marsteller, una de las primeras del país, que también ofrece servicios de lobby. Cristóbal Fernández, director de Sensibilización Pública de la agencia explica: “Nuestra área es más amplia, hacemos comunicación de producto, corporativa, de crisis.Aunque no son estancas y en ocasiones a un programa de comunicación institucional le siguen campañas en prensa u otro tipo de acciones”.

Un buen ejemplo de un programa de comunicación institucional lo dio, antes de su desplome, la empresa Enron en Arcos de la Frontera (Cádiz), donde pretendía instalar centrales térmicas. Desde la plataforma ciudadana No a las Térmicas cuentan cómo Enron intentó crear una opinión favorable a la instalación de las centrales: la promesa de más puestos de trabajo y otras medidas menores, como unas pancartas que se colocaron unas Navidades bajo el lema Feliz Enron.

El sector de la alimentación es uno de los que actualmente más demandan servicios de lobby, explica Cristóbal Fernández: “Hace unos años eran los ecologistas. Ahora, la salud es el tema de más actualidad porque es uno de los que más preocupa a la gente: el tabaco, el alcohol. Esto provoca que el Ejecutivo lo regule y que los grupos de interés relacionados con este ámbito defiendan sus intereses”.

Buenos contactos

Una empresa del sector de la alimentación afectada por las acciones del Ejecutivo cuenta a “Tiempo”que empezó a movilizarse a través de sus cargos corporativos, pero que también contrató la ayuda de una “persona que nos ha abierto las puertas del Congreso”.Aunque no todas las empresas lo reconocen públicamente, es habitual que algunas compañías contacten con ex políticos o ex altos cargos que han conocido de primera mano cómo se desarrolla el proceso legislativo y aún mantienen viva su agenda de contactos.

Otra manera de establecer contactos son los foros de debate. El Foro Nueva Economía promueve el debate económico, social y político. Desde sus tribunas han hablado influyentes líderes. Su presidente, José Luis Rodríguez, aclara: “No somos un lobby ni nuestro objetivo es poner en contacto a empresarios con políticos. Que nuestros foros de debate sirven además para establecer contactos, perfecto”. Rodríguez es un periodista con más de cuarenta años de experiencia en el trato con los políticos. Cree que en los desayunos y los almuerzos del Foro lo que se da sobre todo es un intercambio de tarjetas. Esta organización cuenta además con el llamado Círculo de Confianza, formado por un nutrido grupo de empresarios que mantienen almuerzos privados con líderes donde aprovechan para exponer sus inquietudes.

Uno de los últimos encuentros que mantuvo este Círculo fue con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El tema estrella de la conversación fue la preocupación de algunos empresarios por la intención del Ejecutivo de regular la paridad en los consejos de administración de las empresas. Finalmente, en el proyecto de Ley de Igualdad que el Consejo de Ministros envió a las Cortes en junio, la pretensión del Gobierno se rebajó. En el texto sólo piden que las empresas “procuren abrir sus consejos de administración a la participación de mujeres”.

Las presiones existen y también el derecho de los grupos de interés a defender sus intereses. ¿Por qué no seguir la tendencia de Bruselas y Washington que regulan las relaciones entre políticos y lobbies? El ya fallecido presidente del Tribunal Constitucional Manuel García Pelayo, en Las transformaciones del Estado Contemporáneo (1987), explicaba que las relaciones entre los grupos de interés o presión y el poder político eran una práctica común que debería regularse. No a través del Derecho, decía, pero sí a través de directivas o del control parlamentario.

Sin embargo, pocos han seguido las directrices de García Pelayo. Como cuenta Pablo García Mexía, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III (Madrid), “en 1989 se promovió una iniciativa parlamentaria del entonces Centro Democrático y Social (CDS), pero no pudo aprobarse. Y nada más se ha intentado desde entonces”. García Mexía es partidario de su regulación, con un triple objetivo: “Legitimar una actividad que en algunos países se considera consustancial a la libertad de expresión, propiciar la mayor transparencia en estas actividades y garantizar la igualdad de los ciudadanos, empresas y grupos de interés en el desarrollo de esta labor”.

Así lo entiende también la Comisión Europea, que ha definido el lobby como una “parte legítima del sistema democrático, con independencia de si lo hacen individuos, compañías, organizaciones civiles u otros grupos de interés o empresas representadas por profesionales de las relaciones institucionales, think-tanks y abogados”.

Listado de clientes

Las instituciones europeas han creado un registro de lobbies donde están acreditados al menos cuarenta empresas y órganos de gobierno españoles (entre otros, Altadis, Arcelor o la Junta de Andalucía). Los lobbistas tienen la obligación de declarar su listado de clientes. En la actualidad las relaciones entre estos profesionales y los eurodiputados se están debatiendo a través de la Iniciativa por la Transparencia, que dirige el vicepresidente de la Comisión Europea, Siim Kallas.

El objetivo de todas estas acciones es hacer cada vez más públicas las prácticas del lobby en una capital como Bruselas, donde lobbistas y eurodiputados trabajan casi mano a mano. Como explica el europarlamentario socialista Manolo Medina, “nos suelen pedir reuniones. Aquí es una práctica común. Cuando tengo un tema del que soy ponente me ayuda escucharles, son en la mayoría de los casos puntos de vista contrapuestos que enriquecen tu visión”.

Transparencia

Fuentes de la delegación del Consejo General de la Abogacía en Bruselas cuentan cómo hace lobby allí una empresa española: “Invitamos a las sesiones plenarias de la abogacía a los altos cargos de las instituciones para dar a conocer las últimas novedades y exponerles nuestra posición. Otro ejemplo es acudir nosotros a reuniones de la UE que nos afectan”, cuentan. Para esta delegación la principal diferencia entre Bruselas y España es “que la transparencia aquí conlleva apertura y mucho flujo de información y en España no hay voluntad de ser transparente”.

Haya o no transparencia, la tendencia en España apunta a que cada vez habrá más lobbies y serán más profesionales. Una práctica que empezó en los años cincuenta en Estados Unidos, cuando los representantes del sector lácteo estadounidense esperaban en el lobby (entrada) del Senado a los políticos para defender su producción. Ellos no habrían imaginado entonces que estaban asentando una práctica establecida cincuenta años después en cualquier democracia.