Así crece la yihad en España

22 / 06 / 2017 Javier Otero
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El número de detenidos relacionados con el terrorismo yihadista llega a cotas que no se alcanzaban desde los atentados del 11-M.

La Policía escolta a un detenido en una de las últimas operaciones contra el yihadismo en Madrid. Foto: Víctor Lerena/EFE

Mientras que en el Reino Unido extreman las medidas de seguridad tras el último atentado que ha costado la vida a siete personas, en España se cumplen dos años bajo alerta 4 de terrorismo. Es el anterior al máximo grado de alerta, el 5, en el que las fuerzas armadas apoyan a las fuerzas de seguridad del Estado, como Policía y Guardia Civil, en la calle y en la vigilancia en sectores y edificios críticos.

Han sido dos años en los que se han producido 166 detenciones relacionadas con el terrorismo yihadista. Se trata de un incremento muy importante, ya que en solo dos años supera el número de detenidos en un lustro, entre 2009 y 2014, que fue de 133. Cifras parecidas no se veían en España desde los atentados del 11 de marzo de 2004 y el año siguiente. Desde aquellos sucesos han sido detenidas en España un total de 707 personas relacionadas con operaciones policiales contra el terrorismo yihadista. Este crecimiento ha provocado que la junta de fiscales de la Audiencia Nacional reclamara hace pocos días cuatro fiscales más, ya que en esta sede judicial se tramitan 311 causas, cien de ellas aún en fase de investigación secreta, con 260 personas investigadas. Como consecuencia de estas actuaciones, 122 personas se encuentran en prisión provisional.

El 11-M, que será siempre el referente en la lucha contra el terrorismo yihadista en España, sigue presente en operaciones policiales actuales. Este ha sido el caso de una de las últimas, la detención y posterior puesta en libertad de Abdelilah El Fadual El Akil hace pocos días, reclamado por Marruecos por su presunta pertenencia a una organización terrorista, en la que habría realizado labores de financiación. En las investigaciones del 11-M había aparecido su nombre, ya que ayudó al Chino, uno de los autores de este ataque, a entrar ilegalmente en España. El Fadual El Akil fue condenado a nueve años de cárcel, aunque posteriormente fue absuelto por el Tribunal Supremo. Aunque España no ha sido víctima de atentados yihadistas desde el 11-M, entre los más importantes de los últimos años en Europa se encuentran relaciones con España y especialmente con nombres que ya salieron a la luz en el 11-M. Así ocurrió con los atentados de Bruselas y París. Uno de los terroristas relacionado con ambos, Abdelhamid Abaaoud, habría realizado labores de reclutamiento en España para enviar personas a combatir en las filas del Estado Islámico (EI). Era uno de los hombres que atacó con metralletas terrazas y bares de las calles de París y sus relaciones le conectaban con un nombre clave, Djamel Beghal. Los autores del anterior atentado en suelo francés, contra el semanario satírico Charlie Hebdo, también tenían relación con este. Beghal había pasado por España muchos años antes y sus actividades le conectan, a su vez, con personas tan relevantes, como Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, al que se condenó por pertenencia a una organización terrorista. Abu Dahdah estuvo estrechamente conectado con protagonistas de los atentados del 11-S en Estados Unidos y declaró como testigo en el juicio por los ataques del 11-M en España. Las relaciones clave de Beghal con los terroristas que actuaron en Francia y Bélgica se labraron mientras coincidieron en la cárcel por otros delitos. No es casual. Al menos el 20% de los encarcelados en España por presuntos delitos relacionados con el yihadismo entre los años 2005 y 2011 habían estado ya en prisión, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Control de amenazas aéreas

A este órgano hay que sumar el principal instrumento militar en la lucha contra el terrorismo: el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), que ha trabajado con intensidad en las misiones en el exterior. Una muestra más del refuerzo de las medidas contra el terrorismo yihadista es su incorporación a finales del pasado mes de mayo a la mesa de valoración de la amenaza terrorista, donde se sientan el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Citco, Policía y Guardia Civil. Aunque participan también cuerpos de Policías autonómicas como los Mossos d’Esquadra catalanes o la Ertzaintza del País Vasco, estos no están conectados a su sistema informático. A pesar del refuerzo de los militares, los expertos que se sientan en esta mesa recomendaron hasta ese momento que no se elevara el nivel de alerta hasta el cinco, donde se despliega el Ejército. En España, esto no ocurrió ni inmediatamente después de los atentados del 11-M, sino que solo se hizo cuando se descubrió una bomba en la línea de alta velocidad. A partir de ahí las fuerzas armadas vigilaron esta línea y otras infraestructuras críticas. Alemania es el único país que aprobó la posibilidad de derribar aviones que van a atentar, incluso con civiles dentro, aunque su Tribunal Constitucional lo tumbó. Ahora, en caso de atentado, el sistema militar (por ejemplo en comunicaciones) se superpone al sistema civil.

España juega un papel especial ante el control de amenazas aéreas. En Torrejón se encuentra uno de los dos únicos centros de control táctico y operativo de la OTAN (el otro está en Alemania). Está al mando de un general español.

Hay que tener en cuenta que España está implicada en operaciones militares contra el yihadismo en el exterior. Las dos terceras partes del Ejército de Mali han sido formadas por las Fuerzas Armadas españolas. En Afganistán también se han realizado labores de formación. Los cálculos realizados por los servicios de inteligencia calculan que 170 españoles se han ido con el Estado Islámico. 

Financiación

Otro de los frentes de lucha contra el yihadismo se encuentra en cortar su financiación. Los controles financieros habituales a veces no son efectivos ante las nuevas formas de conseguir fondos, según los expertos de la Policía y la Guardia Civil. Ese sería el caso, por ejemplo, de las tarjetas telefónicas, que el EI puede vender por correo electrónico y así financiarse. También es difícil de perseguir la donación bajo palabra, la hawala. Las monedas virtuales como el bitcoin son otra manera de conseguir fondos y son difíciles de controlar. Existen 780 monedas virtuales en el mundo. Algunas operaciones se realizan mezclando bitcoins con otras monedas virtuales, que dificultan su seguimiento. En EEUU, la mayoría procede de la actividad criminal. Uno de los sistemas son las transacciones en la dark web, donde se realizan la mayoría de las actividades delictivas en Internet. Cuando la Policía tumbó la red de Silk Road Payment System, este contaba con transacciones por valor de 2.200 millones de dólares (1950 millones de euros). Los autores de los atentados de París, por ejemplo, tenían tres millones de dólares (2,6 millones de euros) en bitcoins.

Los expertos policiales admiten que es difícil controlar el papel que tienen las organizaciones sin ánimo de lucro como apoyo a la propaganda y reclutamiento y también en cuanto a la financiación, pero señalan que se han detectado casos en que se ha producido. Alguna de estas organizaciones, operativas en España, fueron señaladas por las investigaciones norteamericanas tras el 11-S. Después de los últimos ataques terroristas en Londres se ha avivado la polémica sobre este asunto, ya que el Gobierno ha decidido que no vea la luz un informe sobre financiación del terrorismo en el Reino Unido que se centra en el papel de Arabia Saudí, al considerar que contenía información “muy sensible”. Una de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional para la prevención del blanqueo de capitales, se centra expresamente en el papel de las organizaciones sin ánimo de lucro, para que no sean utilizadas por organizaciones terroristas para presentarse con apariencia legal, escapar a las medidas que se pudieran tomar sobre congelación de activos o esconder el desvío de fondos hacia grupos terroristas. Según señalan expertos policiales españoles, los terroristas se han valido de ONG falsas con apariencia de ayuda humanitaria. También señalan la utilización de paraísos fiscales para transferencias de dinero de forma opaca.

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Abdelilah El Fadual El Akil, detenido recientemente por la Policía, tuvo relación con los autores del 11-M. Foto: Pepe Marín/Reuters

La preocupación que tienen las Fuerzas de Seguridad del Estado con los últimos atentados es que necesitan, en principio, muy pocos medios económicos. Pocos son los necesarios para alquilar una furgoneta con la que atropellar a sus víctimas. Para la compra de un fusil de asalto utilizado en los atentados de París, el terrorista pidió un crédito rápido a Cofidis, especializada en pequeños préstamos casi instantáneos. En los atentados del 11-M en Madrid, se habían utilizado otros métodos de financiación, como pagos realizados con drogas (hachís).

En España, la Policía ha detectado novedosos sistemas de financiación, como conseguir fondos  a través de la simulación de accidentes de tráfico: las indemnizaciones de los seguros han llegado a financiar al Estado Islámico. En cualquier caso, su fuente de financiación más importante a lo largo de mucho tiempo han sido los secuestros, que llegaron a suponer el 50%. Durante su mayor expansión también se han citado grandes cantidades de dinero obtenidas con la venta de petróleo. La Policía ha detectado asimismo la financiación a través de remesas (giros) al extranjero, para jóvenes combatientes. En año y medio llegaron a alcanzar los 120.000 euros desde Ceuta y Melilla, enviados a Siria, Irak o Turquía.

Los métodos son variopintos, como demuestra una reciente operación policial en la que se intervinieron tres contenedores en los puertos de Valencia y Algeciras con 20.000 uniformes destinados al EI y cuya carga se había declarado como ropa de segunda mano.

En alguna ocasión las Fuerzas de Seguridad han neutralizado operaciones de financiación desde España, aunque no hayan conseguido demostrarlas ante un juez. Ese fue el caso de la intervención en una empresa de remesas (o giros) donde se descubrieron envíos de 800 euros, muy por encima de la media de lo que se suele enviar. En otras ocasiones han funcionado los sistemas de alerta que establece la ley contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Una información de un banco sobre una cuenta que repentinamente se queda sin dinero permitió la detención de una mujer con un niño que pretendía viajar a Turquía.

Ha habido otros métodos de financiación, como a través del cobro de prestaciones de desempleo, subvenciones y ayudas públicas, que ya se han descubierto en España, según relatan los especialistas en terrorismo yihadista. 

Objetivos y víctimas españolas 

El aumento de los ataques en países occidentales estaba alentado por el Estado Islámico (EI), que buscaba compensar su debilidad militar en Siria e Irak con golpes espectaculares en la retaguardia de sus enemigos.

Los atentados  yihadistas llevan sacudiendo Europa desde entonces, aunque España ha logrado escapar al zarpazo de los seguidores del Estado Islámico en este tiempo.

No así en el extranjero, donde seis españoles fallecieron en 2015 en atentados perpetrados en Francia, Túnez y Afganistán. Luego en el año 2016 solo hubo que lamentar heridos –hubo 12 españoles en los atentados de Bruselas, Nueva York y Berlín–, mientras que en este 2017 se ha producido la muerte de dos personas, ambas en la capital del Reino Unido, en los atentados del Puente de Westminster y el más reciente del Puente de Londres (en la foto a la derecha, con ramos de flores en señal de condolencia y, en la página 35, los servicios de emergencia sanitaria en el lugar del atentado).

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Entre las actuaciones policiales realizadas contra el yihadismo el pasado año, la más espectacular fue la operación Río, en la que se desmanteló una red que se encargaba de proporcionar suministros al Estado Islámico. La financiación de estas operaciones se realizaba mediante transferencias a través de oficinas como Western Union o Money Gram, pero también mediante el sistema opaco de la hawala utilizado por miembros de comunidades musulmanas. La red movió 10 millones de euros en tres años en distintas operaciones de compraventa, lo que da una idea del potencial de esta célula de suministro.

El juez reveló también que los sospechosos habían participado en el tráfico de monedas antiguas, estatuas y bienes del patrimonio artístico y cultural procedentes del expolio realizado en Siria e Irak por el EI, que ha convertido la venta en el mercado negro de este tipo de bienes en una importante fuente de financiación. Durante 2016, las organizaciones yihadistas multiplicaron sus declaraciones y amenazas contra España en relación con el año anterior. Las referencias a nuestro país fueron realizadas tanto por el EI como por Al Qaeda y sus diferentes ramas territoriales o mediáticas. Las menciones a España fueron constantes a lo largo de todo el año. El profesor Manuel R. Torres Soriano contabilizó, hasta noviembre, un total de 43 menciones de los grupos yihadistas a España, prácticamente el doble de las registradas el año precedente.

Las alusiones a Al-Ándalus como territorio irredento que los musulmanes deben recuperar, fueron las más numerosas entre las referencias a nuestro país. El imaginario de los yihadistas les lleva a aspirar a dar marcha atrás en la historia. Las menciones a Ceuta y Melilla han estado también presentes en las soflamas yihadistas. Un dato importante es que estos grupos terroristas, en especial el EI, han comenzado a utilizar el español en sus comunicados o en sus vídeos con cierta regularidad.

A través de Telegram, el EI puso en marcha canales propagandísticos en español. Lo más anecdótico es que hasta el Partido del Turquestán Islámico, grupo yihadista formado por uigures de China, se refería en una revista a la historia de Al-Ándalus y mencionaba Ceuta y Melilla. El riesgo de un atentado yihadista en España está muy presente, como comprobaron el año pasado las Fuerzas de Seguridad, cuando desmantelaron en Ceuta una célula que captaba terroristas potenciales con el fin de preparar atentados tanto en nuestro país como en Marruecos. No era la primera célula de esas características, ya que en enero de 2015 se había desmantelado otro grupo, también en Ceuta, con similares propósitos.

Otro dato indicativo de la amenaza potencial fue el hallazgo en dicha ciudad de un escondite con seis armas de fuego y diez blancas enterradas junto con una bandera del EI. Era la segunda vez en los dos últimos años que se intervenían armas de fuego a los seguidores del EI, ya que la Policía se incautó de una pistola en enero de 2015 al desmantelar en una barriada ceutí otro grupo vinculado a esta organización.

Entre las medidas para combatir el terrorismo yihadista dentro de España está el proyecto gubernamental Stop Radicalismos, que a principios de diciembre de 2016 cumplió un año. El proyecto ofrece una página web, un teléfono gratuito y una aplicación para móviles que permite facilitar a las autoridades información sobre casos de radicalización yihadista. En su primer año de funcionamiento se recibieron unas 2.600 comunicaciones de ciudadanos, gracias a las cuales se pusieron en marcha 45 operaciones policiales.

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Antonio Rodríguez. Fotos: Jack Taylor/Getty Images y DANIEL SORABJI/AFP/Getty Images

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