Así cayó el clan de los Pujol

Documentos extranjeros, empresarios arrepentidos, dos demoledores informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y confesiones de amigos y socios fueron suficientes para dar la estocada al clan familiar de los Pujol Ferrusola. Tuvieron que coincidir una serie de circunstancias para que la Justicia encontrase los vericuetos con los que acorralar a la familia que no hace mucho hacía gala de ser la más poderosa de Cataluña. La última decisión de la Audiencia Nacional, sin embargo, fue mortal: el titular del Juzgado Central número 5, José De la Mata, ordenó 15 registros, entre ellos en los domicilios y empresas de los hermanos Jordi, Josep y Pere Pujol Ferrusola.

Además, estuvieron en el punto de mira las empresas y los domicilios de Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola; Carles Vilarrubí, vicepresidente del FC Barcelona y esposo de la poderosa empresaria Sol Daurella, dueña de Cobega; Luis Delso, presidente de la compañía Isolux; Carles Sumarroca Claverol (su hermano Jordi ya fue detenido en julio pasado por el denominado caso 3%); y las empresas de Jaume Ferrer Graupera, exvicepresidente del Barça y supuesto testaferro de los Pujol. El cerco sobre los Pujol comenzó a formarse hace tres años, en 2012, cuando el juzgado 5 abrió diligencias contra Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Desde entonces, ha llovido mucho y no pudo comenzar a cerrarse hasta hace poco, cuando se consiguieron pruebas fehacientes de muchas operaciones sospechosas. Las sospechas se centran en millonarios ingresos de dinero en Andorra, en una cuenta a nombre del primogénito de los Pujol, que luego enviaba partidas de dinero a las cuentas de sus hermanos, en lo que parece ser una bien engrasada maquinaria de cobro de comisiones y reparto de beneficios. La voz de alerta la había dado la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, alias Júnior, cuando relató con pelos y señales a la Policía y al juez Santiago Pedraz cómo este pasaba la frontera con Andorra con bolsas de basura llenas de billetes que lo mismo entraban que salían de España. Pero en el caso del juzgado número 5 también fueron otras circunstancias las que llevaron a completar el cerco. En primer lugar, la llegada de la comisión rogatoria que el juez De la Mata había solicitado a Andorra. Decenas de miles de documentos fueron enviados a Madrid en junio pasado por las autoridades del Principado pirenaico con información sensible. En ellos se detallaban ingresos en efectivo por un monto de varios millones de euros, realizados a veces por el propio Jordi Pujol Ferrusola y a veces por empresarios o empresas. También había salidas de dinero hacia cuentas de los hermanos Pujol y hacia paraísos fiscales.

Dinero a paraísos fiscales.

Por las cuentas de la familia podrían haber pasado en los últimos quince años más de 40 millones de euros. Fuentes cercanas a las investigaciones relatan a Tiempo que tienen “acreditado que desde hace poco más de un año, de esas cuentas salió dinero hacia los paraísos fiscales de Belice, Panamá y Barbados”. Fuentes cercanas a la familia, en cambio, niegan que haya cuentas en otros paraísos fiscales, aunque hacen una excepción. “Es cierto que hay una fundación llamada Copeland en Panamá, con cuenta también en la BPA de Andorra y desde este país se simuló el envío de dinero, unos dos o tres millones de euros. Pero todo esto fue un montaje del banco para preservar los nombres de los verdaderos titulares de las cuentas. En realidad, el dinero nunca salió de Andorra, ni siquiera de la entidad bancaria”.

Los investigadores piensan todo lo contrario: sospechan que desde la confesión de Jordi Pujol padre en julio de 2014, su hijo mayor puede haber escamoteado a la Justicia más de 5 millones de euros de sus cuentas en Andorra. Sea como fuere, los documentos llegados del Principado contenían algunos indicios de que podría haber habido delito fiscal.

La segunda circunstancia que se alió contra los Pujol fue la declaración de un empresario arrepentido cuyo nombre se guarda celosamente. “Es un empresario que acudió a declarar voluntariamente y que durante los últimos meses ha aportado valiosa información y documentos sobre la trama de los Pujol”, detalla una fuente cercana a la investigación. Nada más se sabe del misterioso arrepentido, del que, al parecer, no existe informe oficial alguno para garantizar su anonimato. Y, por último, existe la declaración de Jaume Ferrer en la Audiencia Nacional el pasado 23 de septiembre, en la que reconoció que había pagado a Jordi Pujol Ferrusola unos 435.000 euros por presentarle a potenciales clientes. El empresario afirmó ante el juez que Júnior le llevaba clientes y él le pagaba comisiones, pero que no había contrato de por medio, ya que eran amigos desde hacía tiempo y se tenían confianza. Eso mismo decían los representantes de las principales empresas constructoras que le transfirieron durante las últimas dos décadas decenas de millones de euros. No todo parece ser tan diáfano en la relación entre Ferrer y Júnior. Un informe de la UDEF fechado en junio de 2014 destaca que la constructora Emte, de la familia Sumarroca, había pagado a las sociedades Trade Management Consulting y Cientific Management, propiedad de Ferrer, y desde estas compañías el dinero viajaba hasta las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola. Emte era la constructora más mimada por el pujolismo. Su propietario, Carles Sumarroca Coixet, había trabajado con Jordi Pujol i Soley en Banca Catalana, ambos habían fundado Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en 1973 y ambos habían comprado posteriormente El Correo Catalán. Además, sus mujeres eran socias en la compañía Hidroplant, que hacía su agosto con contratos ligados a la Generalitat. Entre 2008 y 2009, la compañía Project Marketing Cat, de Júnior, facturó 154.048 euros a Emte por servicios “relativos a la prospección y eventual implantación en México de la sociedad Emte o de algunas de sus filiales en el ámbito de los sistemas de información y tecnología”, dice el informe de la UDEF. Pero añade que “no se ha aportado dato alguno que permita la verificación de la participación en el mismo de Jordi Pujol Ferrusola, que ni siquiera parece experto en esa materia”.

No obstante, descubrieron que Emte pagaba a Ferrer y este a Pujol. Las transacciones económicas entre Sumarroca y los Pujol, decía el informe, “en vez de transitar directamente de Emte a las sociedades de Pujol Ferrusola, incorporaban un escalón intermedio pasando por Trade Management Consulting y Cientific Management, compañías que sin encontrar explicación aparente posterior, se las enviaban a Jordi Pujol”. De esta manera, detectaron que el año 95 los Sumarroca pagaron a Ferrer 127.368 euros a través de una de sus empresas y 278.400 euros a través de otra. El año anterior, la facturación había sido de algo más de 42.000 euros

Por si fuera poco, Ferrer estaba vinculado a la sociedad MT Tahat, propiedad de Josep Pujol Ferrusola. Esta sociedad había comprado acciones de General Lab, la empresa de Sumarroca que se había hecho con todas las adjudicaciones públicas de los análisis en las prisiones catalanas. Y Ferrer, graciosamente, concedía “opciones de compra a diversos miembros de la familia Pujol Ferrusola” de esas acciones.

La trama africana.

La UDEF investiga además los negocios de los Pujol en Gabón, un país en el que le buscaron acomodo a Ferrer tras dejar este la vicepresidencia del Barça. En el país africano sí que hay indicios de que Jordi Pujol Ferrusola negoció la puesta en marcha de varios negocios para Isolux. En el año 2001 se llegó a desplazar a Gabón junto a José Ferreira, directivo de Isolux, según documentos en poder de Tiempo. Ambos se hospedaron en el hotel Atlantique. Ferreira llegó a la capital gabonesa, Libreville, desde Madrid, vía París el 8 de julio. Al día siguiente lo hizo Júnior, que retornó el día 14 del mismo mes.

El día 19 de julio, Júnior le enviaba una significativa carta a Pierre Duró, su contacto en Gabón, quien le ponía en comunicación directa con los ministros e incluso con el jefe de Gobierno. Duró es un francés que reside en Gabón desde 1972. Fue el presidente del comité de apoyo en Libreville a la candidatura de Edouard Balladour y antiguo jugador de rugby (como Júnior, precisamente). Duró, que es también presidente de honor de Rugby Gabón, llegó a aquel país para trabajar en ELF, aunque luego se dedicó a la construcción y la promoción. Está casado con una sobrina de Louis-Gaston Mayila, presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Gabón y ministro en varias ocasiones, con quien había coincidido en la petrolera Shell.

Los buenos oficios de Duró le permitieron a Jordi Pujol Ferrusola tener acceso a Émile Doumba, ministro de Finanzas, y a Faustin Boukoubi, ministro de Sanidad Pública. Incluso le permitió enviar directamente un memorándum de su empresa Ibadesa, que era la que operaba en Gabón, a Evaristo do Espirito Santo Carvalho, jefe del Gobierno de Santo Tomé. Según ese memorándum, la empresa de Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig “está presente en 50 países de los cinco continentes” y podría facilitarle a su interlocutor financiación bilateral para proyectos, “basada en créditos con el apoyo oficial a la exportación que otorgan los países donantes, fundamentalmente España”. También aseguraba gestionar financiación multilateral del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o los fondos de la UE.

Los negocios que trataron en Gabón, sin embargo, fueron un proyecto de electrificación rural y otro sobre pesca. Y allí, las iniciativas llevadas a cabo por Pujol Ferrusola no parecían muy transparentes, ya que trabajaba en la sombra para soslayar los concursos públicos. “La semana que viene tendremos una reunión con el director general de Pesca [del Gobierno español] para tratar específicamente las posibilidades de organizar el tema de la pesca en el Gabón (…). La página número 1 del anexo es la metodología que se ha de hacer para que no haya concurso, y en el caso de que fuese irremisible que hubiese concurso, nosotros podríamos presentar tres ofertas a través de empresas coordinadas, pero, como puedes ver, es mucho más difícil que haciéndolo como dice en la página número 1”.

A finales de octubre de aquel año, un fax enviado a la oficina de Duró en Libreville señalaba: “A finales de la semana próxima, Isolux enviará la propuesta de proyecto de la central (…) Dentro del escandallo de los costes, se incluirá el 5% de comisión para vosotros”. No era la primera vez que esa comisión aparecía. En un informe sobre su primer viaje a Gabón de julio de 2001, Jordi Pujol Ferrusola señalaba que “a finales de agosto recibiremos toda la información para poder hacer una oferta de manera que a finales de septiembre o inicios de octubre se volvería a Gabón para presentarla. Se ha de intentar evitar el concurso y pensar cuál es el mejor camino. URGENTE: comisión para ellos: 5%”. Y subrayaba las dos últimas frases. En otras palabras, lo que intentaba era pagar un 5% de comisión y evitar el concurso público de las obras. En ese mismo memorándum, Pujol Ferrusola añadía: “Dentro de este sector, nos han dado cuatro temas más de los que tenemos documentación: a) 2 de transporte de electricidad; b) 1 de minicentral hidráulica; c) 1 de conducción de agua. El 18 de julio de 2001, toda la documentación la tiene el señor Delso, que ha venido a Barcelona”.

El 3 de enero de 2002, Júnior envió una carta a Ferreira en la que le adjuntaba diversa documentación y advirtiéndole que solo faltaba que el secretario de Estado español Juan Costa (que luego sería ministro) firmase las líneas oficiales de ayuda a Gabón. “Mi idea es que si la consulta a Norniella/Costa es positiva, viajar a Gabón a firmar el contrato y los estudios 2, 8, 10 y 11”, decía la misiva. Norniella no era otro que José Manuel Fernández Norniella, en aquel momento presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y el hombre que Jordi Pujol Ferrusola utilizaba de puente para obtener favores del Gobierno que encabezaba José María Aznar.

El 20 de febrero de aquel año, Jordi Puig, socio de Jordi Pujol Ferrusola en los negocios africanos y hermano del actual consejero de Empresa, Felip Puig, enviaba un fax a uno de sus hombres en Madrid. Detallaba que tenían dos proyectos en Gabón, uno por valor de 1,1 millones de euros y otro por 7,3 millones. “Te informo que hemos conseguido las cartas de priorización de dichos proyectos dirigidas al secretario de Estado Costa, de las cuales te adjunto copia”. Esas cartas servían para que el Gobierno español habilitase una línea de crédito Cesce que solo podía ponerse en marcha si el país destino de la inversión calificaba esta como prioritaria. La misma operación la utilizaron para rehabilitar el mercado de Santo Domingo, en República Dominicana, que después tuvo problemas de finalización.

Las operaciones en Gabón no dejaban de lado ni siquiera a los hermanos Pujol. En una de las anotaciones, Júnior señala la necesidad de buscar un arquitecto que pudiera controlar hipotéticas obras en Gabón, Nigeria y Santo Tomé. Y, entre paréntesis, anota los nombres de “Marta+José María”, que coinciden con los de su hermana y el esposo de esta, ambos arquitectos. En otra anotación, no se olvida de detallar un apartado para Josep (“Ya dirán algo. Recordad fijar vuestra comisión”). Y, precisamente, es su hermano Josep quien tiene una empresa que se ocupa de temas turísticos y a la que intentó promocionar en diversas ocasiones: Tourisme &Leisure. Los datos cruzados de los negocios del clan y las transferencias de las cuentas de Júnior a las de sus hermanos hacen sospechar a los investigadores que “la familia Pujol funcionaba como un clan mafioso bien organizado”. De ahí que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado al juez procesar a todos los miembros de la familia por asociación ilícita. De hecho, incluso ha pedido que la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona se integre en la del juzgado de De la Mata, a lo que no se opone Sebastián de Juan, abogado que ejerce la acusación popular en representación del sindicato Manos Limpias.

Millonarios negocios en México.

En México, Jordi Pujol Ferrusola ayudó supuestamente a Isolux a adjudicarse el proyecto de construcción de la autopista Saltillo-Monterrey, con un coste de 190 millones de euros. En aquel país, también participó como socio de esta empresa en el proyecto inmobiliario Azul de Cortés, desarrollado en la Baja California. Para participar en el negocio, compró un porcentaje de acciones por 1,3 millones de dólares (1,1 millones de euros) y dos años más tarde las vendió por 15,2 (13,7 millones de euros). En dos años obtuvo un beneficio neto de 13,9 millones de dólares (12,5 millones de euros), lo que levanta las sospechas de los investigadores de que ahí había algo más que camaradería al hacer negocios. “Posiblemente, se trate de una forma de pagar favores”, comentan fuentes cercanas a las investigaciones.

De Isolux, los informes de la UDEF desgranan comisiones millonarias por diversos conceptos, especialmente por asesoramiento en México. Solo entre 2007 y 2012, Júnior se embolsó más de 1.928.000 euros en concepto de servicios de consultoría “relativas al contrato establecido”. Los contratos a los que aludían las facturas, sin embargo, jamás aparecieron. En la relación de facturas que entregaron a la UDEF, sin embargo, intentaron ocultar otros 1.276.000 euros que había recibido el hijo del expresident por trabajos en México. Todas las facturas “se deben a una supuesta colaboración en proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras en México, realizada por Jordi Pujol Ferrusola, no habiendo sido capaces de entregar ni un solo documento que diera fe de esos trabajos”.

La relación entre Luis Delso y Jordi Pujol Ferrusola tiene, a juicio de los investigadores, dos características: “Por un lado, el desvío de fondos a posiciones financieras bajo la esfera de dominio de Jordi Pujol Ferrusola, bajo el argumento de existencia de una prestación de servicios de intermediación; y, por otro lado, la confluencia de intereses en un negocio inmobiliario, que también, de forma similar a otros casos, dejó ímprobas ganancias al investigado. Además, subyace una intensa participación en obras públicas del grupo societario Isolux, como referencia a ambas cuestiones”, relata un primer informe de la UDEF.

Ese mismo informe afirma que los negocios en Gabón relatados antes eran, en realidad, realizados por Jordi Puig y que Jordi Pujol Ferrusola se limitaba poco más que a poner la mano y contar el dinero, que la empresa que facturaba a Isolux era Ibadesacat (controlada por Jordi Puig, pero en la que Júnior era accionista a pesar de que la UDEF no encontró evidencias de ello) y que fue años después cuando las empresas Project Marketing Cat y Active Translation, empresas de Jordi Pujol Ferrusola, emitieron cuatro facturas para justificar el dinero recibido de aquellas operaciones. Todo un boyante negocio que ahora está bajo sospecha y en el punto de mira de la Audiencia Nacional.

EL CONTRATO CON LOS SUMARROCA

Amigos para siempre. Así podría calificarse a algunos empresarios que han cotizado y cotizan a las arcas del nacionalismo. Y tan amigos son que algunos pagan una doble cotización: al partido y al “amigo” o “avispado”. De momento, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tiene sobre la mesa la patata caliente del caso 3%, es decir, de la investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado nº1 de El Vendrell y que ha terminado con el registro de la sede del partido y la detención de su tesorero, Andreu Viloca (que está en prisión), de su extesorero Daniel Osàcar, del director general de Infraestructures, la empresa de la Generalitat que controla la obra pública de Cataluña, Josep Antoni Rosell, y de seis empresarios. Y todo por una denuncia presentada en 2012 por Montserrat Gasull, concejal de ERC en Torredembarra. Nombres, lugares, empresas, empresarios y modus operandi de este caso se entrecruzan claramente con el caso Pujol, evidencia de que Cataluña ha acogido durante años tramas que hacían suculentos negocios. Para muestra, un botón: en julio pasado fue detenido Jordi Sumarroca, director de la empresa Teyco, del grupo Emte. Los Sumarroca pagaron alrededor de un millón de euros a Jordi Pujol Ferrusola en concepto de comisiones y, paralelamente, cotizaban el 3% de comisión a la Fundación CatDem, vinculada a CDC, producto de las obras públicas que le adjudicaban desde la Generalitat o desde ayuntamientos gobernados por este partido. Con Jordi Pujol Ferrusola, los Sumarroca habían firmado un contrato por el que le pagarían un 3,5% de comisión sobre facturación más un 50% del margen bruto ligado a la consecución de objetivos. En el contrato, especificaban que esos negocios debían ser fuera de Cataluña. Con ello, no despertaban sospechas. Otro de los nombres comunes es el de Xavier Tauler, consejero delegado de la constructora Copisa e íntimo amigo del primogénito de los Pujol Ferrusola. Igual que Sumarroca, Tauler le pagó cientos de miles de euros por supuestos “informes verbales” sobre posibles negocios, sin que mediase contrato alguno, ni siquiera alguna constancia documental del trabajo realizado. Copisa era también una de las constructoras mimadas por el Gobierno de Jordi Pujol y una generosa cotizante a las arcas de la fundación de Convergència: solo entre 2008 y 2013 donó 580.000 euros a CatDem. Tauler también prestó una nave al hijo del expresidente catalán para que pudiese guardar su flotilla de coches de lujo. Son los ejemplos más claros de la doble imposición: al partido y al amigo. O al “avispado”, para ser más exactos.