Amenazas independentistas a funcionarios
03 / 05 / 2017 Antonio Fernández
Las amenazas de Lluís Llach a los funcionarios que trabajan para la Generalitat incendian el ambiente.
El diputado de Junts pel Sí Lluís Llach en el Parlamento de Cataluña
El Gobierno catalán tiene un problema con los funcionarios. No es nada nuevo, pero con el referéndum a la vuelta de la esquina, la cosa se agrava. Los Mossos d’Esquadra ya han avisado en varias ocasiones de que el cuerpo está “para servir a la legalidad” y no obedecerán órdenes si vulneran la legalidad vigente. El truco de los soberanistas pasa por inventarse una legalidad nueva y someterles a la misma. De ahí que el diputado de Junts pel Sí (JxS) Lluís Llach sacase pecho durante una conferencia en Sant Sadurní d’Anoia y asegurase que “en el momento en que tengamos la Ley de Transitoriedad Jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado”.
La Ley de Transitoriedad Jurídica es la que sustituye la legislación española por una exclusivamente catalana. El propio Llach reconocía en la conferencia que “lo que prevé la ley es que a partir de ese momento, en todo aquello que concierne al desarrollo hacia la independencia, las leyes que deben seguirse serán las catalanas. Por tanto, los funcionarios deberán obedecer estas leyes”. En otras charlas, el diputado ha reiterado que “el que no crea en la Ley de Transitoriedad Jurídica será sancionado”, porque “aquel que no responda a la legalidad catalana podrá ser sancionado por el Estado catalán”.
Lectura única
Las condiciones para aprobar esa ley ya están dadas: esta semana JxS y la CUP han hecho valer su mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar la reforma del reglamento. A partir de ahora, cualquier grupo puede presentar una ley y aprobarla por la vía de lectura única, lo que evita además que se puedan presentar enmiendas y debatir en el pleno. Así piensan aprobar la Ley de Transitoriedad para, inmediatamente, y sin que el Gobierno central tenga tiempo de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional, convocar el referéndum.
Desde la Generalitat no valoran las palabras de Llach, en una medida estrategia de secretismo en relación con el procés. De hecho, en la cúpula de la Administración catalana están de acuerdo, pero no pueden decirlo porque sería avalar un delito. La portavoz del Gobierno, Neus Munté, tras la última reunión del Ejecutivo de Puigdemont, dejó caer que “las leyes nos obligan a todos” y que su Gobierno garantizará “la protección jurídica de los funcionarios”.
