Alta tensión entre el Gobierno y la banca

10 / 02 / 2012 José María Vals
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Las relaciones entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y los presidentes de los principales bancos españoles han empezado con más tensión de la que el propio sector financiero esperaba. La culpa es de la reforma financiera.

Dice un viejo proverbio financiero que como mejor les va a los banqueros es llevándose bien con quienes estén en el Gobierno en cada momento. “¿Chaqueteros? No. Simplemente prácticos”. La afirmación, la pregunta y la respuesta son de un alto directivo bancario tras reconocer que el inicio de las relaciones de la banca con el Gobierno de Mariano Rajoy está siendo tenso.

La reforma financiera aprobada por el primer Consejo de Ministros de febrero no le ha gustado del todo a ningún banquero. Todos estaban de acuerdo en que algo había que hacer para que los bancos se dediquen a lo que tienen que dedicarse: dar créditos; pero casi ninguno de los presidentes de los grandes bancos ha dado saltos de alegría cuando conocieron el texto final. Habían discutido los detalles con el Ministerio de Economía y con el Banco de España durante algunas semanas antes en conversaciones informales. Al final, sin embargo, y parafraseando a Miguel de Unamuno, cada banco es cada banco y todos intentaban arrimar el ascua a su sardina. El ministro de Economía no llegó a tirar por la calle de en medio, porque ha hecho concesiones importantes, pero redactó una reforma que toca algunas fibras sensibles de los grandes banqueros españoles.

“La rebaja del sueldo de los directivos de bancos y cajas con ayudas o nacionalizadas no es un plato de gusto; nadie se creería que nos da igual: ¿a quién le gusta que le bajen el sueldo? Pero esa no ha sido la única discrepancia con el Gobierno, hay otras que hacen daño a entidades que no han recibido ayudas. Ahí no hay bajadas de sueldo, pero sí ha dejado heridas”. La reflexión es de otro ejecutivo de una de las cinco principales entidades financieras españolas, que también reconoce tensiones en la relación de la banca con el equipo económico del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero, ¿cuáles son esas heridas dejadas por la reforma financiera y a quiénes afecta?

Queja amarga.

Quizás la queja más amarga es la del presidente del Santander, Emilio Botín. Sin levantar la voz, dejando claro de antemano que no va a decir nada en contra de las medidas del Gobierno y sabiendo que al no tener ayudas públicas ni a él ni a sus colaboradores les afecta la bajada de sueldos, lleva dos semanas, desde que conoció el borrador del texto del Gobierno, en las que no ha parado de repetir que su banco sale malparado con la reforma. En público modera el mensaje y dice que la exigencia legal de bajar el valor a los inmuebles y el suelo le obliga a reducir los beneficios en mayor proporción de la deseada y que los mercados financieros no han entendido que una vez hecho el esfuerzo, el Santander puede ser una auténtica máquina de ganar dinero, porque su fuerza está en que el negocio español ha dejado hace mucho de ser el más importante del grupo.

En privado, en las reuniones de altos directivos, la cúpula del Santander utiliza habitualmente una palabra que ha corrido como la pólvora en los segundos niveles de mando de la entidad. Todos hablan de que la reforma financiera y la obligación de apartar en una hucha especial el dinero suficiente para cubrir la diferencia entre el precio de tasación de los inmuebles y el que ahora les obliga a poner el Gobierno constituye un auténtico rejón. Esa es la palabra mágica con la que describen el daño que les va a hacer la nueva norma legal. No hay ascensor ni pasillo dentro de la Ciudad Financiera (así se llama la sede central del banco en la localidad madrileña de Boadilla del Monte) en los que alguien no haya escuchado en las últimas semanas una queja de algún empleado cualificado del banco hablando del rejón que les ha clavado el Gobierno.

Rodrigo Rato, presidente de Bankia, está en las antípodas de Botín en cuanto a las quejas. Y es que el exministro –que tuvo en su día de subordinado al hoy titular de Economía, Luis de Guindos–, como diría Rubalcaba, habría hecho las cosas de otra manera. Para empezar, a Rato sí le afecta la bajada de sueldo (ver recuadro). Bankia, entidad que acumula el negocio financiero de Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja de Ávila, Caja de Segovia, Caja Insular de Canarias y Caja de La Rioja, tiene un préstamo de 4.465 millones de euros que le hizo el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Ese dinero se considera ayuda estatal, ya que para poder prestarlo el Fondo tiene que emitir deuda pública, y por eso le afecta de lleno la rebaja de salarios. Que a alguien le bajen el sueldo a la cuarta parte, como le va a ocurrir este año al presidente de Bankia no es plato de gusto, pero es que además mantiene con su exsubordinado De Guindos alguna discrepancia más.

El banco malo.

Desde el momento en que se planteó la necesidad de sanear más rápido la acumulación de suelo y promociones inmobiliarias en manos de la banca, Rato ha sido partidario de la creación del famoso banco malo. Eso habría supuesto que el Estado permitiera a las entidades financieras sacar de sus cuentas toda esa rémora de propiedades inmobiliarias, dejándolas aparcadas en un gran banco financiado en parte con fondos de la propia banca y en parte con recursos del FROB, a la espera de tiempos mejores para poder vender los pisos y las fincas. Pero ahí Rajoy y De Guindos fueron tajantes: el saneamiento se haría sin banco malo y de forma muy rápida. Tras el desaire, el presidente de Bankia, militante del PP, no se ha callado y, a diferencia de Emilio Botín, no ha guardado las críticas más duras para sus conversaciones privadas. Las ha expresado en público.

En el entorno del presidente de Bankia, la palabra mágica no es rejón, sino hachazo. El corte en las valoraciones de las propiedades inmobiliarias de la banca se considera un error que puede tener consecuencias incluso fuera del sector financiero. En opinión de Rato, esta bajada artificial del suelo y los pisos reducirá el valor global de las propiedades inmobiliarias del conjunto de los españoles. Eso hará que la riqueza patrimonial de empresas y familias caiga, y todo ello se reflejará en una dificultad añadida para el repunte de la economía. La regla de tres es simple. Si el Gobierno obliga a bancos y cajas a dejar apartado como colchón el 80% del valor del suelo que tienen y el 50% del precio de tasación de los pisos (ya este año tendrán que dejar un 35% y si no los venden subirán cinco puntos cada año, hasta llegar al 50% en tres años), los descuentos que aplicarán para soltar lastre serán mucho mayores que los que hacen ahora y el precio de las propiedades inmobiliarias en su conjunto caerá. El Gobierno dice que eso acelerará la recuperación y Rato opina que será otro palo en la rueda de la economía.

Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de la patronal de cajas de ahorros (CECA), también ha abogado desde el principio por el banco malo y, al igual que Bankia, lo ha creado de hecho dentro de su propia estructura interna. Ambas entidades han separado del balance ordinario de los bancos que han creado todas las propiedades inmobiliarias. Pero eso no les eximirá de sanearlas, ya que esos dos bancos (Bankia y Caixabank) siguen siendo los propietarios, directa o indirectamente, de esas propiedades.

 

Bancos zombis.

¿Y qué opina de todo esto Francisco González, presidente del BBVA, otro de los grandes bancos españoles? Pues a pesar de su afinidad histórica a los gobiernos del PP (fue José María Aznar quien le empujó hacia la presidencia del BBVA tras nombrarle presidente de Argentaria, entidad que se fusionó con el entonces BBV), también tiene sus motivos de queja con la reforma financiera. González, decidido partidario del liberalismo financiero americano, cree que cualquier legislación que impida la quiebra de las entidades en peor situación es un error. Nunca ha escondido su opinión favorable a que si algún banco o caja tiene que desaparecer lo haga. Para eso está el Fondo de Garantía de Depósitos, que deja a cubierto los ahorros de los clientes, y después, que cada palo aguante su vela. Dicen quienes le conocen más de cerca que Francisco González es un convencido de que, con la aplicación de las estrictas reglas del mercado, lo que acabaría ocurriendo es que las entidades que tienen más problemas, en lugar de ser salvadas, serían más baratas para ser compradas por otros bancos más grandes y así podrían ganar tamaño con menos coste. Al presidente del BBVA tampoco le afecta la bajada de sueldos de la reforma financiera, porque el banco no tiene ayudas públicas. Sus discrepancias de fondo son por la intensidad de la reforma y lo que él considera barreras artificiales a la fuerza del mercado. Su banco, por otra parte, no sale especialmente perjudicado con las nuevas normas, porque ya ha llenado una parte importante de la hucha para sanear inmuebles en años anteriores y también ha diversificado su negocio en el exterior, pero tampoco le ha gustado el texto en su conjunto.

El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, a quien tampoco le afectan las bajadas de sueldos de altos directivos, coincide con Francisco González en que los bancos o cajas mal gestionados no deberían ser salvados. Ron utiliza desde hace algún tiempo la expresión “bancos zombis” para referirse a esas entidades financieras que, en su opinión, deberían desaparecer porque si no son viables es inútil salvarlas, ya que al final al conjunto de la banca y a los ciudadanos les saldrá más caro el remedio que la enfermedad. Según el presidente del Popular, esta reforma hará que los recursos empleados por la banca más sana en sacar del atolladero a la que ha sido mal gestionada podrían dedicarse a cosas más importantes para la economía española, como dar créditos a la clientela.

Concesiones.

Como puede verse, ninguno de los presidentes de los grandes bancos está plenamente de acuerdo con la reforma emprendida por el Gobierno. Y ello a pesar de que el decreto-ley aprobado contiene algunas concesiones reclamadas por los banqueros a lo largo de sus conversaciones. Mirado con detenimiento, el texto legal es verdad que no le hace ningún favor al Santander, que a no ser que entre en la rueda de las fusiones y decida comprar alguna otra entidad no tendrá ninguna ventaja adicional. Y, ¿al resto? La verdad es que favores directos tampoco les hace, pero sí recoge parcialmente algunas de las ideas que propusieron los banqueros. Un ejemplo lo constituye el hecho de que el decreto-ley haya limitado considerablemente la capacidad discrecional de la que disponían las entidades financieras nacionalizadas para elegir el momento de su vuelta al mercado. Eso contenta parcialmente a Francisco González y Ángel Ron, porque pone condiciones más duras a las cajas salvadas de la quiebra, pero ninguno de los dos lo considera en el fondo suficiente. Y una concesión importante es permitir que las cajas puedan seguir manteniendo el control de los bancos que han creado, aunque su participación en el capital social baje del 51%, cosa que agrada especialmente a Isidro Fainé, quien desea que La Caixa siga controlando Caixabank para sostener su obra social.

Los presidentes de los grandes bancos se han pasado meses reclamando contundencia en las reformas para que la economía española se normalice. El Gobierno ha empezado con fuerza, pero algunos piensan que en una dirección que no es del todo la adecuada.

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