Alfonso Guerra ve más probable un Gobierno del PP o nuevas elecciones

Las pasadas elecciones del 20 de diciembre han ofrecido resultados que hacen difícil gestionar las consecuencias de un Parlamento segmentado. A esta dificultad ha de añadirse la ceguera con que los partidos políticos están afrontando la nueva situación. Y ello porque no han aceptado la verdad de los resultados: todos han perdido en el envite electoral, pero todos quieren aparecer como ganadores.

El partido del Gobierno, el PP, pasa de disfrutar de una mayoría absoluta a 123 diputados (pierde 63 escaños) cifra insuficiente para gobernar, sobre todo porque su política de desprecio al resto de partidos durante los últimos cuatro años dificulta que otros partidos quieran pactar con él; el PSOE, con 90 diputados (20 menos), no puede argumentar que le haya ido bien, aunque sea cierto que está en mejor disposición para acordar con otros; Podemos anunció que asaltaría los cielos y ha tenido que conformarse con 42 diputados, a los que se agregan (veremos si durante toda la legislatura) otros 27 de partidos de Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana; la formación de Albert Rivera, Ciudadanos, que presumía de tener asegurada la presidencia del Gobierno, queda con 40 diputados; y los otros dos partidos de ámbito nacional Izquierda Unida (IU) y Unión, Progreso y Democracia (UPD), quedan despojados de toda relevancia política, con dos y cero diputados, respectivamente.

El resumen es que las elecciones pasadas han laminado las expectativas de todos los partidos y han burlado la batalla contra el bipartidismo: dos formaciones consiguen más del 60% del Congreso de los Diputados y una docena de ellas, menos del 40%. Es lo que tiene la libertad de los electores, que a veces votan sin atender las consignas más repetidas. Escrutados los votos y tomada conciencia del reparto que han decidido los ciudadanos, empieza la tarea de transformar esos resultados en un Gobierno que sea útil a la sociedad. Y aquí comienzan los problemas.

El partido ganador, el PP, expresa un concepción pintoresca de la democracia: es obligado aceptar que el partido más votado es quien debe formar Gobierno, como un derecho natural. ¿Es posible que desconozcan que en una democracia parlamentaria no se elige al presidente, sino que este es elegido por los diputados? El candidato que obtiene mayor apoyo en la Cámara es el investido como presidente. Por lo tanto, teóricamente, todas las combinaciones son posibles, por lo que resulta ridículo escuchar a los miembros del Gobierno en funciones reivindicar su derecho a gobernar. Claro que estamos hablando de la teoría política (que es importante respetar) pero en la práctica las opciones encierran barreras casi infranqueables. Solo existen cuatro alternativas:

–El partido con mayor número de escaños logra la investidura para el presidente del Gobierno.

–Una mayoría alternativa, liderada lógicamente por el segundo partido en número de escaños, el PSOE.

–Los partidos que defienden la Constitución PP, PSOE y Ciudadanos, forman una coalición.

–Fracasados todos los intentos, se convocan de nuevo elecciones.

La primera fórmula, Gobierno en minoría del PP, necesita de al menos la abstención de Ciudadanos y del PSOE, el primero ha manifestado desde el primer día su disposición, el segundo ha insistido en su negativa en base a que representa la alternativa al PP.

La segunda posibilidad, Gobierno de las izquierdas liderado por el PSOE, tiene una dificultad insalvable, el apoyo de algunos de esos grupos a un proceso difuso del inventado derecho a decidir en el camino de la independencia que propugna el nacionalismo separatista y separador.

Un Gobierno de concentración de PP, PSOE y Ciudadanos parece que será la “solución” con la que presionarán a los partidos las entidades y personajes más ligados al funcionamiento de la economía y las empresas, pero resultaría de muy difícil –si no imposible– la aceptación de la militancia y el electorado socialista.

Si las tres fórmulas descritas no llegaran a puerto, solo quedaría convocar nuevas elecciones con una previsión incierta, pues los electores podrían repartir los números de manera semejante a como lo hicieron el 20 de diciembre pasado, y vuelta a empezar, con el peligro de deslizarnos por una pendiente que se parezca al bucle político que paraliza habitualmente la gobernación en Bélgica.

Aunque las nuevas elecciones también podrían ofrecer algunas modificaciones previsibles. Una parte considerable del voto que se desplazó desde el PP a Ciudadanos podría volver al partido conservador, al comprobar los electores las dificultades que se han presentado para la formación de Gobierno, lo que permitiría al PP alcanzar un número de diputados en torno a 150; por otra parte, la lógica desmovilización del electorado al convocar otras elecciones en breve tiempo podría perjudicar en la zona de la izquierda más al PSOE que a Podemos con sus aliados, con riesgo de que este grupo pudiese adelantar al primero.

Se dan a veces situaciones paradójicas, como en las últimas elecciones. Los resultados han colocado a un partido, el PSOE, en una posición contradictoria: es la clave para cualquier combinación, todas las posibilidades descritas dependen de la posición que adopte y, al mismo tiempo, le sitúan en una posición incómoda porque su decisión debe contar con la aprobación de sus electores, y militantes, si quiere pensar en el futuro de la organización. Está además obligado a una actuación urgente de pedagogía para explicar convincentemente que la actitud que tome es la mejor para el país y para el partido.

La paradójica posición del PSOE –es clave pero tiene dificultades serias para tomar una decisión– se puede comprobar con un hecho absurdo. Pocas horas después de conocerse los resultados electorales, dos organizaciones políticas “acusaban” al PSOE de responsabilidad política contradictoria. Ciudadanos descargaba sobre el PSOE la culpa de que no hubiese estabilidad en España si el Partido Socialista no se abstenía en la investidura de Mariano Rajoy; al mismo tiempo, Podemos culpabilizaba al PSOE de impedir una alternativa progresista si se abstenía en la investidura de Rajoy. Es decir que el PSOE es “culpable” si se abstiene y si no se abstiene en la investidura de Mariano Rajoy. Difícil lo ponen.

Expuestas las posibles alternativas a la fragmentación del Parlamento, ¿cuáles son las más probables? Atendiendo exclusivamente a las circunstancias numéricas y a las restricciones que establecen las posiciones extremas en cuanto a la soberanía nacional, solo parecen probables dos salidas de muy corto recorrido: Gobierno del PP en minoría, con apoyo externo de Ciudadanos y oposición del PSOE (aunque en la investidura se necesita la abstención de ambos) o elecciones en la primavera, salvo que el difícil intento de Pedro Sánchez llegase a puerto, por temor de todos a la repetición de elecciones. Los dirigentes políticos no lo tienen fácil pero los ciudadanos, el país, necesitan alguna solución.