Adiós a las subvenciones de los ricos

Las ayudas agrícolas de la Unión Europea, que nacieron para compensar la renta de agricultores en apuros por la histórica crisis del campo, han beneficiado en mayor medida a quienes acaparan más tierra. Desde la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, a apellidos vinculados a grandes bancos y empresas cotizadas en Bolsa, como March, Botín, Benjumea, Conde, Cortina, Alcocer, Entrecanales, todos llevan años solicitando y beneficiándose de fondos destinados a que el campo no se hunda.

En los listados de reparto de ayudas sus grandes sumas aparecen junto a agricultores reales que cobran subvenciones muy modestas. Pero esto podría cambiar porque la Comisión Europea va a presentar en noviembre una reforma con la que pretende que los subsidios agrícolas sólo puedan ser cobrados por quienes son realmente agricultores y, además, incluso podría establecer una limitación en las cantidades para que no se produzca la paradoja de que un subsidio sirva para hacer rico a alguien. Puede ser el adiós a los 5,5 millones de euros que recibe cada año la familia Mora Figueroa, el millón largo de euros que se embolsa la duquesa de Alba, los más de 300.000 euros de la familia Botín, los 458.000 de Mario Conde, los 375.000 de los hermanos Benjumea o los 130.000 de los Entrecanales.

No perdonan ni un céntimo. La dueña de Prosegur, Helena Revoredo, araña hasta los 8 escasos euros correspondientes a su empresa Gubel por la subvención a la producción de aceite de oliva. Todo suma hasta alcanzar los 81.379 euros que cobra en ayudas agrícolas en las mismas sociedades a través de la que es dueña de Prosegur, con la que ha visto crecer su fortuna un 60% este año gracias a su evolución en la Bolsa.

No es la única. Muchas de las grandes fortunas españolas han usado la misma empresa con la que protagonizan grandes operaciones en los mercados financieros para comprarse sus fincas en el campo y captar subvenciones agrícolas. Agropecuaria El Castaño, que lleva el nombre de la finca de que disfruta Emilio Botín en la localidad de Piedrabuena, en Ciudad Real, era la sociedad a través de la que el financiero controlaba la mayoría de su paquete de acciones del Banco Santander. Hoy ese papel lo juega, entre otras sociedades de cartera, la empresa Bafimar, que además de ser dueña de unos 5,7 millones de acciones del Santander valoradas en más de 53 millones de euros, es dueña también de una de las fincas de recreo de la familia Botín en Ciudad Real. Con aeropuerto privado en el que su dueño puede aterrizar directamente para descansar, las fincas de los Botín son vecinas en los alrededores de Piedrabuena, Luciana o la Puebla de Don Rodrigo.

Millones de metros cuadrados.

Las 2.793 hectáreas (casi 28 millones de metros cuadrados) de la finca La Salceda fueron el refugio del ex banquero Mario Conde. Hoy a nombre de sus hijos, Conde se la compró al famoso torero Marcial Lalanda, el del pasodoble. Año tras año recolecta subvenciones agrícolas de cientos de miles de euros. Lo hace junto con su otra finca de Los Carrizos, esta en Andalucía, en la que plantó apresuradamente olivos cuando las normas de la Unión Europea iban a cambiar y las ayudas se iban a dar al árbol, en lugar de a la superficie. En 2009 su cosecha de subvenciones alcanzó los 458.080 euros.

Las sociedades de Alberto Cortina (Percacer) o Alberto Alcocer (Comercio y Finanzas) han sido las protagonistas de algunas de sus más sonadas operaciones financieras. Grandes aficionados a la caza, ellos y sus respectivas esposas, se solazan en las fincas El Avellanar y Las Cuevas, ésta última donde se casaron Alcocer y Elena Cué. Sus activos están valorados muy por encima de los cien millones de euros y, como dueños, los famosos primos que pusieron de moda las gabardinas en los años ochenta reciben 316.000 euros, Alcocer, y 65.000 euros, Cortina.

No son los únicos de la familia. Sin sociedad interpuesta, Alfonso Cortina Alcocer (ex presidente de Repsol) también se apunta a recoger subvenciones por valor de 30.000 euros. Todos rondan por Toledo y Ciudad Real, algunos muy cerca del parque nacional de Cabañeros. Otros, como los March, una de las grandes fortunas de toda la vida, también cobran ayudas a través de alguna de las sociedades con las que también realizan sus negocios financieros en las bolsas, por una finca en Baleares.

La duquesa de Alba forma parte de la categoría de terratenientes históricos. Aun así, supera con creces algunos de los subsidios cobrados por los apellidos más sonados en Europa. Si el duque de Westminster, considerado uno de los grandes latifundistas europeos, recibe ayudas por 470.000 euros, las empresas de Cayetana de Alba suman más de un millón. Sin contar las que cobran a título personal otros familiares de la misma casa. Jacobo Fitz James Stuart Gómez, por ejemplo, suma cerca de medio millón de euros al año. Ni siquiera los reyes: The Royal Farms, las granjas reales de los Windsor, cobran sólo 159.768 euros.

Entre los grandes perceptores se encuentran empresas con fincas famosas por sus cacerías, como Aguas de Verano, en cuyas tierras cazó Estefanía de Mónaco, y que en total recolecta más de 140.000 euros en subvenciones. También Dehesa de Los Llanos, donde lo hizo el ex presidente de Estados Unidos George Bush padre. También aparecen familiares de políticos, como la suegra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que cobra subvenciones en Albacete por 690.000 euros.

La relación entre estas grandes fortunas, sus fincas y las subvenciones agrícolas ha protagonizado polémicas en torno a las reformas de la política agrícola europea en los últimos años. Algunos presidentes autonómicos subrayaron el hecho de que muchas de estas sociedades están domiciliadas en Madrid, lo que simbolizaba de forma más llamativa que no eran recursos que se beneficiaran a sus regiones. Más adelante, las sucesivas reformas agrícolas llevaron a estos grandes propietarios a adaptarse.

Cuando se impuso la llamada modulación, según la cual se le aplicaban algunos leves recortes a quienes cobraran subvenciones por encima de ciertas cantidades, algunos de ellos no sobrepasaban esos límites a partir de entonces (no cultivaron o no solicitaron subvención, por tanto) o incluso desgajaron sociedades para repartir las subvenciones entre varias. La última reforma dejó en evidencia que, además, pueden cobrar las ayudas sin necesidad de realizar una actividad productiva. Así, extensiones que eran cultivadas se dejaron como praderas permanentes para ganado, ya que el llamado desacoplamiento de las ayudas hacía posible cobrar según lo recibido en años anteriores.

Justificación social.

Ahora, la Comisión Europea pretende una reforma que dedique estos recursos sólo a los agricultores. Algunas organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) o la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) defienden desde hace años que las ayudas vayan sólo al agricultor profesional. Tras una llamada de atención del Tribunal de Cuentas europeo y un pronunciamiento del Parlamento Europeo, el Ejecutivo comunitario ha anunciado que su intención es avanzar en ese sentido. También podría tener en cuenta el trabajo que generan las explotaciones a la hora de repartir subsidios, ya que muchos de los grandes perceptores de ayudas apenas sostienen mano de obra.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, subraya: “Queremos que las ayudas al sector agrario tengan justificación social” y no que vaya a estas grandes fortunas. Ramos defiende que sólo el hecho de ser dueño de una finca “no da derecho a cobrar ayudas que estaban pensadas para complementar la renta de agricultores y ganaderos”. El responsable de esta organización agraria confía en que el anuncio de esta orientación en la próxima reforma agrícola europea se lleve a cabo ya que considera que el actual comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, “conoce mucho mejor el sector que los últimos comisarios y sabe reconocer los problemas del sector agrario”. Ante la posibilidad de un recorte en los fondos, Ramos cree que se hace más evidente que es necesario “redistribuir de forma más justa el dinero que hay, para demostrar que el dinero sirve”.

No se corresponde este punto de vista con el que tienen muchos grandes propietarios. Quizá sea la duquesa de Alba la que mejor resuma su manera de pensar, ya que Cayetana de Alba sostiene que tiene derecho a recibir subvenciones del Estado como cualquier otro español, independientemente de su mayor o menor fortuna personal.

Las sucesivas reformas de la Política Agrícola Común (PAC) han mantenido grandes paradojas en la concesión de subsidios. El motor de los cambios han sido siempre las obligaciones contraídas en los tratados de libre comercio mundial, que no permitían la subvención a las producciones agrícolas. Para evitarlo, aunque fuera sólo semánticamente, las reformas se enfocaron a repartir subvenciones en lugar de por cultivos producidos, por hectárea, con lo que siguieron favoreciendo a los propietarios de grandes explotaciones. En algunos cultivos, como en el olivar, se hizo por árbol.

Recortes a los terratenientes.

Cuando al fin se introdujo un sistema para intentar recortar las subvenciones a las grandes fortunas o a los grandes terratenientes, el sistema mostró muchos fallos. Se conoció como modulación de las ayudas, pero frente a la pretensión de las organizaciones de pequeños agricultores, que ante la amenaza de recorte en las ayudas europeas pretendían que los grandes latifundistas no recibieran tanto dinero y el ahorro sirviera para repartirlo entre los demás, el resultado fue que el recorte afectó también a agricultores de verdad. Además, los fondos que se ahorraban se dedicaban a subvencionar otras políticas de desarrollo rural pero, paradójicamente, destinaba fondos a asuntos como la reforestación, donde de nuevo eran los grandes propietarios los más beneficiados. Así, lo que dejaban de cobrar por un sitio, lo recibían por otro. “Aquello no era modulación, era prostituir el término”, afirma Ramos. A su entender, aquello fue un recorte lineal de las ayudas que afectó tanto a los que viven de la agricultura como a los que no.

Efectos perversos.

La última gran reforma agrícola europea tuvo que desligar definitivamente las ayudas de la producción. Fue el llamado desacoplamiento, que hizo que las explotaciones cobraran en función de lo recibido en ejercicios anteriores, sin necesidad de tener que realizar una actividad productiva. Esta reforma acentuó uno de los efectos perversos de las ayudas. Algunas de las empresas de los grandes propietarios incluso recibían más dinero por la subvención que el que obtenían por la venta de sus cosechas. En otras, los subsidios constituían la parte principal de sus ingresos. En plena crisis mundial de los alimentos, con los precios por las nubes, la ONG Intermón Oxfam realizó una campaña de denuncia en la que destacó uno de los efectos tradicionales de estas ayudas: siete familias de grandes propietarios en España reciben tanto dinero como el que se reparten 12.700 explotaciones.

En España, 303 empresas o particulares recibieron ayudas en 2008 por encima de los 300.000 euros, sin que se trate de cooperativas en las que participan a veces cientos de personas.

Prácticamente la mitad de presupuesto de la UE se dedica a la financiación de la Política Agrícola Común. España recibe como subvenciones directas 7.112 millones de euros al año, lo que la coloca como el segundo país con más ayudas por este concepto. En general, los comisarios europeos de Agricultura han manejado la ecuación según la cual el 20% de los perceptores de ayudas agrícolas europeas acaparan el 80% de ellas.