PORTAVOZ DEL PP EN LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Pedro Gómez De La Serna

18 / 12 / 2013 10:34 Luis Calvo; foto: David García
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Cuando se cumplen 35 años de la Constitución Española, Pedro Gómez de la Serna responde a quienes abogan por emprender una reforma profunda en la Carta Magna y el modelo territorial. En su opinión, ese proceso generaría más inestabilidad que la que trata de resolver.

“No hay un modelo alternativo al Estado autonómico”

¿Comparte la sensación cada vez más generalizada de que hay que reformar la Constitución?

Primero, las últimas encuestas del CIS no dicen exactamente eso. Hay un 13% de españoles que no están nada satisfechos con la Constitución. El resto está entre muy y poco satisfecho. Pero nada satisfecho, que rechace el texto constitucional, solo un 13%. Por otra parte, no olvidemos de dónde venimos. En el año 70 teníamos una renta per cápita de 1.000 dólares, ahora de 35.000. España era un país aislado, sin reconciliación nacional. Éramos un país en vías de desarrollo y nos parecía estupendo. Un país agrícola con infraestructuras deficientes y sin empresas multinacionales. El salto que ha dado España en estos
 35 años de Constitución ha sido espectacular y eso hay que ponerlo en valor en términos de riqueza, de Estado del bienestar, movilidad social, reconocimiento de la pluralidad, derechos de los españoles y libertades públicas.

 

Aun así, son multitud los partidos que proponen modificar la Carta Magna.

La tercera preocupación de los españoles son los partidos políticos. Debemos tener cuidado y no transferir a la sociedad problemas que son del poder político. Bastante tiene la sociedad para que encima los partidos pongamos sobre la mesa un problema que para los ciudadanos no es tal, el marco constitucional, y empecemos a pelearnos transmitiendo inestabilidad al país.

 

Alguno de los padres de la Constitución también reconoce que está anticuada...

Yo no comparto ese criterio. Si nos vamos a las constituciones comparadas, la italiana es de 1947; la alemana, de 1949; la francesa, de 1958; la estadounidense, de 1787...

Y todas ellas han sido reformadas.

Es verdad. La Constitución americana tiene 21 enmiendas, pero la última es de 1971. Italia ha vivido en un permanente proceso de tentativas de reforma, muchas sin éxito. Pero si uno se fija en los temas que se han modificado y en qué circunstancias, muchas veces se han tocado para adaptar a tratados internacionales. Y nunca se ha abordado un proceso profundo de reforma sin unas determinadas condiciones. Primero, no generar más inestabilidad de la que se deja. Segundo, saber aproximadamente cuál va a ser el punto de llegada. Y tercero, clave, no se puede iniciar una reforma sin un marco de lealtad institucional garantizado. Es decir, no se puede reformar la Constitución para demoler la integridad territorial del Estado o poner en cuestión los derechos de los españoles. No es cuestión de negarse a abrir un proceso, sino de hacerlo con sentido común.

 

Ninguno de los dos grandes partidos propone demoler el Estado, ¿no?

No, por supuesto que no. Pero tenemos que ir a un proceso de reforma que cuente con el mismo consenso que en el 78. Iniciar un proceso de reforma ahora para empeorar las legitimidades y las relaciones con los partidos nacionalistas o autonómicos... para ese viaje no hacen falta esas alforjas. Yo cuando vi las 14 propuestas del PSOE lo primero que me pregunté fue a qué Estado federal se refiere. Segundo, ¿en qué se diferencia del modelo actual? Y tercero, ¿va a servir para integrar los nacionalismos en España? Sin respondernos honestamente a esas preguntas yo creo que más vale no iniciar una aventura incierta.

 

¿No ganaría legitimidad si los ciudadanos la votaran? Muchos no lo hicieron.

Según eso, las constituciones habría que rehacerlas cada 15 años. Eso da una inestabilidad al país que lo hace inviable. Ningún país occidental serio y sólido está en eso. Para ir adaptando la Constitución está la flexibilidad del texto. Y el nuestro lo es. Por ejemplo, nuestro modelo autonómico se parece muy poco al del año 1978. Las interpretaciones del Tribunal Constitucional están para eso. De ahí a abrir el tarro de las esencias cada 15 años... a mí me parece un disparate.

 

Decía que los partidos políticos son un problema. ¿Qué deben cambiar?

Lo primero es ser conscientes de qué quiere la sociedad de nosotros. No podemos transferir nuestros problemas a la sociedad. Un partido no puede pretender que sus problemas de identidad se arreglen abordando una modificación constitucional. Igual que no puede pretender salir de una situación estratégicamente equivocada poniendo patas arriba el marco constitucional. La Constitución está para ser la ley menos reformada. Y debemos ser ejemplares. No solo en comportamiento público, sino también en nuestras trayectorias profesionales. Y, por último, los partidos como estructuras deben hacer su deberes. Deberían ir a procesos de mayor apertura social y, por qué no, mayor participación interna de sus afiliados y mayor democracia interna.

 

¿Qué piensa de la acusación de que los aparatos son un foco de corrupción?

Ha habido problemas de corrupción. Eso es innegable. Todos los partidos los hemos tenido y nos han hecho mucho daño. Sin embargo, yo creo que es un problema que pertenece al pasado más que al presente. Se han puesto tantos focos legislativos, políticos y mediáticos sobre estos temas que antes de saltarse la ley la gente se lo pensará dos veces. Estamos viendo que los implicados pagan. En todos los ámbitos. Dicho esto, entiendo que la gente esté enfadada por que el problema ha existido. No en los partidos como aparato, sino en personas que estaban al frente del manejo de fondos tanto en los partidos como en ayuntamientos, diputaciones, sindicatos... o donde fuera.

 

¿Cómo es posible que nadie advirtiera durante años los manejos de Luis Bárcenas?

Las dos personas, tanto el tesorero como el gerente que luego fue tesorero, eran antiquísimos miembros del PP. Llevaban muchísimos años y respecto a ellos se había establecido una relación de confianza bajo cuya protección... Bueno, el juez dirá lo que hicieron. No me corresponde a mí. Pero que se cometieron errores, claro, con total seguridad. Si no, no estaríamos donde estamos. Ahora, no sé en qué términos se produjo esa ruptura de la confianza del partido. Eso lo decidirá el juez.

 

¿No es un fracaso que la Ley de transparencia no tenga el apoyo del PSOE?

Cuando el PP llega al Gobierno, se encuentra un borrador de anteproyecto de Ley de transparencia. Era un texto mucho menos ambicioso que la ley que ha salido, pero acabamos llegando a un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas para traer ese texto al Congreso de los Diputados y sacar adelante la iniciativa. Después hemos trabajado mano a mano más de año y medio en la ley y ahora es muy distinta a cómo era. No estaba la Casa del Rey, los partidos, las Cortes Generales, el Banco de España o los sindicatos y ahora sí que están. El PSOE decide abandonar la ponencia, no por el contenido de la ley sino por los famosos, desgraciadamente, SMS que publicó un medio de comunicación. Es una razón de táctica política para erosionar al presidente del Gobierno lo que les hace abandonar el pacto por la transparencia. Nadie podrá decir que el Gobierno y el PP no lo han intentado hasta el último momento. Desde la Transición no hay otra reforma de tanto calado que haya sido planteada con tanta voluntad de consenso y flexibilidad. Nos han acompañado CiU, PNV e incluso UPD en las cosas que creía. Y el PSOE no lo ha hecho pese a que buena parte de la ley surge de las negociaciones con ellos y de sus enmiendas.

 

Antes rechazaba la reforma del modelo territorial. ¿Ve adecuado el actual?

Lo que veo es que no hay modelo alternativo. Unos reclaman el Estado libre asociado; otros, el Estado propio; otros, la recentralización de competencias; otros, el Estado federal; otros, el confederal... Quizá el actual no sea el mejor. Quizá sea manifiestamente mejorable. Pero no hay ningún proyecto que lo supere como punto de encuentro de las distintas posiciones. Esa es la realidad. Y una Constitución debe tener esa voluntad de integración. Si nosotros fuéramos a una reforma federal, confederal o para admitir la secesión, dejaríamos muchas más voluntades insatisfechas.

 

Pero no hacer nada tampoco resuelve esas insatisfacciones.

Pero vuelvo a lo del principio: ahora solo un 13% de los españoles rechaza la Constitución. Es más que nada una transferencia de problemas políticos a la sociedad que una inquietud real. Los españoles no están preocupados por la Constitución. Cuando se les pregunta por el Estado autonómico y los nacionalismos la preocupación va del 0,4% al 1,8%. Es prácticamente insignificante. Esa es la realidad. Otra cosa es lo que aparece en los medios o el debate político.

 

Usted lanzó el mensaje de que España no se va a disolver. ¿Era necesario?

Lo que dije es que España no va a ir jamás a un proceso de autodisolución y lo dije en el marco del artículo 2 de la Constitución Española. Yo no me inventé nada. Era una obviedad. Lo sorprendente es que una obviedad de esa categoría genere polémica. Es como si digo que en España no va a haber pena de muerte o que no se van a vulnerar otros derechos fundamentales y hubiera polémica. La indisolubilidad de la nación española es una de las partes fundamentales de la Constitución. Que nadie se llame a engaño, porque es algo que no va a suceder. 

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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