Sacyr y Panamá, obligados a entenderse

14 / 01 / 2014 10:43 José María Vals
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Las obras del Canal de Panamá son tan importantes para ambas partes que lo previsible es un acuerdo entre ellas para acabarlas en el plazo previsto. 

Estamos obligados a llegar a un acuerdo”. Así de contundente se muestra un portavoz de Sacyr cuando se le pregunta cómo ve el futuro en el contencioso abierto con las autoridades que gestionan el Canal de Panamá. El argumento que utiliza la empresa española es que la obra de ampliación de esa infraestructura, que debe entrar en servicio en junio de 2015, está terminada ya en un 70%, lo cual hace que una paralización de las obras constituya “un auténtico desastre”, sobre todo para las autoridades panameñas, que ya se han comprometido con el mercado marítimo internacional a incrementar el tráfico de buques y de los de mayor tamaño.

El origen de este contencioso está en que las obras adjudicadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en 2009 a un consorcio empresarial, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la empresa española Sacyr, ha incurrido en una serie de sobrecostes acumulados que el consorcio se niega a pagar, aduciendo que se atiene a lo firmado en el contrato, y las empresas constructoras dicen que no pueden asumir porque se les acaba el dinero. “No se puede trabajar sin liquidez –dicen–, porque hay que pagar a los proveedores”.

Desde Sacyr se señala que la mayor parte de esos sobrecostes se derivan de problemas encontrados sobre el terreno, a medida que avanzaba la obra, y que no figuraban en el proyecto inicial entregado por la ACP. Y ponen como ejemplo que en una de las obras de excavación se encontraron con un depósito de lodos, procedentes de un dragado de hace 50 años, que estaba en un sitio donde no le correspondía, según la documentación técnica entregada al inicio de los trabajos, lo cual provoca un coste adicional. “Si nosotros encargamos a un proveedor que excave cien mil metros cúbicos de terreno y después resulta que para garantizar la calidad de la obra hay que excavar 110.000 metros cúbicos, el consorcio paga al proveedor el coste extra, que después tiene que ser reconocido por el cliente”. Este es otro de los ejemplos que ponen en el consorcio empresarial sobre el origen de los famosos sobrecostes.

El consorcio empresarial reclama a la autoridad del canal el resarcimiento de los 1.600 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) acumulados en sobrecostes a lo largo de los cinco años de obra. La ACP dice que esa cantidad no está justificada ni documentada por las empresas, que mantienen justo lo contrario. De hecho, y eso sí es comprobable, la propia ACP ha entregado ya a los contratistas en estos años 700 millones de dólares (unos 550 millones de euros) en anticipos de sobrecostes, lo cual quiere decir que algunos de ellos sí están reconocidos. El problema surgió cuando Sacyr, como líder del consorcio, anunció, coincidiendo con el inicio de 2014, que si en tres semanas no hay un acuerdo satisfactorio, paralizará las obras.

A partir de ahí saltaron todas las alarmas. En Panamá, porque un parón de la obra supone un duro varapalo para su economía. En España, porque está en juego el prestigio de la marca de calidad que han acuñado las constructoras españolas durante los últimos años. El presidente panameño, Ricardo Martinelli, dijo que viajaría a España e Italia (la constructora italiana Impregilo es la segunda en tamaño del consorcio) con objeto de presionar a los Gobiernos de ambos países para que, a su vez, presionaran a las empresas y concluyan las obras. El Gobierno español dijo desde el principio que no es parte en el asunto, que este es un conflicto entre empresas, pero que estaba dispuesto a mediar para lograr una solución satisfactoria.

Mediación.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, viajó a Panamá el día de Reyes para entrevistarse con las autoridades del país. En una primera conversación con Martinelli arrancó el compromiso del Ejecutivo panameño de buscar soluciones pactadas y no empecinarse en propuestas inmovilistas. Fruto de esta mediación, ambas partes movieron ficha. La autoridad del canal ofrecía poner 183 millones de dólares (134 millones de euros) a cambio de que el consorcio aporte cien millones de dólares y que se retire la amenaza de suspensión de los trabajos a partir del 20 de enero. Esta propuesta de la ACP no es nueva. Eso es al menos lo que aseguran fuentes del consorcio empresarial, que afirman que ya la ha hecho en varias ocasiones durante los últimos meses, a medida que aumentaba la presión de las empresas por la falta de liquidez. Pero aunque la ACP lo proponía en sus reuniones bilaterales, jamás la plasmó en un papel ni se comprometió a firmarla, “cosa que sí ha hecho ahora –señalan estas fuentes–, lo cual es un importante avance en la negociación”.

Sin embargo el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encabezado por Sacyr, emitió un comunicado el martes 7 de enero, tras la visita de Ana Pastor, en el que se comprometía, “de forma responsable y consciente de la importancia del proyecto”, a presentar una contrapropuesta “con miras a buscar una solución definitiva, siempre dentro del contrato y de las leyes panameñas”. Esta propuesta empresarial consiste básicamente en que el consorcio adelanta cien millones de dólares (73 millones de euros) y la ACP otros 400 millones de dólares (293 millones de euros). Además, las empresas piden que sobre los 700 millones de dólares adelantados ya por la ACP quede en suspenso su devolución hasta que decidan los sistemas de arbitraje previstos en el propio contrato de adjudicación. “Si dan la razón a la ACP –señalan fuentes del consorcio–, pagaremos. Si nos la dan a nosotros, no”.

Según señalan desde las empresas, esta nueva propuesta del consorcio garantiza la continuidad de las obras hasta el final de su ejecución sin problemas de liquidez para pagar a los proveedores, lo que asegura una solución a largo plazo y no un parche para continuar con la obra unos meses. Jorge Quijano, administrador panameño de la ACP, señalaba después en rueda de prensa que “por lo menos estamos hablando”.

La ACP consideraba al inicio de la negociación que su oferta pone sobre la mesa “suficientes fondos” para que el consorcio siga con la construcción de las obras, sin interrupciones, hasta el final de las mismas. El consorcio empresarial no piensa lo mismo, ya que en su opinión esta propuesta “nos llevaría a tener otro litigio igual en pocos meses”, según aseguran fuentes empresariales. La ACP, por su parte, se aferraba a su postura de que cualquier disputa debe resolverse en el marco del contrato de adjudicación firmado en 2009.

A la baja y plan B.

Precisamente fue ese contrato de adjudicación, cifrado en 3.118 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros al cambio actual), el que ha levantado una de las más visibles polvaredas en este asunto, ya que muchos acusan al consorcio de haber tirado los precios para hacerse con el concurso. Desde las empresas niegan este extremo y ponen las cifras sobre la mesa. “En España –dicen–, las pujas a la baja suelen ser de más del 30% sobre el precio de salida marcado por el cliente. En el caso del Canal de Panamá acudimos al concurso con una baja de tan solo el 7% sobre el presupuesto marcado por la ACP. Pero después ha habido imprevistos, como las fallas geológicas no incluidas en el proyecto y una deficiente calidad de las piedras de relleno que han disparado los costes”.

Tanto las autoridades panameñas como el consorcio empresarial mostraban tras los primeros contactos su compromiso de buscar una solución consensuada y a largo plazo que garantice la finalización de las obras dentro del plazo previsto. La ministra española, Ana Pastor, ofreció su mediación, hasta donde puede llegar un mediador, para que el proceso acabe bien. Y las empresas recuerdan que “el compromiso por poner en marcha esta ampliación del canal es lo suficientemente grande como para hacer necesario un pacto que evite la paralización de las obras”.

Desde la ACP también se ha utilizado en los primeros momentos del conflicto la posibilidad de ejecutar los avales que el consorcio empresarial tuvo que depositar cuando ganó el concurso para garantizar el final de las obras. En concreto, las empresas tuvieron que depositar avales por valor de 600 millones de dólares (unos 475 millones de euros), de los que dos terceras partes corresponden a Sacyr, como líder del proyecto, y que en su conjunto están garantizados por la aseguradora de Banca de Zúrich y una parte la garantizan los organismos públicos de aseguramiento en el exterior de España (Cesce) e Italia.

Los 160 millones asegurados por el Cesce español ha dado lugar a una gran controversia política, hasta el punto de que algunos diputados han pedido que la ministra de Fomento explique en el Parlamento esta actuación. Sin embargo, fuentes financieras aseguran a Tiempo que en este tipo de operaciones en el exterior es muy normal que compañías públicas de seguros a la exportación asuman parte de los riesgos, como también han hecho las autoridades italianas.

Desde el punto de vista de la posible ejecución de los avales con la que amenazaba la ACP, las fuentes consultadas aseguran que un conflicto entre el cliente y el consorcio empresarial no suele ser razón suficiente para que las compañías de seguros suelten sin más el dinero del aval. Exigirían muchísima documentación y un largo proceso de investigación antes de dar por buenas las indemnizaciones, lo que irremediablemente retrasaría el final de las obras. De momento, los mercados también apuestan por el acuerdo, como lo demuestra el hecho de que Sacyr sufriera una caída histórica en Bolsa cuando anunció el conflicto y recuperó gran parte del descenso cuando apareció en el horizonte la posibilidad de una solución negociada.

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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