Rajoy busca oxígeno para España

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha estrenado esta semana en la UE con la perspectiva de mucho trabajo por delante. El 30 de enero asistió por primera vez a un Consejo Europeo centrado en el empleo y las pymes que era para España el pistoletazo de salida en la delicada tarea que tiene el Gobierno para conseguir que la UE acceda a suavizar sus compromisos económicos, como el de situar el déficit público en el 4,4% del PIB a finales de 2012. De momento, el Gobierno niega negociar nada, aunque la señal que ha dado el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durão Barroso, tras reunirse con Rajoy no puede ocultar las intenciones de Moncloa.

En declaraciones a la prensa, Barroso abrió la puerta a una eventual negociación del objetivo de déficit español, incidiendo también en la necesidad de tomar medidas y considerando que el primer paquete aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre –que incluía subidas de impuestos y recortes en prestaciones ligadas a dependencia o vivienda para jóvenes- fueron medidas “importantes para rectificar, al menos parcialmente” el déficit. “Sería conveniente ahora tener una discusión sobre la situación en España”, dijo Barroso, que añadió que esta deberá tener lugar en el Consejo Económico y Financiero (Ecofin), que reúne a los ministros de Economía de los 27, en lugar de en la Comisión Europea, donde, empezando por su responsable económico –el comisario Ollie Rehn-, existen muchas reticencias a ayudar a España. Rehn rechaza modificar los objetivos de déficit de los Estados miembros, por muchas dificultades económicas que tengan. Fuentes comunitarias señalan que una medida así “no sería gratis”, sino una pésima señal para los mercados y España podría arriesgarse a tener que ser rescatada. Según los planes de los más duros, si el Gobierno no cumple con su objetivo del 4,4%, la CE iniciará un proceso de infracción que podría tutelar aún más las medidas que debería tomar y terminar con una condena del Tribunal de la UE.

Rebajar las previsiones.

Para el Gobierno la situación no es tan arriesgada como la pintan en Bruselas. Su razonamiento consiste en que la imagen que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de España han dibujado de la marcha de la economía española para este año –con crecimiento negativo del -1,7% y del -1,5% respectivamente- hacen imposible cerrar el año con un déficit que se reduzca del entorno del 8% actual, para lo que sería necesario un recorte presupuestario de entre 36.000 y 40.000 millones de euros, con medidas quizá aún más “dolorosas” de lo que expuso Rajoy a sus colegas en el Consejo Europeo.

La dimensión del recorte –y de los sacrificios para la población- que acarrearía tal reducción queda clara con dos ejemplos: el paquete de medidas del pasado 30 de diciembre no supuso más que una reducción de 1,6 puntos. Y si se confirma que 2011 cerró con un déficit del 8%, significará que desde 2010 –cuando se cerró con 9,6%- no ha sido posible reducirlo ni en dos puntos, frente a los 3,6 a los que estaría obligado el Gobierno ahora.

La postura española consiste en que la Comisión también deberá rebajar sus previsiones de crecimiento, porque el 2,3% previsto ya es historia con la nueva recesión. Fuentes comunitarias han confirmado que así será, mientras que Rajoy ha señalado en Bruselas que esta previsión, “evidentemente, no se va a cumplir”. Esta incógnita se despejará el 23 de febrero, cuando la Comisión presente sus previsiones que, según los más duros de nuevo, no tienen por qué condicionar una revisión del objetivo del déficit. España confía en todo lo contrario, y a partir de entonces se abrirá una nueva etapa en la que presentar las reformas en la agenda del Gobierno para intentar que se repita lo de 2009, cuando se consiguió aplazar en un año, de 2012 a 2013, llegar al déficit del 3%, que es el límite máximo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y el baremo sobre el que los países de la UE evaluaban año tras año sus cuentas antes de que la crisis económica lo arrastrara todo. Entonces, en 2009, ante el aumento generalizado del déficit en toda Europa –España pasó en un año de un superávit del 2% a un déficit del 11%-, la UE acordó un plan escalonado según el cual se irían fijando objetivos anuales para terminar alcanzando el 3%.

Una primera versión establecía que España debería llegar en 2012, pero después la Comisión permitió retrasarlo, como también hizo con Francia, Reino Unido e Irlanda. El entonces comisario de Economía, Joaquín Almunia, justificó el cambio en que estos países habían tomado “medidas eficaces” y que en ellos el “empeoramiento de la crisis global afectó al equilibrio presupuestario más allá del control de los Gobiernos”, las razones que esgrime ahora el Gobierno de Rajoy, que insistió ante el Consejo Europeo en las inminentes reformas del sistema financiero y del mercado laboral, así como en el acuerdo de moderación salarial alcanzado por los agentes sociales y en una nueva ley de emprendedores para ayudar a las pymes. Ahora el actual responsable de Economía de la Comisión considera que esta relajación fue un error. “En 2009 se pidió flexibilidad y eso degradó la posición de ciertos países, entre ellos España”, recuerdan fuentes comunitarias.

Para el Gobierno, de momento, la fecha más importante es la del 23 de febrero, cuando conocerá las previsiones económicas de la CE, que tendrá en cuenta para elaborar sus Presupuestos. Estos los presentará como muy tarde el 31 de marzo, aunque no mucho antes, como le pidió Barroso a Rajoy. En paralelo, el calendario de la UE indica que el ministro de Economía, Luis de Guindos, tendrá su oportunidad para exponer los planes del Gobierno en el Ecofin del 20 de marzo. Ya en abril el proyecto de presupuestos pasará por la evaluación de la Comisión en un trámite en el que, espera el Gobierno, Bruselas dé definitivamente luz verde a España para sobrepasar este 4,4%.

Negar el apoyo.

A pesar de que hay un precedente y de que Rajoy promete reformas que están siendo muy bien recibidas en la UE, el Gobierno se enfrenta aún a una circunstancia adversa a la que, paradójicamente, también ha contribuido. Las graves dificultades económicas por las que pasan varios países de la UE han provocado un clima de insolidaridad en el que Alemania no es el único país que dice “no” sistemáticamente a pretensiones como la que defiende ahora España. En la UE hay países que llegaron a su límite económico antes que España y que, en lugar de pedir un límite más amplio de déficit, se han dedicado a tomar dolorosas medidas.

Sería el caso de Bélgica, que consiguió evitar un procedimiento de infracción de la Comisión con medidas de austeridad que llevaron al país a una huelga general el 30 de enero. En la misma situación estaría Portugal, que acaba de librarse de un segundo rescate y está realizando penosos ajustes laborales que pasarán factura electoral al Gobierno. Los portugueses recuerdan cómo el Gobierno español no dudó en cancelar una cumbre bilateral en 2010, justo cuando Portugal iba a ser rescatada, y ahora no quieren oír hablar de facilitar las cosas a España. Italia también se ha visto en los últimos meses condenada al ostracismo, del que ha salido gracias al respaldo que Merkel y Sarkozy han dado a Monti. Aun así, hasta hace poco el equipo de Rajoy admitía que España prefería otros canales de comunicación con Francia y Alemania y no participar en una reunión en la que España e Italia serían asociados como los países con problemas. Solo ahora Rajoy ha aceptado la invitación de Monti para visitar Roma en febrero.

En este escenario de insolidaridad europea, Rajoy tendrá que defender en los próximos meses sus reformas para España y ver si son suficientes para pedir el gran favor que salve a la economía española de una insoportable asfixia.