Propuestas autonómicas

La conferencia de presidentes decidió que un grupo de expertos estudiaran posibles reformas. Foto: Diego Puerta/Cordon

Los 21 expertos que desde febrero se han reunido todos los miércoles de 12 a 19 horas en el Ministerio de Hacienda para pensar una nueva financiación autonómica están a punto de dar su veredicto. Aunque el plazo legal que fijó la conferencia de presidentes expira el 10 de agosto, antes de que termine julio tendrán listo un informe en el que no dan respuesta clara a la cuestión que provocó la discusión más dura entre los expertos, si el Estado debe destinar más dinero a las comunidades para que paguen sus competencias transferidas –el presidente valenciano, Ximo Puig, dijo que hacían falta 26.000 millones– pero sí sugiere ideas sobre fiscalidad, sobre el IVA y otros impuestos. En todos estos meses, los 21 expertos –cinco a propuesta del Gobierno central, 14 de cada autonomía (excepto País Vasco y Navarra, fuera del sistema general, y Cataluña, que rehusó participar) más los de Ceuta y Melilla– han mantenido más armonía de la que mostraron en enero las presidentas andaluza, Susana Díaz, y madrileña, Cristina Cifuentes, a resultas del llamado dumping fiscal. Ellos proponen que haya un tipo mínimo y máximo en el impuesto de donaciones y sucesiones en cada comunidad. En el de patrimonio también se hace esta recomendación, que será más laxa porque se añade que las comunidades podrán no aplicarlo. Propondrán dar más margen de maniobra a los Gobiernos regionales en el 50% de la recaudación del IVA que les es transferida, para que puedan subirlo –hasta dos puntos– o bajarlo solo si antes se hubiera subido. Tendrá que darse en todas las comunidades, aunque no deberán acordarlo por unanimidad, como pretendía Hacienda, sino con algún tipo de mayoría que el informe no concreta.

El documento de los expertos, que se ha negociado “párrafo a párrafo” y que no atiende en general a las expectativas del Gobierno central, sí se pone del lado del Estatut de Cataluña en cuanto a la medición de la riqueza de las regiones y determinar si es justo que contribuyan más o menos. Las famosas balanzas fiscales miden la riqueza de los Gobiernos regionales antes y después de contribuir o recibir fondos del sistema, según los casos. El informe propone que, como figura en el Estatut, se mida la riqueza de las regiones porque así se tendría más en cuenta el criterio de población –gasto por habitante–, con correctores existentes como dispersión o envejecimiento.

Ganar y perder

Dentro del equilibrio de quién gana y quién pierde, incidirán en que el reparto de fondos no debe alterar la riqueza de las regiones, es decir, no convertir en ricas a las pobres o empobrecer a las más pujantes. El texto sin apenas cifras ni proyecciones, apuntará una ruta para la cuadratura del círculo en la que ninguna comunidad pierda dinero, que el criterio de pobreza no sea suficiente para recibir más dinero, que las ricas queden con los mismos recursos o más y que, al menos durante el primer año del nuevo sistema de financiación, tampoco las comunidades más pobres pierdan dinero.

Tras cinco meses y más de una quincena de reuniones, los expertos empiezan a “ver la luz” en un documento no vinculante que dejará también patente que  País Vasco y Navarra, con sus cupos, deben contribuir de manera específica a la “solidaridad” con el resto. Han dejado para el final la discusión sobre la deuda de las regiones con el Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Tratarán de llegar a un punto en común entre algún tipo de condonación de deuda, la eliminación de este instrumento y quienes han logrado capear la crisis sin pedir un rescate a Madrid y apuestan por que cada palo aguante su vela.