Pineda, Bernad y su negro futuro

Luis Pineda y Miguel Bernad, dirigentes respectivamente de Ausbanc y el sindicato Manos Limpias, se enfrentan a penas de cárcel de ocho a diez años como mínimo, según expertos penalistas consultados por TIEMPO. Tienen por delante un largo proceso por los delitos de extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales, delitos fiscales, subvenciones ilegales, administración desleal y estafa procesal. Son las imputaciones que les ha hecho el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, y por lo que permanecen en prisión incondicional desde el pasado 16 de abril.

Sin embargo, esas fuentes recalcan que el grueso de las acusaciones recae sobre Pineda, quien sería el autor de presuntos delitos de extorsión sobre la práctica totalidad de la banca española durante los últimos diez años, bajo amenaza de campañas mediáticas en su contra o presentación de querellas en los juzgados. De hecho, Pineda habría sido el inductor y el cerebro de numerosas querellas bajo la figura de la acusación popular, para obtener compensaciones dinerarias, tanto de los bancos como de otros empresarios.

Miguel Bernad, por su parte, habría sido el brazo ejecutor y cómplice como querellante, pero con menor grado de implicación en todo el entramado asociativo y empresarial de Pineda y, por tanto, con menos responsabilidades penales. La pena por extorsión en el Código Penal contempla de uno a cinco años de prisión, pero la media de condenas en España por este delito se sitúa en torno a los dos años por cada delito de extorsión. Si a eso se añaden delitos fiscales, blanqueo de capitales y otros, estaríamos en 12 a 14 años de cárcel. Para empezar, parece que el juez tiene identificados cuatro casos de extorsión que supondrían ya ocho años de cárcel. Pero es que además la “mera tentativa de extorsión está penada en términos parecidos, aunque no llegue a consumarse, y la reiteración de los delitos, si se prueba que era organización criminal para extorsionar, supone un agravante muy cualificado”, señalan las fuentes jurídicas consultadas. 

Óscar Arredondo, socio de Penal del bufete Cremades&Calvo Sotelo y juez en excedencia, subraya que “hay abundante materia penal, visto el contundente auto del juez Pedraz, que ha dictado prisión para los dos principales encausados. También parecen deducirse muchos indicios de delitos de la abundante acumulación de pruebas por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía”. En esas condiciones, según el letrado, “se puede esperar en principio, una condena de 8 a 12 años, sin contar la acumulación de penas por distintos delitos”. A esto se suman algunos agravantes, como es “la comisión de un delito continuado de extorsión y el uso y abuso sistemático de la figura de la acusación popular en provecho propio como medio de coacción y cobro de compensaciones dinerarias”. Solo en los últimos cinco años Ausbanc habría recaudado siete millones de euros, que han financiado un entramado empresarial al que se descubren ahora ramificaciones en paraísos fiscales y posibles delitos contra la Hacienda Pública.

El delito fiscal, sin embargo, no está tan claro que salga adelante en el sumario ya que, según ha sabido TIEMPO de fuentes cercanas a los abogados defensores de uno de los directivos de Ausbanc imputados, “la detención de Pineda ha abortado una inspección de Hacienda a la organización, que se iba a terminar el 21 de abril y ha quedado incompleta por el procedimiento penal abierto ahora”.

La banca, testigo de cargo

Lo peor para Pineda es que muchas de sus víctimas, la mayoría de los bancos extorsionados, ya han pasado por la UDEF y los juzgados a declarar desde hace un año, y algunos lo están haciendo ahora. Eso supone una montaña de testigos y testimonios de muy difícil refutación en los tribunales. En ese sentido, el presidente de Ausbanc lo tiene muy mal.

Luis Romero, presidente de la Asociación Española de Penalistas, señala que “entre los indicios de delito que han salido y los que van a salir, tanto Luis Pineda como Miguel Bernad lo tienen bastante mal, aunque no en el mismo grado. Estaríamos hablando de una petición de penas en el juicio de hasta 20 a 25 años, aunque luego la sentencia las rebaje a 12 a 15 años, que son bastantes para este tipo de delitos”. Romero advierte que el auto de prisión carga la mano sobre Pineda como cerebro del entramado, lo que abona la posibilidad de que Bernad salga mejor librado.

De hecho, Bernad parece que está dando muestras de arrepentimiento y de querer colaborar con la Justicia, hasta el punto de proponer la liquidación de Manos Limpias. También le ayuda el hecho de tener 74 años y el que “para cuando se celebre el juicio y salga la sentencia tendrá una edad que evite muy probablemente su ingreso en prisión”.

En cualquier caso, Romero aventura un largo procedimiento instructor, ya que hay pendiente mucha investigación sobre el entramado empresarial para depurar los delitos societarios y fiscales cometidos. “Tampoco aventuro una condena durísima y ejemplar, ya que el Derecho Penal y Procesal dan mucho campo para el juego de atenuantes, arrepentimiento, reparación de daños, colaboración con la Justicia, pactos con la fiscalía etcétera”, añade Romero.

El letrado advierte que los casos más escandalosos terminan aguándose y enfriándose, pese a las expectativas de la opinión pública. “Los delitos de extorsión, que es lo más grueso en este caso, pueden quedarse en meras amenazas o en tentativas de extorsión, todo debe probarse fehacientemente en sede judicial. Pedir publicidad bajo amenaza, que parece el modus operandi de Pineda, puede no ser tan grave como aparenta, y así, el resto de los delitos imputados”. En consecuencia, este abogado concluye que “la expectativa de durísimas condenas no suelen cumplirse casi nunca al cabo de años de instrucción y juicio”.