Otra deuda de la Seguridad Social

 Hay expresiones que parece que llegaron para quedarse, al menos de momento, entre las del común de los mortales españoles. Una de ellas es la de decir que se va al “médico de la Seguridad Social” cuando se acude a un centro del Sistema Público de Salud. Desde mediados de los años 90 del pasado siglo, la asistencia sanitaria pública y la Seguridad Social no tienen nada que ver. La primera se financia con los impuestos de todos los españoles y la segunda, con las cotizaciones de trabajadores y empresarios. Pero antes no era así y de aquellos tiempos se arrastra un importante agujero que aún está por tapar.

La Seguridad Social tiene apuntado en sus cuentas, aún a día de hoy, una deuda de 17.168,65 millones de euros (el 1,7% del PIB de España). La cifra proviene de una serie de préstamos que el Estado le hizo a la Seguridad Social entre 1992 y 1994 para financiar agujeros del sistema de salud (que entonces sí dependía de la Seguridad Social a través del Insalud) y otros que le hizo en años posteriores, entre 1994 y 1999, para tapar boquetes financieros por los pagos ordinarios de la Seguridad Social, fundamentalmente pensiones mínimas.

Esto quiere decir que lo que ocurre ahora, que a la Seguridad Social no le llega con lo que recauda y tiene que tirar del Fondo de Reserva para poder pagar las pensiones, ya ha pasado antes. Solo que entonces, como no existía el fondo, se arreglaba con un préstamo del Estado y a otra cosa. Pero, ¿qué pasa con aquella deuda histórica y por qué no se ha saldado aún?

Por conceptos

 Un documento oficial enviado al Congreso de los Diputados hace escasamente cuatro meses, y que ha pasado sin pena ni gloria por tener Gobierno en funciones y no haber prácticamente debates parlamentarios, pone cifras al problema. Sobre los préstamos para pagar gastos sanitarios, el informe señala que “se concedieron en los ejercicios 1992, 1993 y 1994, totalizando un importe de 3.372,41 millones de euros”. Añade, además, que “de acuerdo con lo establecido en la normativa por las que se instrumentaron, estos préstamos no deberán ser cancelados hasta tanto el presupuesto del Estado aporte a la Seguridad Social la financiación necesaria para la amortización de los mismos”.

Recapitulando, “los préstamos para financiar las obligaciones pendientes del Insalud a 31 de diciembre de 1999 vinieron a cubrir la falta de transferencias del Estado en cuantía suficiente para atender los gastos acumulados y pendientes de imputación presupuestaria, por lo cual, o bien no procedería su devolución, o bien esta solo podría producirse cuando el Estado aportase las transferencias necesarias para cancelar la deuda existente por falta de financiación de los gastos acumulados del Insalud”. En otras palabras, que para que la Seguridad Social amortice esos créditos del Estado, tendrá que ser el propio Estado el que le insufle el dinero necesario mediante una transferencia ordinaria de fondos. De momento, la Ley de Presupuestos del Estado de 2014 prorrogó su vencimiento hasta 2024, por si acaso.

Otros préstamos

 Por lo que respecta a los préstamos recibidos “para cobertura de obligaciones generales de la Seguridad Social y solventar desfases de tesorería”, que es así como llama el documento oficial a los agujeros de las pensiones, “parecería –dice el informe– que la falta de financiación del área no contributiva de la Seguridad Social (básicamente la aportación de cotizaciones sociales para financiar el Insalud y la financiación insuficiente de los complementos a mínimos de pensiones) podría haber sido la causa que hubiese motivado los desequilibrios presupuestarios de la Seguridad Social en los ejercicios en que fueron necesarios los préstamos, y cuya financiación, probablemente para no incrementar el déficit del Estado, se estableció vía préstamos en lugar de instrumentar las transferencias necesarias para hacer frente al incremento del gasto del área no contributiva”.

Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues de ocho préstamos que el Estado hizo en dos tandas entre los años 1994 y 1999. La primera cubrió los agujeros de la Seguridad Social de 1994 (2.073,49 millones), 1995 (2.670,56 millones), 1996 (2.670,56 millones), 1997 (935,26 millones), 1998 (753,93 millones) y 1999 (529,49 millones, de los que quedan por pagar 485,37 porque en 2002 la Seguridad Social regularizó 44,12 millones).

En la segunda tanda, destinada a cubrir desequilibrios de tesorería de la Seguridad Social, el Estado realizó préstamos en 1997 (2.103,54 millones de euros) y 1998 (2.103,54 millones). Todo ello llega a sumar la cifra de los 17.168,65 millones que a día de hoy le debe la Seguridad Social al Estado. Las sucesivas leyes de presupuestos han ido prorrogando los vencimientos de estos créditos, que ahora tienen vencimientos que se sitúan entre 2018 y 2026. La última prórroga fue aprobada en la ley de presupuestos que tramitó el Gobierno el pasado año con las elecciones generales ya convocadas y que fue duramente criticada por la oposición parlamentaria.

A diferencia de los créditos concedidos en su día por el Estado para pagar los déficit del sistema de salud, que solo pueden ser devueltos cuando el propio Estado ponga los fondos, los préstamos para atender obligaciones normales de la Seguridad Social no tienen esa limitación. Eso significa, según fuentes jurídicas consultadas por TIEMPO, que esa parte de las deudas con el Estado podrían haber sido saldadas perfectamente en los años de vacas gordas en lugar de mantener prorrogados los préstamos y meter el dinero en el Fondo de Reserva.

Hace algunos años, en la última etapa de José María Aznar, el Ministerio de Empleo trató de arreglar en parte este problema mediante la cesión de la propiedad de hospitales a cambio de los préstamos, pero no se hizo.