Nuevo varapalo a las cuentas del Popular

La larga lucha que el Banco Popular libra contra sí mismo se ha cobrado otras dos víctimas. Una es reincidente. Se trata de los accionistas del banco, que vieron cómo el pasado lunes 3 de abril la cotización en bolsa caía un 10,4% en una sola sesión y que en algunos momentos de la misma la caída fue superior incluso al 15%. La segunda es Pedro Larena, el consejero delegado de la entidad que tomó posesión del cargo en septiembre de 2016 y que ha durado solo siete meses en el despacho. Ahora el presidente, Emilio Saracho, tendrá que recomponer el puente de mando.

Lo que sí ha recompuesto, y ese es el origen de las dos víctimas colaterales, son las cifras del banco, que aumentará en 184 millones brutos (129 netos de impuestos) las pérdidas reconocidas en 2016, que ya ascendían a la cifra histórica de 3.485 millones de euros. Saracho ha decidido volver a hacer limpieza en el balance de la entidad y dejarlo, ahora parece que definitivamente, limpio y aseado para decidir después qué se hace con el banco, que se debate entre dos opciones: seguir independiente o ser vendido a otro más grande. La opción de la independencia pasaría seguramente por una nueva ampliación de capital sobre la que los analistas del sector tienen serias dudas de que tenga inversores dispuestos a cubrirla.

Sobre la revisión de las cuentas, el banco reconoce que arrastraba una insuficiencia en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, que afectarían a los resultados de 2016 –y por ello, al patrimonio neto–, por un importe de 123 millones de euros. Añade también una posible insuficiencia de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a estos créditos que, estimada con un nivel de confianza del 95%, ascendería, aproximadamente, a 160 millones de euros.

El banco reconoce igualmente la posible obligación de dar de baja algunas de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente, 145 millones de euros, lo que podría tener un impacto aún no cuantificado en las provisiones correspondientes a esas operaciones.

Capital

Y, por último, habla de “determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable. La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros”.

“Estos son ajustes –señala el banco– que no suponen ningún incumplimiento y, en ningún caso, representan un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad que justifiquen una reformulación, tal y como ha confirmado el auditor externo PricewaterhouseCoopers, y que proceden de los trabajos rutinarios del departamento de auditoría interna”. El banco añade que estos ajustes contables no tendrán efecto en la cifra final de beneficio atribuible y que cumple escrupulosamente con los requerimientos de capital y ratios de solvencia previstos en las normas distadas por el Banco Central Europeo y el Banco de España. Pero el mercado ha reaccionado mal y sigue a la espera de ver qué pasa.