Los lobbies se desnudan

21 / 11 / 2011 13:17 Javier Otero
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¿Qué empresas han influido a los políticos en la modificación de una ley? Dos iniciativas para dar transparencia a los grupos de presión pueden dar respuesta a esta pregunta. Mientras, algunos comienzan a destapar sus clientes.

Quién hace lobby para Toyota? ¿Y para las tabaqueras? Algunos lobbies han confesado a esta revista todos o algunos de sus clientes. Otros no. Pero si la iniciativa de crear un registro ante el Parlamento y el Gobierno prosperara, como defienden varias empresas y la asociación de profesionales del sector, podrían conocerse más. La empresa de comunicación Llorente & Cuenca ha hecho lobby, por ejemplo, para el sector del tabaco, y ha influido en mejoras para la industria en las dos últimas leyes, según señala Joan Navarro, vicepresidente y director senior de asuntos públicos de esta firma. También han representado a empresas del sector del juego para influir en una reforma legislativa que les permita obtener licencias para operar en un sector antes muy restringido para proteger los intereses del juego público. Navarro, vinculado antes a empresas relacionadas con los derechos de autor, como SGAE y Egeda, trabaja en Llorente & Cuenca también en la defensa contra la llamada piratería digital. Esta empresa también tiene como clientes a colegios profesionales, perjudicados por los borradores de la Ley de Servicios Profesionales, que finalmente no ha visto la luz en esta legislatura. “Lo hemos hecho con transparencia y abiertamente –dice Navarro– Cuando los intereses son legítimos hay que defenderlos y asumir el debate público como parte de la normalidad democrática”.

Ketchum Lenci, la empresa de lobby que dirige el expolítico José Ramón Caso, tuvo como clientes hasta hace poco a Microsoft y Diageo (distribuidora de bebidas alcohólicas como el whisky J&B). Hoy lleva, entre otros, a la aerolínea Easyjet o a McDonald’s.

Otra empresa del sector como Political Intelligence ha trabajado para Toyota para promover la tecnología híbrida (coches eléctricos y de carburante) en los planes estatales o autonómicos relacionados con la industria automovilística o con la calidad del aire, por ejemplo. También han tenido como cliente al gigante de las apuestas por Internet Bwin en la recién aprobada normativa sobre el juego que ha asegurado un marco estable a este tipo de empresas en España. Political Intelligence trabaja, por ejemplo, en Europa con Google y en el Reino Unido con la farmacéutica Novartis o la turística TUI.

Pilar Lladó, directora del área de relaciones institucionales de Estudio de Comunicación, la compañía del experiodista Lalo Azcona, sostiene que no hacen lobby, sino que identifican para el cliente con quién tienen que hablar, preparan la información y encargan los estudios necesarios a instituciones o expertos de prestigio. Ellos, a diferencia de otros, no tratan con el Gobierno o los políticos, sino su cliente. Por lo tanto, cree que, si existiera un registro de grupos de presión en España, no se inscribirían, aunque considera positiva su puesta en marcha. Estudio de Comunicación ha trabajado en grandes fusiones de importancia estratégica para España, en las que no hay que perder de vista las relaciones con el Gobierno. Así, por ejemplo, tuvo como cliente a British Airways en su fusión con Iberia y también a Arcelor en la operación de concentración con Mittal. También ha trabajado en el campo de las relaciones institucionales para el consorcio del helicóptero de combate Eurocopter, para los que organizó, por ejemplo, visitas de parlamentarios a su fábrica francesa.

El exministro Solchaga.

Sin embargo, Solchaga, Recio y Asociados, la firma del exministro de Economía con Felipe González, no facilita sus clientes. Como explica Jordi Flores, director general del despacho, las cláusulas de confidencialidad que tienen firmadas con sus clientes se lo impiden, pero sostiene: “Esto se debe, en gran medida, a la ausencia de un marco legal que dé cobertura a nuestra actividad. Si el marco cambiara, tal como proponemos, adaptaríamos nuestros contratos a la nueva regulación”. En una legislatura con grandes intereses cruzados, por ejemplo, en el área energética entre las eléctricas tradicionales y las renovables, no todos en el sector saben quién ha trabajado para cada parte.

En principio, un grupo de despachos del sector, Analistas Financieros Internacionales, Cremades & Calvo Sotelo, Llorente & Cuenca, PricewaterhouseCoopers, Roca Junyent y Solchaga, Recio & Asociados, impulsan una iniciativa para que se regule este sector y se le dote de mayor transparencia. Para ello defienden la creación de un registro voluntario de intereses en el Parlamento y el Gobierno, la publicación de un código de conducta para los que se inscriban, la concesión de una tarjeta de libre acceso, además del acceso público a las agendas de altos cargos y personal de libre designación.

Sobre la necesidad de dar más transparencia en un terreno también transitado por los conocidos como conseguidores, Joan Navarro, de Llorente & Cuenca, comenta: “En España se practica lobby de muchas formas, como en todas partes. De lo que se trata es de que cada vez sea más difícil vender humo o canjear favores en la sombra. Como en cualquier otra actividad, la luz y los taquígrafos ayudan a quienes trabajan de forma legítima y perjudica a quienes tengan algo que ocultar”. Sobre las lecciones que se pueden extraer de los casos de tráfico de influencias, Navarro considera que este está más vinculado a la financiación de los partidos y a determinadas obras públicas, por lo que subraya que “la lección es básica: todo aquello que se pueda hacer, ha de poder contarse, no debe haber espacio para el secreto”.

Uno de los problemas que puede haber es la voluntariedad del registro. En Bruselas, por ejemplo, los despachos de abogados no se han inscrito, para disgusto de la Comisión y del Parlamento. En el registro europeo tampoco se han inscrito las principales empresas y asociaciones empresariales españolas, ni las compañías que en España hacen lobby.

El Parlamento Europeo acaba de aprobar la llamada huella legislativa, que consiste en que podrán conocerse los grupos de presión que han participado en el proceso. Las empresas españolas que defienden una regulación no han incorporado esta fórmula, pero se muestran partidarias de aplicarla en España “sin ninguna duda”, como defiende Jordi Flores, de Solchaga, Recio y Asociados. Además, aunque estas empresas proponen que el registro sea voluntario, ante la posibilidad de que sea obligatorio, Flores adelanta que “todo se andará” y explica que una propuesta más agresiva ahora podría hacer fracasar su aplicación.

Conseguidores.

José Ramón Caso, CEO de Ketchum Lenci, viene de la política. Fue secretario general del Centro Democrático y Social (CDS) y recuerda que ya hace 18 años defendió en el Congreso de los Diputados una propuesta, aprobada por unanimidad, para regular los lobbies. Sin embargo, no ha tenido efecto desde entonces. El máximo directivo de Ketchum Lenci cree que los cada día más estrictos códigos deontológicos que aplican las grandes empresas multinacionales empujan también a favor de regular los lobbies en España. Caso cree que los conseguidores lo tienen cada vez más difícil debido a esto y opina que no es necesario endurecer la regulación nal sobre el tráfico de influencias.

Uno de los asuntos controvertidos en el sector es la entrada y salida de los despachos de expolíticos o ex altos cargos. Aunque Caso salió ya hace muchos años de la política, la ministra de Economía Elena Salgado, por ejemplo, trabajó hace años en Lenci, cuando cesó de su anterior cargo de secretaria de general de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas. Caso cree que no es un problema si se cumplen los dos años de límite que impone la ley de incompatibilidades, aunque admite que se podría discutir sobre si dos años son suficientes. PricewaterhouseCoopers, una de las empresas promotoras de la iniciativa por la transparencia, fichó al exministro Jordi Sevilla. Joan Navarro, encargado de relaciones institucionales en Llorente & Cuenca, fue su jefe de Gabinete en el Ministerio.

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) defendió ya en 2008 una iniciativa sobre la transparencia ante los grupos políticos. Su presidenta, María Rosa Rotondo, cree que “es razonable que en esta nueva legislatura se regule”. Este año aún presentaban sus propuestas en círculos políticos cuando estalló el movimiento del 15-M, por lo que cree que ahora cobra más actualidad. APRI defiende que el registro de lobbies en España sea obligatorio y cree que una futura ley de transparencia debería permitir el acceso a la información sobre los concursos y adjudicaciones públicas.

En este mundo de los grupos de presión también hay malas prácticas. Navarro, de Llorente & Cuenca, afirma: “Hemos visto cosas, pocas, pero gordas, que no nos han gustado. Cambios de última hora en las posiciones defendidas por algunos responsables públicos que suponían cientos de decenas de millones para algunos sectores que habían ocultado sus posiciones para evitar el debate público”. Navarro confía, a pesar de todo, en que “puedes colar una, pero a la siguiente te la acaban devolviendo”.

Rotondo recuerda como un ejemplo de mala práctica en el sector que con la legislatura a punto de acabar, el Gobierno llevó al Parlamento un Real Decreto que, de soslayo, en una disposición adicional, flexibilizaba las normas sobre la venta de tabaco en las llamadas tiendas de conveniencia, que tienen un horario más amplio. En el debate parlamentario, la diputada de UPD, Rosa Díez, dijo que al ver el decreto se preguntó: “¿Dónde está Wally?”. Cuando le apretaron en el debate aseguró que detrás de esta modificación estaba una cadena de tiendas. Que ese era Wally.

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

COMENTARIOS

  • Por: Clarisa 23/11/2011 0:11

    Enhorabuena. Habrá que comprar la revista TIEMPO, que se está poniendo tan interesante como el libro de Galiacho "Mujeres Del Gran Pode"r: Elena Cué, Ana Gamazo, Marina Castaño, Alicia Koplowitz, Rosalía Mera, Tita Cervera Y Otras Ricas Y Poderosas : Libreria Alcana

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