Los bancos del procés

Caja de Ingenieros y Caja Guissona, dos pequeñas entidades financieras, mantienen sus sedes en Cataluña. La primera de ellas tiene la cuenta desde la que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium canalizan las donaciones con las que han pagado la fianza de Forcadell en el Supremo y parte de la multa de Artur Mas por el 9-N. ¿Por qué los ideólogos del independentismo eligen a esta cooperativa de crédito? Desde el referéndum ilegal del 1-O, Cataluña ha pasado de ser el motor del sistema financiero español a caer prácticamente en la irrelevancia. La región contaba hasta ese momento con el 15% de los depósitos bancarios en España, así como con el 18% de la inversión crediticia, lo que suponía que el 32% del volumen de las primas aseguradoras se gestase en suelo catalán.

Ahora la situación ha cambiado. A la fuga de capitales tras el 1-O, que diversos analistas financieros elevaron a 10.000 millones de euros en los días posteriores a la consulta, le siguió la decisión fulminante de los dos principales bancos (Caixabank y Sabadell) de trasladar la sede corporativa a Valencia y Alicante, respectivamente. Luego se marcharon Banco Mediolanum, que gestiona un volumen de 4.000 millones de euros, y Arquia Banca, que cuenta con más de 2.000 millones bajo gestión. A comienzos de 2009 había 11 grandes entidades financieras en Cataluña. Con la crisis económica desaparecieron CatalunyaCaixa, que pasó a manos del BBVA; Caixa Laietana, fusionada con otras entidades en Bankia; Unnim, formada por tres cajas de ahorros y que fue absorbida por el BBVA; o Caixa Penedés, que se integró inicialmente en BNM y luego acabó en el organigrama del Sabadell.

Con la salida de esta última y de Caixabank, a Cataluña solo le quedan dos cajas en su territorio, Caja de Ingenieros y Caja Guissona, y ambas han decidido mantener inalterada su sede. La primera es una cooperativa de crédito creada hace justo 50 años en Barcelona, cuando un grupo de ingenieros se unió para crear una caja que prestara servicios financieros al gremio en mejores condiciones que las que ofrecía la banca tradicional. En la actualidad cuenta con más de 150.000 socios, un saldo de 12 millones de euros de beneficio el año pasado y unos activos que superan los 2.100 millones. Para atender a su clientela dispone de acuerdos con otras entidades bancarias para que sus socios puedan retirar dinero, de ahí que solo necesite una red con 25 oficinas físicas –13 de ellas en Cataluña y el resto en Madrid (3), Alicante, Bilbao, Palma de Mallorca, Sevilla (2), Valencia (2) y Zaragoza–. A pesar del nombre de la entidad, no se exige ser ingeniero para ser cliente. Lo que sí se pide es que se sea socio de alguna de las dos cooperativas que controla: los más jóvenes pueden formar parte de la Cooperativa de Usuarios tras el pago de siete euros. El resto entran en la Cooperativa Caja de Ingenieros, cuya participación cuesta 95 euros.

Una de las señas de identidad de este banco es su horario ininterrumpido de atención al público, de 08.30 a 19.00 horas, pensado para unos socios con dificultades para conciliar y que, además de clientes, son propietarios de la entidad. Mientras, Caja Guissona, fundada en 1963, tiene solo cuatro sucursales –la de la propia Guissona, además de las de Barcelona, Lérida y Reus– y unos activos aún más modestos, 600 millones. El pasado ejercicio logró un beneficio neto de 5,1 millones de euros.

La fianza de Forcadell

Caja de Ingenieros cobró protagonismo a principios de noviembre, cuando la ANC mostró un cheque de esta entidad con el que había pagado los 150.000 euros de la fianza que el Tribunal Supremo le impuso a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para evitar la prisión preventiva. La ley exige que una persona física deposite la fianza, así que este cometido lo asumió Marcel Padrós, el tesorero de la organización independentista que preside Jordi Sánchez. “Fianza pagada. No podrán con la solidaridad de todo un pueblo”, enfatizó la ANC en su cuenta de Twitter tras ordenar el pago desde una de las oficinas de Caja de Ingenieros en Barcelona.

Poco después llegarían por la misma vía los cheques correspondientes para pagar las fianzas de 25.000 euros impuestas a los miembros de la Mesa del Parlament imputados en la misma causa: Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó, todos ellos diputados de Junts pel Sí (JxS). La totalidad de las fianzas se abonaron con dinero de la “caja de solidaridad” que tanto la ANC como Òmnium Cultural pusieron en marcha a comienzos de este 2017 para afrontar las multas contra Artur Mas y otros exconsejeros catalanes por la consulta ciudadana del 9-N.

En el caso de la ANC, Sánchez ya indicó antes del referéndum del 1-O que su organización tenía abiertas dos cuentas en Caixabank y la Caja de Ingenieros para poner a buen recaudo las donaciones anónimas que recibe, aunque la ANC vació la cuenta de Caixabank cuando se sumó al boicot que las entidades soberanistas le hicieron a esta entidad y al Sabadell por sacar sus sedes de Cataluña. Caja de Ingenieros, sin embargo, se salvó de dicho boicot y tuvo una actitud mucho más cercana al soberanismo.

Así, secundó la huelga en Cataluña del 3 de octubre, el llamado “paro de país” promovido desde la Generalitat, al ordenar ese día el cierre de todas sus oficinas catalanas. Desde el banco se subraya a TIEMPO que la controvertida decisión “se tomó en solidaridad con la sociedad civil catalana y contra la violencia que tuvo lugar el 1 de octubre”, pero no como un gesto político de apoyo al Gobierno de Carles Puigdemont. Asimismo, en el patronato de la Fundación Caja de Ingenieros destaca la presencia de Joan Vallvé i Ribera, número cuatro de Òmnium como vicepresidente segundo, aunque desde la pequeña entidad que preside Josep Oriol Sala se desliga a dicho patronato de las decisiones corporativas, que se toman en el consejo rector, el máximo órgano de decisión en el banco. También aparece en dicho patronato Josep Maria Muxí, quien a su vez forma parte desde 2015 de la filial de Òmnium en localidad de Sant Cugat del Vallés. Estas son algunas de las razones, según fuentes del sector, por las que Caja de Ingenieros ha decidido no trasladar su sede social fuera de Cataluña, pese a que en una eventual aplicación de la independencia en este territorio, la entidad financiera no tendría el respaldo ni del Banco de España, ni del BCE, ni sus clientes del Fondo de Garantía de Depósitos.

Este escenario sobrevoló durante la asamblea general que Caja de Ingenieros celebró el pasado 6 de noviembre. A pesar de que la reunión era de carácter “extraordinario”, en realidad se trató de la cita anual a la que está obligada la entidad. En aquel momento ya se había aplicado el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y Mariano Rajoy había convocado elecciones autonómicas para el 21-D, así que la tensión política había descendido varios peldaños, si bien Oriol Sala tomó la palabra cuando aún se desconocía que la entidad barcelonesa estaba siendo utilizada por la ANC para pagar las fianzas de algunos de los imputados soberanistas.

“Nuestra cooperativa, a lo largo de sus 50 años de historia, nunca ha entrado en cuestiones políticas, ni ha tenido políticos en sus órganos de gobierno, y esto nos ha diferenciado claramente de otras entidades”, subrayó Oriol Sala. Por si no quedaba claro, insistió en que la entidad “no es sujeto político” y que la filosofía de esta cooperativa de crédito es “adaptarse a los acontecimientos para cumplir con su razón de ser”, que es la de prestar servicios a los socios de acuerdo a su modelo de trabajo. 

Hipotético traslado

El presidente de Caja de Ingenieros admitió, eso sí, que un “marco económico y jurídico estable” ayuda al normal desarrollo de la actividad de este pequeño banco, y que en la vorágine política que Cataluña ha vivido su banco “ha actuado como siempre, con análisis, orden, prudencia, seguridad, mesura, templanza y sin precipitación”. A continuación, abrió la posibilidad de un futuro traslado de sede fuera de Cataluña si los planes independentistas toman otros derroteros. “En el hipotético supuesto de que la situación derivase en un futuro escenario continuado que pudiera afectar el curso normal de los servicios o de la situación financiera de la entidad, el Consejo Rector, si es necesario, propondría a la Asamblea de Caja de Ingenieros acordar las posibles medidas consecuentes que podríamos adoptar como entidad soberana y sin ataduras”, advirtió Oriol Sala en un aviso para los navegantes soberanistas.

Fuentes de la entidad hacen hincapié en que una decisión así tendría que ser avalada por la asamblea de socios y no como hicieron el resto de entidades catalanas a través de los consejos de administración, apoyándose para ello en el real decreto que el Gobierno de Rajoy aprobó para facilitar los cambios rápidos de sede. “Para Caja de Ingenieros todos los socios son iguales, merecen el mismo nivel de atención independientemente de su localización, origen o creencias”, concluyó Oriol Sala.

Joan Vallvé está en el patronato de Caja de Ingenieros y ocupa el puesto número 4 en Òmnium. 

 Por su parte, Joan Cavallé es el director general del banco

El cheque con el que la ANC pagó la fianza de Carme Forcadell. Foto: Violeta Nemec