Los bancos de cajas tienen los días contados

La reconversión del sistema financiero español comienza a dar sus últimos pasos. El próximo 7 de febrero termina el periodo de información pública de la nueva ley de cajas de ahorros, cuyo proyecto ha sido enviado al sector por el Ministerio de Economía. “Es un paso importante –señala un analista financiero–, pero no será el último. El acuerdo ogrado con la Unión Europea para que las cajas sanas puedan seguir controlando sus bancos no será eterno. Al final tendrán que salir, aunque esto garantiza un tiempo precioso para no hacer locuras en momentos difíciles como el actual”.

¿A qué se refiere exactamente este experto? Pues a lo que les va a ocurrir en los próximos meses a La Caixa, Ibercaja, Unicaja y BBK, que deberán transformarse en fundaciones bancarias a las que se permitirá seguir controlando la mayoría del capital de CaixaBank, Ibercaja Banco, Unicaja Banco y BBK Banco, respectivamente, entidades a través de las que ya operan en el mercado financiero desde hace entre año y medio y dos años. En un principio la Unión Europea se oponía a ese control, apelando al contenido del Memorando de Entendimiento suscrito por el Gobierno español cuando pidió dinero del Fondo Europeo para sanear a las entidades financieras con problemas. Finalmente ha cedido, pero con unas condiciones tan duras que lo harán inviable a largo plazo.

“En el fondo –señala un directivo de una de las entidades afectadas– vamos a tener los mismos requisitos que cualquier banco competidor, pero por partida doble. Tendremos que cumplir con las exigencias de capital y solvencia en el propio banco y nos van a obligar a constituir un fondo de reserva para lo mismo dentro de la fundación bancaria, lo que supone garantizar la solvencia dos veces”. Y es que la cesión final de la Unión Europea lleva aparejada la necesidad de que estas fundaciones bancarias creen un fondo, con dinero procedente de los beneficios de los bancos que controlan, para garantizar que si en un futuro tienen problemas de solvencia, sean las propias fundaciones, como accionistas de control, quienes acudan a tapar el agujero.

De momento se desconoce el importe de dichos fondos, ya que la ley que ahora se encuentra en periodo de información pública no lo especifica. Su texto señala que será el Banco de España el que, una vez en vigor la norma, especifique la cuantía del dinero que cada fundación tiene que dejar apartado para cubrir contingencias. Eso sí, la ley marca que será proporcional a los activos crediticios de riesgo de cada banco, lo que hace suponer a las fuentes del sector consultadas por este semanario que será muy parecida a lo que ahora acumulan los bancos dentro de su denominado core capital, es decir, el capital disponible inmediatamente para cubrir hasta el 9% de sus créditos no garantizados al 100% con garantías reales.

Salida ordenada.

Cada fundación bancaria tendrá que dotar el fondo de reserva de forma proporcional al porcentaje de capital que tenga en el banco que controla, lo que castiga especialmente a las de menor tamaño (Ibercaja, Unicaja y BBK), que controlarán el 100% del capital de sus respectivos bancos, mientras que la fundación bancaria en la que se convierta La Caixa únicamente tendrá que cubrir el 61% de la dotación teórica total, ese es el porcentaje de capital que tiene de CaixaBank, puesto que el resto cotiza en bolsa. El texto del Ministerio de Economía no lo dice de forma pormenorizada, pero deja ver que en caso de problemas de uno de estos bancos en el que su capital esté repartido entre la fundación y otros accionistas será cada uno de ellos, de acuerdo a su porcentaje, el que asuma el coste del saneamiento, como en cualquier otra sociedad anónima.

La diferencia esencial estriba en que a las fundaciones bancarias, al no tener otra fuente de ingresos diferente de los beneficios del propio banco que dirigen, cuando su posición en el capital sea de control, la ley les obliga a tener en la recámara un fondo de reserva que les permita hacer frente a sus obligaciones de asistir financieramente a sus bancos filiales en caso de problemas que precisen un saneamiento extraordinario. Estas necesidades de dotación, que según las fuentes consultadas pueden llegar perfectamente a tener que duplicar las exigencias de capital (una en el banco y otra en la fundación) hará inviable en la práctica que estas cajas que ahora pasan a ser fundaciones bancarias permanezcan indefinidamente como accionistas de control de los bancos que han creado.

¿Cuáles son las soluciones posibles? Las fuentes consultadas coinciden en que a medio plazo solo hay una: reducir el porcentaje del capital que controlan en sus bancos filiales hasta niveles inferiores al 50%, que es cuando la ley deja de exigir la dotación del fondo de reserva, excepto si con una participación inferior la fundación bancaria ejerce el control real sobre la gestión del banco de acuerdo con lo previsto en la legislación general. ¿Cómo puede hacerse eso? Hay ya varias vías para llegar a la misma meta. Una de ellas es la fusión entre bancos filiales para diluir la participación de cada una de las fundaciones en el capital. El sector no las descarta, aunque tampoco las ve claras a corto plazo, puesto que obligarían a llevar a cabo procesos de reconversión interna adicionales y, sobre todo, porque aún no está claro cómo afectará a cada uno y en qué cuantía la nueva ley, cuya tramitación, desarrollo y puesta en práctica por el Banco de España va a llevar meses.

Por las buenas o por las malas.

Para empezar, el propio texto del proyecto de ley señala que las fundaciones bancarias en las que tienen que convertirse La Caixa, Unicaja, Ibercaja y BBK deberán presentar al Banco de España un plan financiero y un protocolo de gestión financiera de sus bancos filiales, cuyo contenido tendrá que ser desarrollado previamente por la autoridad monetaria. Lo que sí prevé la nueva norma es que en el caso de que el Banco de España considere que el plan presentado por la fundación es insuficiente “para garantizar la gestión sana y prudente de la entidad de crédito participada y la capacidad de esta para cumplir con las normas de ordenación y disciplina que le sean aplicables, podrá requerir a la fundación bancaria la presentación y puesta en marcha de un plan de desinversión en la entidad de crédito”. Es decir que, llegado el caso, el Banco de España puede obligar a estas fundaciones a reducir su participación en los bancos filiales hasta hacerles perder el control de la gestión.

Desde la actual patronal de las cajas de ahorros (CECA), cuyas funciones van a quedar seriamente reducidas en un futuro próximo, se considera mientras tanto que el acuerdo logrado con la Unión Europea propicia precisamente una salida ordenada de las fundaciones en el capital de sus bancos filiales, hasta perder las posiciones de control, pero sin carreras por salir a bolsa o colocar paquetes de acciones en un momento en el que los mercados financieros están convulsos y el saneamiento general del sector bancario español no ha terminado aún.

En concreto, la postura oficial de la patronal de las cajas, determinada a través de un comunicado, señala que “con respecto a la posible reducción de la participación de las cajas en sus bancos a niveles no mayoritarios, CECA considera positivo que el anteproyecto de ley evite un modelo de venta forzosa, con plazos prefijados, que, en las condiciones actuales, abocaría a pérdidas de valor. El sistema propuesto, a través de obligaciones de exigencia creciente conforme aumenta la participación, permite una desinversión gradual y prudente”.

Pero la pérdida de las mayorías de control, que como puede comprobarse lo da por hecho hasta la propia CECA, no es el único aspecto en el que entra la nueva ley y que va a levantar alguna ampolla. De acuerdo con el texto, las dos únicas cajas que permanecerán como tales en el mapa financiero español (las cajas de Pollença y Ontinyent), tendrán seriamente cercenada su capacidad de salir de sus zonas de influencia actuales (Baleares y zona levantina, respectivamente), ya que la ley señala que “su ámbito de actuación se limitará al territorio de una comunidad autónoma o a provincias limítrofes entre sí, siempre que no excedan de diez”.

Adiós a los políticos.

Las relaciones de las fundaciones bancarias con los poderes políticos, que hasta ahora han tenido siempre la tentación de manejar las cajas, también quedan delimitadas y la ley levanta muros de contención importantes. Para empezar, las funciones de control de las fundaciones, que tiene que ejercer un nuevo órgano denominado “protectorado”, serán ejercidas por el Ministerio de Economía en el caso de que “la actividad principal exceda de una comunidad autónoma”. Es verdad que en los cuatro casos de cajas que pasarán a ser fundaciones bancarias (La Caixa, Ibercaja, Unicaja y BBK) la influencia política en la gestión ha sido mucho menos importante que en el caso de otras muchas de sus colegas, que han acabado en procesos de fusión o saneamiento derivados precisamente de etapas en las que fueron gestionadas con criterios poco profesionales.

Sin embargo, para evitar tentaciones en el futuro, la nueva ley prevé, por ejemplo, que aunque en los órganos de gobierno de las fundaciones pueda haber una representación de las administraciones públicas (autonomías, ayuntamientos y sindicatos), en los consejos de administración de los bancos filiales no podrá haber nadie que ostente un “cargo público electo” o “cualquier cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial o sindicato”. Además, los consejeros tendrán que cumplir la normativa de honorabilidad comercial y profesional que marca el Banco de España para cualquier entidad de crédito. La barrera entre la gestión de los bancos filiales y sus fundaciones de control queda pues delimitada claramente y se dice adiós a los políticos.