Las autopistas de la discordia

El entierro de las autopistas de peaje quebradas se aplaza a julio de 2017. De momento sigue la agonía de nueve de ellas en concurso y/o liquidación, que empezó en 2012. “Un Gobierno en funciones no puede asumir empresas en liquidación porque compromete los Presupuestos del Estado. Las autopistas pasarán al sector público y las concesionarias serán compensadas conforme a la ley, pero no ahora. Tenemos nueve meses de plazo para abordar la crisis de las autopistas. Es un aplazamiento para una transición ordenada de estas empresas”. Es la versión oficiosa de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.

El Gobierno del PP no quiere asumir un agujero de 4.500 millones de euros sobre los Presupuestos Generales del Estado, eso es comprometer el 4,6% de déficit público pactado con Bruselas para 2016. Ni siquiera quiere asumir los 2.900 millones que podría ser el coste real. En todo caso, el Ejecutivo de Rajoy huye de decisiones comprometidas en tiempos convulsos. Mientras, las empresas concesionarias, Accesos de Madrid y Ciralsa, propietarias de la R-3 y la R-5, radiales de Madrid, y de la Circunvalación de Alicante, han recibido la demora en el rescate como un jarro de agua fría. Abertis, ACS, Sacyr y Bankia, que son los accionistas, esperaban la liquidación desde mayo, o el rescate por parte del Estado. De hecho, el 1 de octubre se creía que se cerraban las autopistas y se despedía al personal, pero el Gobierno logró que el juzgado que lleva la quiebra aplazara el cierre hasta julio de 2017, porque “hay un plan de transición para hacerse cargo de estas infraestructuras”, según la comunicación de Fomento al juez.

La demora del rescate hasta julio de 2017 es una huida hacia delante. Desde 2012, cuando entraron en crisis las autopistas, el Ministerio de Fomento ha fracasado en todos los intentos de arreglo. Ofreció a los bancos una quita de la deuda bancaria del 50% y hacerse cargo del otro 50% y pagarla con un bono a 30 años al 1%. Los bancos, sobre todo los extranjeros, se negaron a la quita. Fomento intentó que la banca española comprara la deuda a la banca extranjera. Todas las fórmulas fueron rechazadas por la banca, que quería quitarse el problema de encima mientras las concesionarias y las constructoras finalmente querían “la liquidación y cobrar algo de las deudas”.

Los bancos han sido rápidos en quitarse el problema de encima, han provisionado la deuda y han empezado a venderla (3.700 millones) a fondos buitre con hasta el 90% de descuento. Solo Bankia mantiene una deuda de 400 millones de euros, y no piensa venderla, en espera de una solución.

De cualquier manera, esta es la historia de un negocio ruinoso. Las nueve autopistas en concurso y/o liquidación proceden de la época de los Gobiernos de Aznar (años 90 del siglo pasado), con Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento, y son un enorme fiasco ya que el tráfico nunca alcanzó las expectativas, hubo sobrecostes en construcción y expropiaciones. Para remate, se hicieron autovías públicas paralelas a las de peaje, arruinando a las vías de pago.

 

Abandonados

Las concesionarias, las constructoras, los bancos, todos los implicados al fin, se consideran perjudicados por una mala planificación y “abandonados por la Administración en la solución final”. Fuentes de Abertis, principal accionista de estas autopistas (30% de Accesos de Madrid y 25% de Ciralsa, Circunvalación de Alicante), señalan que “no ha habido una solución pactada y los paganos somos los concesionarios, aunque todo esté ya provisionado”. Abertis se preocupa por la mala imagen del negocio concesional y no por las pérdidas, ya que ha provisionado pérdidas por 300 millones. Las constructoras ACS y Sacyr también han provisionado como accionistas y constructores, en torno a 300 millones. Sacyr (que tiene el 25% de Accesos de Madrid) dice que “la solución era la liquidación de las autopistas, el aplazamiento del rescate público permite al Gobierno no hacerse cargo de las vías, y no pagar la responsabilidad de la Administración Pública. Una patada adelante más”.

ACS, el tercer accionista de Accesos de Madrid y Ciralsa, mantiene silencio sobre el caso y Bankia (20% en Accesos y 20% en Ciralsa), también está callada porque, tras provisionar pérdidas como accionista, tiene además créditos no cobrados por 400 millones y está a lo que diga el Gobierno.

De las nueve autopistas en concurso hay tres con fecha de rescate por el Estado: las radiales de Madrid R-3 y R-5 y la Circunvalación de Alicante serán rescatadas el 1 de julio de 2017 por el Ministerio de Fomento, que las integrará en la empresa pública Seitsa. Las tres tenían decretada la liquidación desde el mes de mayo pasado, después de un largo concurso de acreedores, y estaba lista la orden de un juzgado mercantil de Madrid para el cierre de las vías al tráfico el pasado 1 de octubre, pero fueron salvadas por Fomento.

Ahora, el rescate de las autopistas quebradas por el Estado es obligado por la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Si quiebran se las queda el Estado, obligado a indemnizar por “el valor del activo” a las empresas concesionarias. Pero la pregunta es: ¿cuál es ese valor?

El coste del rescate va desde los 5.500 a 6.000 millones de euros en juego, que ha cifrado Seopan, la patronal de las constructoras, a los 4.500 millones manejados por los administradores judiciales. El Ministerio de Fomento reduce el coste a 2.900 millones, e incluso a 1.000 millones, ya que rebaja 1.600 millones de euros por los créditos participativos inyectados a las concesionarias de las autopistas y otros conceptos. Entre otros descuentos, Fomento introduce el pago de los sobrecostes por expropiaciones, aunque las empresas dicen que hay dudas acerca de si eso se ajusta a la ley.