La reforma financiera llega hasta Spanair

El súbito cese de actividades de la línea aérea Spanair y la presentación pocas horas después de concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) no ha sido solo una decisión política. Es verdad que varias instituciones públicas catalanas, entre las que se encuentra la propia Generalitat, habían sido el soporte de la compañía durante los últimos años, y que la retirada de ese apoyo constituía un hecho grave para la continuidad de la empresa. Pero detrás hay también una decisión de los bancos acreedores, que han decidido cortar el grifo de las refinanciaciones eternas.

Spanair, que nació en 1986 bajo las alas de la compañía sueca SAS, había cambiado de propietarios en 2009, cuando desde las instituciones públicas catalanas se vio en esta línea aérea una posibilidad para lanzar al estrellato al aeropuerto de El Prat, de Barcelona, una vez que poco antes el aeropuerto madrileño de Barajas hubiera sido elegido por IAG (la empresa que surgió de la fusión de Iberia y British Airways) como principal centro español de operaciones. De hecho, SAS puso mucho dinero al principio en Spanair, pero en los últimos años han sido la Generalitat y algunos otros organismos catalanes quienes han hecho el grueso del desembolso.

Entre medias, un grupo de bancos (algunos de ellos radicados también en Cataluña) han ido financiando la liquidez de la compañía aérea, uno de sus grandes problemas desde su creación. A principios de 2010 la línea aérea cerró la concesión de un crédito sindicado de 50 millones de euros con un grupo de entidades financieras, que pusieron sobre la mesa 42 millones. Los otros ocho los puso el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Dos años después, la empresa volvía a atravesar problemas de liquidez y la deuda volvía a ser un problema acuciante, no exactamente por su elevada cuantía, sino porque la empresa no tenía recursos para devolver la parte que le tocaba sin una nueva refinanciación bancaria o una nueva inyección de dinero público.

Deuda total.

De hecho, en la documentación presentada en los juzgados de Barcelona por los asesores legales de la línea aérea (el bufete Roca Junyent), para el concurso voluntario de acreedores, las deudas totales de la empresa ascienden exactamente a 474 millones de euros, de los que 260 millones corresponden a los accionistas y los 214 restantes son acreedores, entre los que se encuentran los bancos y los proveedores.

Las dificultades de tesorería habían llevado en las últimas semanas a los directivos de Spanair, encabezados por su presidente, Ferran Soriano, a establecer una cadena de frenéticos contactos con las instituciones públicas catalanas y con los acreedores para lograr una solución. Desde el Gobierno de Cataluña la respuesta fue contundente. Después de haber puesto ya 150 millones en los últimos años, y con el plan de recortes que debe acometer para cumplir con los objetivos de déficit público, había que buscar otra puerta a la que llamar.

El otro accionista de referencia, la compañía sueca SAS, que mantiene el 10% del capital, ya tiene cerrado el grifo hace tiempo, después de haber inyectado a Spanair algo más de 160 millones de euros, muchos de ellos a través de créditos participativos que ahora se van a convertir en un problema, porque forman parte de la larga lista de deudas a cobrar sobre las que decidirán los administraciones judiciales.

Las fuentes consultadas por Tiempo aseguran que los bancos también se negaron a abrir una nueva refinanciación y ello provocó la súbita desaparición del mercado de Spanair. ¿Por qué reaccionaron con tanta dureza los bancos? La reforma financiera parece que tiene algo que ver.

Reforma financiera.

Esta segunda fase de la restructuración bancaria va a obligar a los bancos a dotar con más recursos el saneamiento de los inmuebles y del suelo urbanizable que se han ido quedando en sus balances durante la crisis que se inició en 2008. Ese esfuerzo va a reducir los beneficios de las entidades financieras. De hecho ya ha comenzado a recortar los del año 2011, según las cuentas que han ido presentando estos días los grandes del sector. Pero según algunos analistas, va a tener algunos otros efectos secundarios, entre los que se encuentra la posibilidad de que algunos de ellos, los más necesitados de dinero, puedan repensarse las inversiones que realizan o si continúan financiando empresas con dificultades.

La agencia de calificación Moody’s explica por qué va a ocurrir esto. Sus analistas no creen que finalmente el proceso de restructuración del sector financiero español necesite que el Estado inyecte dinero, pero sí advierten de que el proceso terminará con la absorción de bancos más pequeños y en peor estado por parte de otros más grandes con mejor cobertura de capital. El resultado final será que la suma creará entidades cuya calidad crediticia total se va a resentir, por lo que es posible que la concesión de créditos se mire con lupa durante algún tiempo.

Según han confirmado a Tiempo fuentes financieras, en las dos semanas previas a la aprobación de la reforma por parte del Gobierno, el equipo económico del Ejecutivo ha mantenido contactos con bancos y cajas, a cuyos máximos responsables ha transmitido ya las líneas generales de por dónde van a ir los tiros. Esto ha hecho que algunas entidades hayan comenzado a retocar sus planes para los próximos meses. “Las nuevas exigencias de provisiones para los inmuebles son un auténtico rejón”, confiesa un directivo bancario, que reconoce que desde hace semanas han recibido instrucciones para dejar en el balance fondos adicionales de provisión hasta cubrir el 50% del precio de los pisos.

Menos dinero.

Los grandes bancos aseguran oficialmente que esto no afecta a la concesión de créditos. Emilio Botín, presidente del Santander, ha asegurado esta semana, por ejemplo, que su entidad no da más préstamos porque “no hay demanda solvente”. ¿Significa esto que la refinanciación que hubiera salvado de momento a Spanair era considerada por la banca como un crédito no solvente? Lo cierto es que las cuentas de la empresa de los últimos años mostraban una continua necesidad de recurrir al dinero público para mantener el nivel de actividad, porque su negocio ordinario no garantizaba la obtención del dinero suficiente para mantener la tesorería y desarrollar las inversiones necesarias.

Para las próximas semanas y meses, los bancos resultantes de las fusiones de cajas que ya operan en el mercado se enfrentan a una reorganización provocada por la nueva ola de matrimonios entre entidades. Eso también va a mover de sitio una cantidad importante de participaciones de estos bancos en empresas industriales. Hay algunas que no van a suponer problemas y pueden ser utilizadas incluso como arma defensiva, ya que si las venden con plusvalías podrán dedicar el dinero obtenido a tapar boquetes inmobiliarios. Otras, como las de las grandes inmobiliarias heredadas de la crisis, necesitan continuas refinanciaciones de créditos. Habrá que ver cómo reacciona la banca.