Hay que cumplir con el objetivo de déficit pero sin dañar el crecimiento del PIB

Uno de los principales datos monitorizado de forma permanente por las autoridades europeas es la ratio “Déficit sobre Producto Interior Bruto”. Ya en el Tratado de Maastricht dicha ratio era uno de los criterios de convergencia a cumplir, no pudiendo exceder del 3%. Así, el criterio de déficit no se marca como una cifra absoluta en euros, sino como proporción de una variable, el PIB, que poco tiene que ver con el déficit.

El compromiso de los países en la Eurozona es rebajar la ratio déficit/PIB hasta determinados niveles. La reducción se puede conseguir de dos formas: rebajando el déficit o aumentando el PIB. A su vez, el déficit, entendido como exceso de gastos sobre los ingresos, se puede minorar mediante dos vías: recortando los gastos o incrementando los ingresos, principalmente vía impuestos.

Determinadas medidas de recorte de gastos e incremento de los ingresos, vía impuestos, pueden suponer un enorme sacrificio para la sociedad en su conjunto sin lograr el objetivo de reducir suficientemente el cociente déficit/PIB por tener un impacto muy negativo en el crecimiento económico. A modo de ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado para 2012 pretendían reducir el déficit del Estado central en 1,6% del PIB, equivalente a 17.800 millones de euros. No obstante, los ajustes planteados suponían 27.300 millones de euros al tener en cuenta la caída de la economía provocada por el propio ajuste fiscal.

Un recorte de gastos públicos centrado en la reducción drástica de la inversión pública tiene un efecto tremendamente pernicioso sobre el crecimiento a corto y a largo plazo. Por el contrario, la supresión de gastos públicos improductivos y la eliminación de duplicidades y puestos innecesarios tendrán un efecto negativo en el crecimiento en el muy corto plazo, por un menor consumo público, pero un efecto positivo al cabo de poco tiempo.

Recortes selectivos

No es indiferente sobre qué partidas de gasto público recaen los recortes. Algunas promueven el crecimiento, como la inversión pública bien orientada, otras, en absoluto. Es cierto que no todos los servicios prestados por el Estado deben ser medidos exclusivamente en términos de rentabilidad económica, al ser asistenciales (pensiones, prestaciones por desempleo...). Al margen de estos, el resto de gastos públicos se deberían priorizar en función de su aportación al crecimiento futuro de la economía.

Subir impuestos supone detraer recursos de los particulares y empresas para dárselos al sector público. Provocan una reducción inmediata del consumo privado. La subida de impuestos tendría justificación si dichos recursos fueran destinados a gastos públicos que fomenten el crecimiento económico a largo plazo. De no ser así, la economía correría el riesgo de encaminarse a un círculo perverso.

Recordemos el desafortunado Plan-E, a través del cual el Estado se gastó 13.000 millones de euros en obras, en su mayoría absurdas, que en nada aumentaban la capacidad de incrementar el PIB de España de forma sostenible, pero que sí aumentó el déficit, la deuda y la carga de intereses asociada a ella.

Hasta ahora solo se habla de cómo reducir el gasto público o cómo subir impuestos para incrementar los ingresos públicos y reducir el déficit. Va siendo hora de que se piense más en el PIB.