Hay buitres sobre las autopistas

La quiebra de ocho autopistas de peaje, en proceso de liquidación en los juzgados puede acabar siendo un gran negocio para un grupo de fondos buitre. Varios fondos de inversión anglosajones han comprado ya la mitad de los 3.700 millones de la deuda bancaria de las concesionarias, y serán clave en el rescate de las vías. Serán acreedores en la liquidación y transferencia de la propiedad de estas infraestructuras, determinantes a la hora de evaluar y pagar la Responsabilidad Patrimonial Administrativa (RPA). Eso sucederá cuando el Ministerio de Fomento rescate e indemnice a las empresas concesionarias.

Los fondos oportunistas Taconic Capital y TCI han comprado 700 millones de euros de deuda con descuentos de hasta el 90% del nominal de los créditos. A estos se han sumado fondos de capital riesgo norteamericanos, como Blue Mountain y Neuberger, que han comprado 1.000 millones de deuda de las autopistas a bancos extranjeros con un descuento del 70%. Se calcula que de un 46% a un 55% de la deuda total bancaria de las concesionarias, de esos famosos 3.700 millones, está ya en manos de fondos buitre. Los vendedores de la deuda bancaria serían todos los grandes bancos, Santander, Sabadell, Caixabank, BBVA y Popular. El único banco que se resiste a vender su deuda, por ahora, es Bankia, al que las concesionarias de las autopistas quebradas deben en torno a 450 millones.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, admite que habrá rescate por el Estado en 2018. Está ganando tiempo, ya que desde julio pasado tiene la amenaza judicial que le obliga ya en julio de 2017 a nacionalizar la R-3 y R-5, dos de las autopistas radiales de Madrid. Tal aplazamiento se debe a que se tarda seis meses en ejecutar la liquidación de los contratos de concesión y la evaluación de la RPA. Se trata de un proceso complicado y difícil que fija la indemnización a las concesionarias “por el valor del activo en el momento de la nacionalización”. El ministro ha negociado con la banca acreedora, pero se ha encontrado con la bonita sorpresa de que la deuda en manos de los fondos buitre introduce un elemento inesperado en el proceso y al final “resulta una negociación complicada”, según su propia expresión.

Un negocio oportunista

Fuentes de Renta-4 señalan a TIEMPO que “los fondos oportunistas han visto a la banca desesperada y cómo se pudría durante años el concurso de las autopistas en los juzgados. Han comprado deuda bancaria con garantía del Estado, lo cual tiene toda la lógica. Además tienen experiencia en recobro y en negociar deudas en procesos concursales. Si además han comprado con descuentos del 70% al 90% del nominal, lo normal es que ganen un buen dinero, aunque el Estado es mala contraparte para negociar, y suele pleitear si no quiere pagar”. Precisamente el culebrón de las autopistas quebradas amenaza con un rosario de pleitos de los acreedores de las concesionarias, tanto de los bancos como de las constructoras, si el Estado hace una valoración insatisfactoria de la RPA. Algunas de las constructoras, como Sacyr, que además son accionistas de algunas concesionarias quebradas, no admitirían un valor inferior al 30% de la inversión e irían a juicio.

En este culebrón todo son incógnitas. Por ejemplo, el precio de la RPA es un misterio que ha dejado en el aire el ministro De la Serna. Pueden ser 5.500 millones como dice Seopan (patronal de las constructoras), o solo 2.000, como dice Fomento. El tema es importante porque es un roto peligroso para las cuentas públicas en 2018. Ese año es crítico porque hay que bajar el déficit público por debajo del 3%, según lo comprometido con Bruselas por el Gobierno, y el roto de las autopistas puede destrozar el objetivo. Y a lo largo de este 2017 hay que ir despejando incógnitas.

Sea como fuere, De la Serna ha heredado un auténtico marrón de su antecesora, Ana Pastor, que fracasó en su intento de negociar una salida pactada para este fiasco concesional. La entonces ministra de Fomento ofreció una quita del 50% a la banca y pagar un bono con el resto de la deuda al 1% durante 30 años. Los bancos españoles y extranjeros rechazaron el plan y Pastor reculó sin hallar alternativa. El tiempo pasaba y una tras otra las autopistas pasaron de la suspensión de pagos a la quiebra. Los jueces apretaron en los plazos para liquidar las concesiones y Fomento ha estado recurriendo para evitar tener que nacionalizar las vías. Pero ha perdido todos los recursos y el final es inexorable: en 2018 serán nacionalizadas todas las autovías que están en quiebra en los juzgados.

Se trata de una historia lamentable de mala planificación, exceso de optimismo, costes disparatados de las expropiaciones y daños colaterales de la crisis de 2008. Lo cierto es que desde el año 2012 tres radiales de Madrid, más la M-12 del Eje Aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la autopista de Toledo, la Cartagena–Vera y la circunvalación de Alicante, han entrado en concurso de acreedores una tras otra, y están en quiebra y pendientes de liquidación y nacionalización. Solo se ha librado hasta ahora la R-4, que corre paralela a la autovía Madrid-Andalucía, rescatada de la suspensión de pagos por los bancos.

Lo lamentable de todo esto, según se señala en el sector, es que en política no se reconocen errores, y menos cuando son del propio partido. Todavía a estas alturas el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ingeniero de Caminos, excusa los errores de la planificación de estas autopistas, obra directa del Gobierno de Aznar y del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. “En aquel momento [años 2002 a 2004], el tráfico en las vías del Estado y en las autopistas de peaje crecía al 5% anual”, y nadie preveía que unos años después, “habría una crisis y caería el tráfico un 35%, con una desviación del 45% sobre las previsiones”, dice ahora el ministro.