El pozo de las autonomías

Hasta que los interventores den por cerrado el control de las cuentas, en la primera quincena de febrero, no habrá cifras definitivas sobre el verdadero tamaño del agujero presupuestario de las comunidades autónomas. Pero en el Ministerio de Hacienda ya tienen una idea más o menos clara de por dónde van los tiros. De hecho, el ministro pidió una proyección de cómo podía acabar el año 2011 y las cifras que le dieron (ver mapa) son aterradoras.

Las comunidades autónomas tenían que terminar 2011 con un déficit del 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB), que equivale a poco más de 13.000 millones de euros. Sin embargo, las proyecciones que le dieron a Cristóbal Montoro señalan que 2011 habrá acabado, en el mejor de los casos, con unos gastos comprometidos (aunque no siempre pagados) de 26.600 millones de euros por encima de los ingresos. Eso supone que el déficit autonómico habrá pasado ligeramente del 2,5% del PIB al final del año, casi el doble de lo previsto y de lo comprometido con Europa.

No es extraño en estas circunstancias que Cristóbal Montoro convocara de forma urgente un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), del que forman parte, además del ministro de Hacienda, los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas. La reunión se celebró esta semana y al final, sin que hubiera comparecencia pública formal, el ministro Montoro sí anunció a los cuatro vientos que todos habían llegado al acuerdo de que cuando una comunidad no cumpla pueda ser intervenida por el Estado.

En palabras de Montoro, esta intervención, copiada de la que podría ejercer Europa con alguno de sus socios díscolos, supone exactamente “que la Administración central del Estado, junto con la administración autonómica diseñen un plan de saneamiento” para aquellas regiones que sobrepasen el límite previsto. Y, ¿cuál es ese límite? La cifra exacta se recogerá en el texto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno quiere pactar con los grupos parlamentarios y los ejecutivos autonómicos en las dos próximas semanas.

Y es que uno de los grandes problemas de las administraciones autonómicas es que ya tenían un plan de ajuste, pero es poco creíble. Lo acordaron con el anterior Gobierno central en octubre del año pasado y preveía un recorte total de gastos de 7.587 millones de euros y un aumento de ingresos de 3.135 millones (sin contar a Cataluña ni a Castilla-La Mancha). En total, pues, entre recortes y nuevas aportaciones de dinero, suponía un tijeretazo al déficit de 10.722 millones de euros, que si se cumple reconducirían las cuentas a la senda prevista.

Según comentan a Tiempo técnicos que han participado en la elaboración de las cifras, por el lado de los gastos el plan puede ser creíble siempre que se tomen medidas drásticas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana prevé en ese plan de ajuste reducir su gasto anual en 1.950 millones de euros y su Gobierno autonómico acaba de aprobar un decreto ley de medidas urgentes para recortar mil millones, justo la mitad de lo previsto en el plan pactado en 2011. El resto tiene que salir de las reducciones que ya había ido poniendo en marcha la Generalitat valenciana.

Andalucía, por su parte, cuyo déficit podría haber superado ligeramente a finales de 2011 el 4% de su PIB regional, según las proyecciones iniciales, se comprometía en ese plan de ajuste pactado a recortar los gastos en 1.030 millones de euros, cosa difícil en pleno proceso prelectoral, y ponía más el énfasis en lograr ingresos extraordinarios por valor de 1.467 millones de euros, basados fundamentalmente en la venta de activos públicos (empresas e inmuebles). Dichas ventas no han funcionado bien hasta ahora. Y después hay cuatro comunidades más (Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Cataluña) que exceden en mucho los límites previstos de déficit, mientras Valencia y Baleares tienen disparado su endeudamiento.

En millones.

El Gobierno tiene comprometido con Europa que el conjunto de las administraciones públicas terminaría 2011 con un déficit del 6% del PIB. A esa cifra sumaría 4,8 puntos el Estado central, las autonomías aportarían 1,3 puntos más, los ayuntamientos añadirían 0,3 puntos y la Seguridad Social tendría que haber restado 0,4 puntos.

En millones contantes y sonantes esto significa que el Estado tendría que haber terminado con un déficit de 48.000 millones de euros y parece que lo va a  cumplir. Las comunidades autónomas han doblado su previsión y terminarán con un agujero de entre 26.000 y 27.000 millones, cuando la previsión era de entre 13.000 y 14.000 millones. Los ayuntamientos y diputaciones, que según los compromisos con Europa deberían haber acabado 2011 con un déficit global de unos 3.000 millones de euros, van a pasar de los 6.000 millones. Y la Seguridad Social, por su parte, que debería haber tenido un superávit de 4.000 millones, ni siquiera ha conseguido empatar y ha perdido unos cuantos cientos de millones. En total, pues, el déficit global de las administraciones públicas se situará a 31 de diciembre último entre 80.000 y 82.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 8% del PIB aproximadamente.

¿Qué hacer? Para 2012 la Administración central tiene como objetivo finalizar el año con un déficit del 3,2% del PIB (algo más de 32.000 millones de euros) y las medidas ya tomadas de subir el IRPF junto a los recortes en los gastos de los ministerios van, según los técnicos, por el buen camino. Pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos lo tienen más complicado. Los recortes no son tan flexibles como parece, porque de los gastos autonómicos dependen cosas tan importantes como la sanidad, la educación o los funcionarios y los medios de la Administración de Justicia. Por ello, en el Ministerio de Hacienda hay muchos que no creen posible el cumplimiento del déficit autonómico sin una subida de ingresos.

Fuentes de ingresos.

De hecho, el objetivo para 2012 vuelve a ser del 1,3% del PIB para las comunidades autónomas, lo que supone reducir el agujero en por lo menos 13.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio. Esa cifra es prácticamente inalcanzable, según los técnicos, sin aportar más recursos estructurales a las arcas autonómicas. Y, ¿cuáles son esas fuentes de ingresos? Las tres fuentes principales de financiación de las autonomías son el 50% de la recaudación del IRPF y del IVA en sus territorios, junto al 58% de los impuestos sobre alcohol, tabaco y gasolinas, además de los tributos cedidos totalmente a las comunidades como el de Patrimonio, o los de Transmisiones, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones y tasas sobre el juego.

La parte que logran por los impuestos y tasas propios es muy pequeña en comparación con el total (apenas superaron el 12% de los ingresos no financieros presupuestados para 2010) y la fuente principal es la participación en los tributos estatales. De hecho, como la recaudación de IRPF e IVA de 2008 y 2009 ya comenzó a caer con la crisis pero el Gobierno central les transfirió las cantidades previamente presupuestadas, ahora resulta que las comunidades autónomas le deben al Estado 24.000 millones de euro de adelantos que después no se han correspondido con las recaudaciones reales.

Dinero fresco.

En la reunión de esta semana del Consejo de Política Fiscal y Financiera todos acordaron también que esta deuda sea devuelta en diez años, en lugar de en los cinco previstos antes, pero supondrá ya en 2012 un desembolso extra de 2.400 millones para las autonomías. Una razón más para que los técnicos vean difícil llegar a los objetivos impuestos por Europa si no se aumentan los ingresos. ¿Cómo hacerlo? Hay pocas alternativas. El IRPF ya ha subido y se notará en la nómina a partir de febrero. Las otras dos vías son subir el IVA y los impuestos especiales (tabaco, alcohol y gasolinas).

Una subida de estos últimos tributos sí lograría probablemente equilibrar las cuentas públicas, pero tiene el peligro de retraer el consumo y afectar negativamente al crecimiento de la economía, con lo que la creación de empleo también acabaría resintiéndose. En la reunión del CPFF se acordaron dos medidas que, según los cálculos del Gobierno, podrían contrarrestar esta subida de impuestos que parece cantada. La primera es adelantar el desembolso de los más de 10.000 millones que el Estado debe a las comunidades con cargo al cierre del ejercicio de 2010. La segunda es abrir una línea de préstamos especiales en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las comunidades puedan pagar las facturas a sus proveedores antes de verano.

Esta segunda medida aliviará sin duda la economía interna de muchas pequeñas y medianas empresas que verán llegar el dinero y podrán ahorrarse despidos o reanudar la actividad y el Gobierno, o al menos el equipo del ministro de Hacienda confía en que su efecto positivo pueda contrarrestar el efecto negativo de los recortes que aún quedan por hacer y las nuevas subidas de impuestos que los técnicos creen inevitables.