El impacto de los recortes llegará al sector privado

31 / 01 / 2012 Miguel Cifuentes
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A los empleos públicos que los sindicatos anuncian que destruirán los ajustes de gastos se van a sumar los de las empresas privadas que se quedarán sin trabajo.

El sector constructor, especialmente la obra pública y las infraestructuras, reciben el primer impacto del ajuste fiscal del Gobierno. El segundo impacto, a modo de goteo, recaerá en el empleo público y especialmente en las plantillas de las comunidades autónomas. En este subsector el recorte caerá en el empleo temporal, que supone ahora entre el 24% y el 25% de las plantillas, según los sindicatos CCOO y CSIF. En la Administración Central el empleo temporal solo alcanza al 10% de los recursos humanos, pero tampoco es despreciable, ya que su plantilla es de casi 600.000 personas.

Las comunidades autónomas tienen el 50% del empleo público en España, con 1,3 millones de trabajadores, de los cuales medio millón son docentes no universitarios y otro medio millón, sanitarios. Aquí caerá la mayor parte del ajuste, sin olvidar las 630.000 personas que trabajan en los ayuntamientos, con una importante temporalidad.

Todos estos efectos vienen del recorte de 8.900 millones de euros sobre el Presupuesto del Estado prorrogado, pero se anuncia un segundo de igual cuantía. El Gobierno no da números del impacto, pero sí el sector de la construcción, que de entrada estima que dejarán de crearse hasta 40.000 empleos directos. En las administraciones, los sindicatos cifran entre 90.000 y 100.000 los empleos públicos temporales en riesgo, según aproximaciones de CCOO y CSIF, aunque el ajuste que haga cada autonomía es impredecible. Lo peor es el repunte del paro al 23%, desde el 21% actual, algo que pronostican ya el Banco de España y varios organismos internacionales. El recorte del decreto de no disponibilidad de diciembre cae de lleno en la inversión real: se recortan 1.612 millones en el Ministerio de Fomento, el 26% sobre el presupuesto prorrogado. En segundo lugar en Industria, con una rebaja de 1.100 millones, equivalente a un recorte 51% del presupuesto, en un departamento también inversor.

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