El fraude eléctrico lo pagan todos

Desde 2009, la diferencia entre la energía eléctrica que sale de las centrales y la que realmente demandan los consumidores va en aumento. Esto, según señala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se debe en parte al “incremento del fraude en sus diferentes modalidades (principalmente conexiones directas a la red y manipulación de los equipos de medida y control)”. Es decir, a los enganches ilegales a la red y a la manipulación de los contadores para no pagar o pagar menos por el consumo de electricidad.

Según datos de Endesa, el 80% del fraude eléctrico en 2015 fue causado por empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y respecto al 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo.

Partiendo de estos datos, y teniendo en cuenta a título de referencia el número de familias que están actualmente acogidas al bono social, puede estimarse que, en contra de lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos. Por el contrario, la mayor parte se concentra en puntos de suministro que tienen altos niveles de consumo.

Esto indica que el fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores. En efecto, el impacto negativo del fraude no repercute en lo esencial sobre las compañías eléctricas, sino que, al igual que sucede con el fraude fiscal, afecta directamente a los recursos del resto de las empresas y de los ciudadanos, porque se traduce en un incremento de la factura eléctrica que estos pagan.

Así, la propia CNMC señala que “la energía defraudada, debido al régimen económico de la Ley del Sector Eléctrico, supone un mayor coste para los consumidores. Estos son quienes sufragan el coste que los efectos del fraude suponen para el sistema”.

De acuerdo con datos de este organismo, el fraude eléctrico supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los consumidores españoles en el año 2015. En términos físicos, este fraude ascendió, según estimaciones de Endesa, a una cantidad equivalente al consumo eléctrico anual de la ciudad de Sevilla y de toda su área metropolitana.

Además, en el caso del sector empresarial, las compañías que cometen fraude perjudican doblemente a sus competidores, porque consiguen abaratar sus propios productos y servicios, y encarecer al mismo tiempo los de esos competidores, realizando así una maniobra que, además de ilícita, supone una clara competencia desleal.

Por otro lado, el fraude eléctrico no supone solo una carga económica para las empresas y los ciudadanos que pagan sus facturas y una operación de competencia desleal, sino también un problema grave para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador. Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones.

Accidentes

Una manipulación del contador o de la conexión puede causar electrocución, incendios e, incluso, la muerte de las personas que la llevan a cabo físicamente, así como producir accidentes que afectarían a quienes vivan cerca o entren en contacto con esa instalación. Asimismo, puede tener importantes consecuencias legales sobre el infractor. Recientemente, un empresario ha sido condenado a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel, al pago de una multa de 200.000 euros y a tres años y medio de inhabilitación como consecuencia de la muerte por electrocución de uno de sus trabajadores mientras este realizaba una manipulación fraudulenta en el suministro eléctrico.

La normativa vigente sobre fraude eléctrico se encuentra recogida en el artículo 87 del Real Decreto 1.995/2000, que regula los casos en los que las empresas distribuidoras pueden cortar el suministro y a cuánto pueden ascender las facturaciones a realizar cuando la compañía descubre el fraude. El decreto señala textualmente que “de no existir criterio objetivo para girar la facturación en estos supuestos, la empresa distribuidora la girará facturando un importe correspondiente al producto de la potencia contratada, o que se hubiese debido contratar, por seis horas de utilización diarias durante un año, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que se puedan interponer”.

En cuanto a las acciones penales, el artículo 255 del Código Penal señala que “será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios siguientes: valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación, alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores o empleando cualesquiera otros medios clandestinos. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses”.

Endesa está realizando acciones efectivas contra el fraude con el apoyo de equipos especializados y aplicando avances tecnológicos en sus redes inteligentes, junto con herramientas como el Data Mining, que permite cruzar datos de consumo de clientes y ver si el consumo eléctrico se corresponde o no con el tipo de instalaciones y la potencia contratada. Todo ello ha permitido detectar más de 83.522 casos de fraude en 2015, lo que supone casi un 25% más que en 2014, recuperando 600 millones de kWh.