De Guindos y Rato discrepan sobre la reforma financiera
03 / 02 / 2012
José María Vals
El actual ministro de Economía, Luis de Guindos, y su antecesor en los Gobiernos de Aznar, Rodrigo Rato, discrepan sobre los efectos de la reforma financiera diseñada por el Ejecutivo.
El Gobierno ya ha marcado los plazos. El 31 de mayo deberán estar en la mesa del ministro de Economía, Luis de Guindos, los expedientes de la nueva oleada de fusiones entre bancos. Las entidades que decidan unirse con otras tendrán dos años para cumplir con las nuevas exigencias de depreciación de sus activos inmobiliarios, mientras que las que decidan seguir viviendo en solitario deberán hacer el ajuste en un año. Concretamente, antes del 1 de enero de 2013.
El Consejo de Ministros Ya ha dado el visto bueno a un decreto-ley que fija, además de estos plazos, fija los ajustes de valor de los inmuebles que se han quedado los bancos y de los créditos concedidos a promotores y compradores de suelo que tienen riesgo de ser morosos. Para el suelo, los bancos deberán preparar una hucha de provisiones que cubra el 80% de su valor de tasación. Para las promociones en curso cubrirán el 65% del valor de tasación y para los pisos tendrán que prever una depreciación directa del 35% de su valor inicial.
El ministro de Economía cree que con estas medidas “los bancos dejarán de ser inmobiliarias y se dedicarán a lo que tienen que hacer, dar créditos” y asegura que el impacto sobre el mercado inmobiliario global será finalmente positivo, porque la salida al mercado de los inmuebles en poder de la banca desbloqueará la actividad del sector. Y aquí es donde se produce la discrepancia principal con Rodrigo Rato, que fue ministro de Economía en los gobiernos de José María Aznar y hoy es presidente de Bankia, una entidad financiera que entra en todas las quinielas de fusiones.
Para Rodrigo Rato, el decreto-ley del Gobierno no ha tenido en cuenta el posible impacto negativo que puede tener sobre el mercado inmobiliario una caída forzada de los precios provocada por las prisas de los bancos en vender los que ya poseen. Esto, según el exministro, tendrá graves consecuencias sobre el valor total de los activos inmobiliarios de la economía española, sobre la riqueza patrimonial de las familias y empresas y, por tanto, sobre la marcha general de España que puede sufrir un nuevo revés en el crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB).
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