Cataluña: un boicot peligroso

Cuando volváis a casa, id a comprar una botella de cava catalán. Nada de boicots y ofensas”. La frase la pronunció, en Barcelona, el exministro socialista Josep Borrell, al término de su intervención tras la manifestación a favor de la unidad de España celebrada en la capital condal el pasado 8 de octubre. Y Borrell sabía por lo que lo decía. Las posturas viscerales tienen a veces consecuencias impredecibles y muchas veces desconocidas incluso para los que las llevan a cabo.

Así, mientras algunos de los miembros más radicales del soberanismo realizaban un llamamiento a los catalanes para que no compren productos de las empresas que han trasladado su sede fuera de Cataluña, llega ahora una campaña de Navidad en la que siguen circulando por las redes sociales listas de empresas cuyos productos no deben ser comprados por quienes se consideren españoles de pura cepa.

Ambas cosas, como diría un clásico, suponen un tiro en el pie. Boicotear las compras en Cataluña a las empresas que solo han trasladado su sede puede generar despidos y cierres de fábricas en esa comunidad autónoma. Pero según fuentes empresariales consultadas por TIEMPO, este boicot no se está produciendo. Más peligroso, quizás, es el contrario, el de dejar de comprar productos presuntamente catalanes fuera de Cataluña.

Los últimos datos oficiales señalan que durante 2016 Cataluña vendió al resto de España 38.861 millones de euros. Esas ventas suponen un 19% del PIB catalán y representan cerca de un tercio del comercio de Cataluña con el exterior de su territorio. La tentación de ahogar su economía, de “darles una lección” subyace en muchos de los mensajes que circulan llamando al boicot sobre los productos catalanes. Pero quienes los difunden seguramente no han medido la otra cara de la moneda.

Los mismos datos oficiales dicen que en 2016 Cataluña compró al resto del Estado español productos y servicios por valor de 21.313 millones de euros. Y si sus ventas disminuyen, también lo harán las compras, lo cual pondrá en dificultades a muchas empresas de fuera del territorio catalán. Ejemplos los hay para todos los gustos, pero quizás uno emblemático sea el de GB Foods, el grupo catalán dueño, entre otras cosas, de Gallina Blanca.

Efecto bumerán

Esta marca figura en todas las listas de los que llaman al boicot, por dos razones: mantienen su sede en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y los propietarios (la familia Carulla) son conocidos por su cercanía a ambientes nacionalistas relacionados con la antigua Convergència, hoy PDECat. Pero la realidad empresarial difiere, y mucho, de la política.

GB Foods, que tiene negocios en África, Asia, América y Europa, cuenta actualmente con unos 2.400 trabajadores, de los que 800 están en España, y de estos últimos, más de la mitad (500) están fuera de Cataluña. Concretamente, 300 trabajan en la planta de la localidad extremeña de Miajadas y otros 200 lo hacen en las localidades aragonesas de Ballobar (Huesca) y Alcañiz (Teruel).

El efecto bumerán está claro. Los problemas de Gallina Blanca los pagarían los extremeños y los aragoneses, al igual que el posible boicot a Casa Tarradellas afectaría a la venta de tomates extremeños para sus pizzas. Y es que en economía, más si cabe que en otras actividades, el mundo es un pañuelo.