Adiós al sueño económico soberanista

Denunciamos la dinámica del Gobierno español para perjudicar a la economía catalana. Y sin quitarle importancia a esto, tenemos confianza plena en la economía catalana, es mucho más que las empresas emblemáticas que han decidido cambiar su sede social. No nos gusta, pero esta economía es muy sólida. Estamos hablando con muchas empresas para ver cómo les podemos ayudar”. La afirmación es de Jordi Turull, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat, pronunciadas el martes, día 10, por la mañana, horas antes del pleno del Parlament en el que Carles Puigdemont declaró la independencia en diferido.

Esa fortaleza de la economía catalana ha sido vendida por los emisarios de la Generalitat a multitud de analistas internacionales durante los últimos dos años, con el fin de convencer al mundo financiero de que una Cataluña independiente es viable. “Vista en un laboratorio, sin interacciones de ningún tipo y con todo el mundo bailándole el agua, Cataluña, efectivamente sería viable como país. Pero se mueve en unas comunidades política y financiera internacional en las que las cosas no son fáciles”, señala uno de estos analistas que prefiere guardar el anonimato.

Con un cuadro en el que se mezclan datos de la Oficina Estadística Europea (Eurostat) y de la propia Generalitat, las fortalezas de la economía catalana vendidas por el Gobierno de Puigdemont se basan en que la dependencia de Cataluña del sector de la construcción es menor que en España y que en la media de la Unión Europea (UE), mientras que el peso de la industria en su tejido empresarial (16,7% del valor añadido bruto) es superior al de España (13,4%) y al de la UE (15,8%). El peso de la agricultura (0,9%) es un tercio del que se da en el resto de España (2,6%) y poco más de la mitad del 1,9% que registra la UE. En la contribución del sector servicios la diferencia es mucho menor, ya que el 74,8% de Cataluña es muy similar al 73,8% del resto de España o al 73,9% de media de la UE.

Una hipotética república catalana independiente nacería, pues, con más fortalezas que el resto de España debido a su mejor tejido económico. Sin embargo, esto, que se sostiene si se considera en vacío, comienza a hacer aguas en cuanto se ponen las cosas en su sitio. De poco le servirían todas estas comparativas si queda fuera de la Unión Europea y de España, a donde van a parar entre el 65% y el 70% de sus ventas. Por estar fuera de la UE, las empresas catalanas tendrían que pagar una tasa de aduanas, la Tarifa Exterior Común, que supondría un encarecimiento automático del 4,7% del precio de los productos. Si a eso se le suma que los intercambios comerciales ya no serían libres, el encarecimiento puede ser superior al 15% debido a lo que la OCDE analiza en sus estudios como impacto de burocracia, cambio de moneda y trabas aduaneras.

Daños a pie de calle

La CEOE catalana, denominada oficialmente Foment del Treball, que hasta ahora había tenido una posición más o menos discreta, salió en tromba a pedir que las cosas no siguieran por este camino ocho días después del referéndum del 1-O. Y no fue por casualidad. En un comunicado oficial, esta organización empresarial decía que “hace falta no avanzar ni un paso más en el incierto camino iniciado desde el Parlament, porque tendría consecuencias irreparables para Cataluña y España”, al tiempo que advertía de los “enormes daños que está provocando esta deriva” que necesitaba ser reconducida “cuanto antes”, y “desde el respeto a la legalidad”.

¿A qué daños se refería el comunicado de Foment? Pues a los que se producen a pie de calle, entre la gente normal, que ve peligrar su modo de vida y su sustento económico. Fuentes empresariales consultadas por TIEMPO señalan que tras el 1 de octubre y el enconamiento de la situación, numerosas empresas del resto de España han comenzado a buscar proveedores fuera de Cataluña para hacer sus encargos de materiales o prestaciones de servicios. Y eso influye en muchas pequeñas y medianas empresas catalanas que han empezado a ver flojear sus pedidos antes incluso de que Carles Puigdemont declarara más o menos oficialmente la pretendida independencia.

Por mucho que el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, asegure que están llamando a las empresas para ver de qué manera pueden ayudarlas, lo cierto es que cuando alguien deja de hacer pedidos a una pyme acaba de crear un agujero en la estructura de la compañía. Algunos estudios señalan que una Cataluña fuera de España y de UE perdería más del 40% de sus intercambios comerciales con el resto de España y eso podría llevarse por delante hasta medio millón de empleos. “Eso es economía real y no grandes números”, añade el analista contactado por la Generalitat.

Faltan cosas

En una cosa sí tiene razón Jordi Turull cuando afirma que el cambio de la sede social de decenas de grandes empresas no es condición suficiente para acabar con la economía catalana. Sobre todo, porque el principal impuesto empresarial, el de sociedades, es de competencia exclusiva del Estado y los Gobiernos autonómicos no se llevan ni un céntimo de su recaudación. Les da igual, pues, que CaixaBank lo pague en Barcelona o en Valencia. Y por otra parte, los empleados de esas grandes empresas que han cambiado su sede legal van a seguir igual que hasta ahora, pagando sus impuestos allí donde trabajan. Lo que sí ocurriría es que cuando la Cataluña independiente fuese a recaudar el impuesto de sociedades se encontraría con que no tiene grandes empresas a las que cobrar.

Pero lo que sí consigue este éxodo de grandes corporaciones empresariales es encender la luz de alarma. Y no hay algo que odien más los empresarios y los inversores que la inseguridad y los vaivenes. Cuando en un banco ubicado en Cataluña comienzan a írsele clientes de fuera de esa comunidad autónoma “por si acaso”, no tiene más remedio que poner tierra de por medio. Y su salida lleva consigo una sensación de inseguridad que se transmite al resto del tejido empresarial. Y eso también daña la economía real.

El propio Artur Mas, expresidente de la Generalitat, decía hace pocos días en una entrevista publicada en el diario británico Financial Times, que “para ser independientes hay algunas cosas que todavía no tenemos”. ¿A qué se refería? Él mismo hablaba después de que un país independiente necesita, entre otras cosas, cobrar los impuestos y las cotizaciones sociales para poder pagar las pensiones a los jubilados y las prestaciones a los parados. Pues bien, en este punto, Artur Mas coincide plenamente con los técnicos de los ministerios españoles encargados de ambos asuntos. Los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha señalan, por ejemplo, que para poder gestionar los impuestos estatales con el mismo nivel de eficacia que ahora, la Generalitat necesitaría contratar a más de 4.200 empleados públicos. Desde esta asociación se señala, además, que una Cataluña independiente tardaría años en lograr una recaudación eficaz de los impuestos que ahora recauda el Estado, lo que daría lugar a un aumento del fraude y a un menor nivel de ingresos tributarios.

Del mismo modo, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se destaca que los medios con los que ahora cuenta la Generalitat, tanto técnicos como humanos, son claramente insuficientes para poder gestionar el cobro de las cotizaciones sociales, así como el pago de las prestaciones a pensionistas o a los desempleados. Solo estos últimos reciben unos 3.500 millones de euros anuales de las arcas del servicio estatal de empleo.

Todo esto es economía real para miles de catalanes, como también lo son los 1.400 millones de euros anuales que Cataluña recibe ahora de la Unión Europea a través de los cuatro fondos estructurales y de inversión gestionados por la Comisión Europea. Ese dinero genera inversiones reales por el doble de la cantidad percibida, ya que va destinado a proyectos que la mayor parte de las veces se financian a partes iguales por el Gobierno de España y los fondos europeos. También son reales los 1.714 millones de euros que la Generalitat incluyó en sus presupuestos de 2016 para el pago de intereses de la deuda, y que este año 2017 han caído hasta los 799 millones, gracias al auxilio del Estado español. Esta caída se produce porque la deuda pública a largo plazo que va venciendo en Cataluña se va sustituyendo por aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), mucho más barato, porque se alimenta de deuda emitida por el Reino de España y no por la Generalitat, a la que los inversores piden elevadísimos tipos de interés por tener un mayor riesgo de impago (ver recuadro en la página anterior). 

Suspensión de pagos

Una Cataluña independiente no contaría con este paraguas estatal y entonces tendría que ir a los mercados en busca de financiación para poder mantener los gastos e inversiones de su Administración Pública. Fuera de la UE y de España, la prima de riesgo catalana llevaría los tipos de interés a niveles inasumibles que podrían terminar en una suspensión de pagos del nuevo país con la quiebra económica interior que eso supondría para todos, empresas, trabajadores y consumidores.

Las cuentas de los independentistas hablan también, por ejemplo, de contar con un presupuesto de no menos de 80.000 millones anuales, que suponen más del doble de los 31.000 millones del presupuesto real de 2017. Esto, según ellos, se lograría porque ya tendrían el cien por cien del IVA y del IRPF, de los que ahora disponen del 50%, así como de la totalidad de los impuestos especiales, de los que ahora reciben el 58%. Pues bien, según las cifras del propio presupuesto de la Generalitat, doblar el IRPF y el IVA supondría un incremento de recaudación de 14.700 millones, a los que habría que sumar 2.000 millones más por impuestos especiales.

Con estas tres cifras, el presupuesto de ingresos de la Generalitat pasaría de 31.000 a cerca de 48.000 millones, muy lejos de los 80.000 de los que hablan los independentistas. Y si se suman los 20.000 millones que ahora recauda la Seguridad Social en Cataluña, la cifra tampoco llega. Y todo ello sin tener en cuenta que la gestión de todo esto no es nada fácil. Al final, la fuga de empresas, a la que tanto Mas como Puigdemont y Turull han restado importancia real, ha encendido la luz de alarma sobre las serias dificultades para que la Cataluña independiente cumpliera su sueño económico.

El presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà

Cadena de Montaje de Seat en su factoría de Martorell

Fotos: Q. García/EFE y J. Cortadellas

Deuda pública

Una pesada losa

Uno de los aspectos más controvertidos del sueño económico de los independentistas catalanes es el de la deuda pública. Muchos de ellos han hablado abiertamente de la posibilidad de que España se quedara con ella y que el nuevo Estado independiente nacería sin ataduras financieras. Eso es completamente imposible, porque Cataluña debería llevarse puesta, no solo su deuda propia, sino la parte que le corresponde del total de deuda española.

Según los últimos datos oficiales del Banco de España, Cataluña tenía a 30 de junio último una deuda de 76.727 millones de euros, de los que algo más de 14.000 millones corresponden a préstamos de bancos nacionales y extranjeros, otros 5.669 millones son títulos de deuda de la Generalitat y 52.499 millones corresponden a préstamos del Estado español a través de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

A esa cifra, que indefectiblemente sería una pesada losa difícil de financiar fuera de España y de la Unión Europea, habría que añadir la parte correspondiente de la deuda del Estado por el peso que Cataluña tiene en el PIB de España (aproximadamente el 19%). Eso elevaría la deuda total del nuevo Estado catalán a no menos de 220.000 millones de euros, lo que supondría nacer con un endeudamiento de aproximadamente un 120% del PIB.

La nueva sede de Caixabank, en Valencia