13/11/09
Alfredo Bryce Echenique, el novelista peruano (Lima, 1939), quizá llegue a tiempo. Cabdiweli Cabdullahi, más conocido como Abdu Willy, pirata somalí, más o menos mayor de edad, nacido para protagonista de una de las novelas del escritor iberoamericano. La vida exagerada de Martín Romaña o Las obras infames de Pancho Mrambia tendrían un continuador natural en Abdu Willy, cuya peripecia demuestra, una vez más, que la realidad supera siempre a la ficción.

Además, si no fuera por la dramática situación de los 36 tripulantes del Alakrana, rehenes de los piratas del Índico, todo parecería una inmensa e hilarante bufonada. Desde las idas y venidas para determinar la mayoría de edad de Abdu Willy a la irrupción como defensor suyo de un elegante letrado, Francisco Javier Díez, que declina aclarar quién lo ha contratado.

Todo sin olvidar el paripé organizado para intentar que la Justicia mire hacia otro lado y se salte sus propias normas sin que -algo imposible- se note demasiado. El espectáculo, en el que el Gobierno también tiene un papel más que protagonista, está a la altura del episodio de piratería que comenzó con el abordaje del atunero Alakrana. Abdu Willy, tenga los años que tenga, es el pirata exagerado, mejor dicho, imperfecto, porque al fin y al cabo fue detenido en un bote cerca del atunero español junto con su compinche Raagegesey Hassan Haji.

Ahora, y casi desde el principio, su vuelta a Somalia es el escollo parece que definitivo para lograr la liberación de los tripulantes del Alakrana. Nadie dice nada más, porque estas cosas se eluden, pero los expertos entienden que, con anterioridad, ya ha habido acuerdo económico con los piratas que retienen el barco y a los tripulantes. Es decir, que han cobrado o han pactado el cobro del rescate. Sólo falta Abdu Willy y se supone que su compinche de nombre impronunciable. Detenidos por militares españoles en las aguas del Índico, queda bastante claro que fue el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, quien impulsó el traslado a España de los piratas capturados. Luego siguió adelante la Fiscalía, y los jueces Santiago Pedraz y Baltasar Garzón hicieron el resto, pero ellos no iniciaron el proceso y una vez puesto en marcha tampoco tenían alternativas muy diferentes.

La presencia en España, a disposición de la Justicia, de Willy y Haji ha enredado la solución a la situación del Alakrana y sus tripulantes, por cuya integridad se temió en más de un momento. Fue entonces cuando el Gobierno de Zapatero empezó a temblar, atrapado en el dilema de respetar la legalidad y la independencia judicial y al mismo tiempo hacer también lo imposible para preservar la integridad de los secuestrados. La exigencia de los piratas de liberar a sus amigos detenidos en España complicaba la situación porque su suerte ya no estaba en manos del Gobierno, sino de la Justicia que, además, tiene la obligación de cumplir las leyes que aplica. Todas las leyes son susceptibles de interpretaciones, pero también hasta un límite que los jueces ni pueden ni deben superar. Los familiares de los tripulantes del Alakrana sólo quieren el regreso de los suyos, más allá de los detalles legales. Garzón ha sugerido que existen fórmulas para enviar a Somalia o a Kenia a Abdu Willy y a su compañero.

Es posible, aunque existe el peligro de que quede -para futuros piratas más perfectos- la sensación de que la legalidad española puede torcerse según la conveniencia del momento y la situación. Todavía más preocupados están los jueces por las voces que se levantan en estas ocasiones -aunque sean pocas, existen- para reclamar que se haga la vista gorda en uno de los pilares de la democracia: la separación de poderes y, con más precisión, la independencia del poder judicial con respecto al ejecutivo. La invocación de excepciones a ese principio, como puede ocurrir con el asunto del Alakrana y también del Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones (Sitel), es abrir un portillo a un pasado anterior a Montesquieu, más propio de Somalia que de España, un país europeo del siglo XXI. La oposición de Mariano Rajoy, por supuesto, debe estar al lado del Gobierno para lograr un final feliz en el asunto Alakrana. Nada más. La responsabilidad está en manos del inquilino de La Moncloa y de su equipo.

También del Gobierno depende la consideración que genere en el mundo España cuando concluya, sin duda de forma satisfactoria, el secuestro de los tripulantes del atunero español. Los piratas y los terroristas deben tener claro, más allá de Abdu Willy, con quién se enfrentan. La estrambótica historia de Abdu Willy ha arrumbado la denuncia del PP de la utilización del sistema Sitel, el que adquirió en su día el Gobierno con Rajoy de ministro del Interior, pero que ha empleado Rubalcaba. Los populares creían que habían encontrado una presa que apartara del primer plano los coletazos del Gürtel y las peleas madrileñas Aguirre-Gallardón. El vértigo del momento, sin embargo, puede con casi todo. Socialistas y populares siguen con la atención puesta en las encuestas, que cambian poco. El PP de Rajoy sigue por delante, lo suficiente para dar esperanza a los suyos, pero no tanto como para que los socialistas piensen que no pueden recuperar el terreno.

La valoración de Zapatero y de Rajoy, a pesar de todo, sigue en caída. El líder del Partido Popular nunca estuvo muy alto. Por eso la novedad es el retroceso del presidente. Al fondo, y más allá del Alakrana y del esperpento de Abdu Willy, la crisis económica no cesa y la verdadera exageración -una auténtica barbaridad- son los cuatro millones y medio de parados en España.