16/10/09
La cultura andina (quechua y aimara) aún se rige por el antiguo derecho incaico: Amu Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas flojo). Al sur del Perú, ya sea por este legado cultural o por la desconfianza en el sistema judicial, estas leyes se llegan a aplicar de forma comunitaria y espontánea, provocando situaciones extremas en que una turba de centenares de justicieros apresan al delincuente y le aplican un severo castigo que puede acabar con su ejecución. En el altiplano andino, entre Perú y Bolivia, las autoridades policiales poco pueden hacer ante una masa de gente furiosa que quiere dar un severo correctivo al criminal. La mayoría de los ajusticiados suelen ser ladrones de poca monta, conocidos como rateros (en el ámbito urbano) o abigeos (usurpadores de ganado).

En la región de Puno (al sur del Perú) y en asentamientos del norte de Bolivia hay cada año más de una decena de muertos por estos linchamientos. Sólo en Juliaca, una de las poblaciones más importantes de esta zona (300.000 habitantes), durante los primeros nueve meses de 2009 la policía lleva contabilizados casi 40 juicios de este tipo, tres de ellos mortales. El procedimiento siempre es el mismo. Cuando se tiene la sospecha de que alguien ha cometido un delito, se convoca improvisadamente a la comunidad para apresar al inculpado. Sin previo juicio y llevados por la pasión de venganza, lo desnudan, lo apalean, lo atan a un poste y, en el peor de los casos, lo queman vivo. Sobre todo en los barrios periféricos de ciudades como Juliaca, no existe otra forma de pagar los delitos. Sólo la llegada del serenazgo (la policía local) puede evitar la ejecución final. El incremento de estos actos ha alarmado a las autoridades locales, hasta el punto de que han hecho llamamientos a la calma. “¿De quién depende frenar este tipo de hechos?”, se pregunta el comisionado de la Defensoría del Pueblo de Puno, Luis Salas Quispe, señalando inmediatamente a alcaldes provinciales y de distrito por ser presidentes de los comités de seguridad ciudadana.

Horca y hoguera
De cualquier modo, si durante un desenfrenado juicio se comprueba que el sospechoso no posee bienes robados y no tiene cicatrices que revelen su pasado delictivo, puede llegar a ser liberado. Pero si se le sorprende in fraganti, ya no tiene nada que hacer. Sólo esperar a que lo rescate la policía. Uno de los casos más conmovedores ocurrió el 26 de agosto de 2007. Hasta 2.000 comuneros de Patascachi, en el distrito puneño de Taraco, obligaron a Gerardo Parisuaña a ahorcar a su propio hijo Gary, acusado de diversos crímenes y robos cometidos. Gary había formado parte de una banda que operaba en diferentes zonas de la provincia de Huancané y San Román y donde habría asesinado a cinco personas.

Los testigos aseguraron que su madre le vendó los ojos para que no viera quién sostenía la cuerda y que justo cuando le vendaron los ojos, el menor lloró. En ocasiones, las turbas justicieras del altiplano se ensañan con supuestos delincuentes de los que al final se ha descubierto su inocencia. A veces, demasiado tarde. Esto le ocurrió el pasado 5 de septiembre a Jack Briceño, el hijo del fiscal superior de Puno, que murió linchado sin haber cometido delito alguno. El joven fue confundido con un delincuente, golpeado con salvajismo y después quemado en la urbanización Santa Bárbara de Juliaca. La víctima estudiaba Medicina en Rusia y pasaba las vacaciones en su ciudad natal.

El punto de inflexión
Fuentes de la Fiscalía peruana creen que el punto de inflexión que popularizó estas mortales reprimendas fue la ejecución del alcalde de Ilave (en la frontera con Bolivia), Fernando Robles. El 26 de abril de 2004, Robles falleció tras los feroces ataques por parte de una turba que protestaba por sus supuestas corruptelas. Durante varias horas, fue apaleado públicamente hasta que dejó de respirar. Olga Apaza, de 48 años, perdió a su marido, Hugo Carlos Machaca, la noche del 17 de julio de 2008 en Juliaca. La víctima era un hombre de muchos oficios y, en el momento de su muerte, se dedicaba humildemente a conducir un rudimentario taxi-triciclo. Los 20 soles que ganaba cada día le permitían mantener a sus cuatro hijos, no sin dificultad. La noche fatal desapareció y su mujer no supo nada de él hasta que al día siguiente lo vio tumbado en la morgue del hospital. Su rostro estaba desfigurado por los golpes y presentaba fracturas por todo el cuerpo. Según testigos, una turba de pobladores descontrolados le acusó de querer robar en una tienda.

Fue amordazado y atado a un poste, donde fue golpeado hasta su muerte. La policía no pudo intervenir ante tanta gente descontrolada, pues fue repelida a pedradas. La viuda, que ahora está sumida en la ruina, insiste en la inocencia de su difunto marido y pide un proceso contra unos autores que fueron liberados 15 días después de los hechos por falta de pruebas. “Él no había robado nada –se lamenta Olga Apaza– y ahora ya no tengo a nadie que me ayude a sustentar a mis hijos”. Los menores han dejado de estudiar por falta de recursos.