21/11/2008
Una pareja que pierde a su bebé poco antes del parto o a las pocas horas de nacer se enfrenta a un dolor indescriptible. El adiós al hijo largamente esperado, los sueños rotos y, al llegar a casa, el reencuentro con la habitación infantil decorada con ilusión, con la ropita doblada y la cuna vacía. En España, además, los padres que pasan por ese trance se dan de bruces con una desagradable sorpresa: su bebé no tiene derecho a recibir un nombre en los papeles oficiales que registran su muerte. Un aciago día de diciembre de 2005 Gina Rosell y Joan Beltrán, una joven pareja de Barcelona, pasaron por esta situación. “Tuvimos un embarazo perfecto, pero días antes de cumplir nueve meses hubo una complicación y nuestra niña nació muerta. Aparte del choque brutal por una muerte súbita que te deja sin tiempo para hacerte a la idea, nos encontramos con que los papeles del hospital y de la funeraria llamaban a nuestra hija cosas como feto, hembra... La niña tenía que llamarse Amanda pero no nos dejaron poner su nombre en los papeles.
Nos hizo sentir mucho peor de lo que ya estábamos. Es más, días después fuimos al juzgado para pedir un certificado de defunción y la niña no aparecía por ningún lado”. La ley española considera que una persona ha nacido cuando ha conseguido superar las 24 horas de vida tras el parto. Sólo a partir de ese momento tiene derecho a una existencia legal, a un nombre. Como muchos de los 2.000 padres que pasan cada año por esta situación en España, Gina y Joan hablan de su hija constantemente y no entienden por qué su muerte no tiene constancia legal. “Para poder hacer el duelo, necesitas que lo que te ha pasado sea reconocido por la sociedad, que tu hijo aparezca en el Libro de Familia”. Gina y Joan decidieron remover cielo y tierra para evitar que otros padres pasaran por lo mismo. Se dirigieron al Defensor del Pueblo y a su homólogo catalán, el Síndic de Greuges, y a todos los partidos políticos. El diputado por CiU Jordi Jané accedió a llevar la causa al Congreso. Había comenzado la reforma Amanda. “Es una cuestión de sensibilidad, de humanizar el ordenamiento jurídico. Amanda no era una hembra, tenía un nombre para sus padres”, dice Jordi Jané. En junio de 2007, tras su debate en la comisión de Justicia, todos los grupos –PP, PSOE y CiU– acordaron instar al Gobierno a estudiar la situación a fin de cambiar la ley del Registro Civil que impide registrar a los bebés de menos de 24 horas de vida. Jané proponía que se aceptara inscribirles en caso de gestaciones de más de seis meses y pedía que la reforma tuviera efectos retroactivos, para que Gina y Joan y muchos otros padres pudieran fi nalmente hacer constar a sus hijos en el Libro de Familia. Los partidos coinciden en que el único motivo de la reforma es dar un reconocimiento social al bebé fallecido, sin otorgarle otros derechos jurídicos, como por ejemplo los que pudieran alterar las disposiciones de herencia de los familiares.

El Gobierno lo estudia ahora
El Ministerio de Justicia, cuyo titular es Mariano Fernández Bermejo, ha confi rmado a ‘Tiempo’ que la reforma está ahora en fase de estudio, pero no indica ningún plazo para tomar una decisión. El diputado Jané ha enviado ya dos preguntas parlamentarias, pero no ha recibido ninguna respuesta más concreta. Gina y Joan no cejan en su empeño y han escrito a varias personalidades de la vida política española. Dirigentes como la ministra socialista Carme Chacón o la concejal popular Ana Botella les han contestado prometiendo que harían lo que estuviera en sus manos. Otros padres se han sumado a la lucha, como Juan y Lilian, que han abierto la web umamanita.es en recuerdo de su hija Uma y para apoyar a otras familias. Tienen muy claro también que la ley debe cambiarse: “La muerte de un bebé debe dejar de ser un tabú”.