24/10/2008
La noche del 28 de diciembre de 1880, los trabajadores de Telégrafos de Sevilla se quedaron fascinados cuando escucharon las sevillanas que cantaba una de las hijas de Rodrigo Sánchez Arjona, el médico de Fregenal de la Sierra (Badajoz) que instaló la primera línea telefónica en España. El extremeño, que era afi cionado a la ciencia y a las exposiciones universales, adquirió dos teléfonos Gower-Bell en una visita a París convencido de que aquellos artilugios, fabricados en madera, se convertirían en un revolucionario sistema de comunicación. Su apuesta fue certera. A las 00.45 de la madrugada del pasado 8 de octubre, un siglo después de aquel hito de la telefonía, los jueces de toda España se quedaron pasmados al ver el sorprendente e-mail que llegaba desde las mismas tierras extremeñas al correo interno que el centro de documentación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto al servicio de los 4.600 miembros de la carrera judicial y que hasta ese día muy pocos habían activado. El remitente, Pedro Márquez Rubio, titular del juzgado de primera instancia e instrucción único de Fregenal de la Sierra no cantaba sevillanas, pero decía cosas que a sus colegas les parecieron verdades como puños: “¿Por qué somos un colectivo tan pasivo? ¿Por qué agachamos la cabeza y seguimos trabajando y trabajando mientras nos amedrentan, desacreditan e incluso nos insultan? ¿Por qué los secretarios pueden unirse en cuestión de horas y actuar de forma conjunta y nosotros no? ¿Qué hace falta para que levantemos la cabeza de los pleitos y plantemos cara?...”. Él mismo sin saberlo tenía la respuesta. Su mensaje, que condensaba el malestar generalizado en la carrera, dio en la diana y logró lo que nadie había conseguido hasta entonces: movilizar a la poderosa corporación de jueces y magistrados.

Cortina de humo
La identidad del líder involuntario de esta rebelión de togas, aparentemente espontánea y sin una organización premeditada, no tendría mayor interés si no fuera porque es el sobrino de Rafael Tirado Márquez, el titular del juzgado penal número 1 de Sevilla, órgano que retrasó durante dos años la ejecución de la sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Un caso que ha puesto al descubierto las fi suras del actual sistema judicial, sobrecargado de trabajo y con medios decimonónicos, y ha actuado como un revulsivo en un colectivo que ha visto en el expediente abierto al juez Tirado y en la sanción de dos años de empleo y sueldo impuesta a su secretaria, Juana Gálvez, “una cortina de humo” para tapar las carencias de la administración de Justicia. Pedro Márquez provocó un auténtico incendio en el mail del poder judicial, por donde han circulado estos días hasta mil correos diarios y que llegó a estar tan colapsado como algunos órganos jurisdiccionales del país. Su iniciativa coincidió con la reunión que ese mismo día man- tenían los jueces decanos de toda España en Cádiz, donde califi caron de “intolerables” las indicaciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien tres días antes, en declaraciones al diario El País, afi rmó que esperaba que el Consejo impusiera tres años de suspensión al juez Tirado. Fue en ese encuentro en el que se decidió convocar juntas de jueces en todo el país el martes 21, coincidiendo con el paro anunciado días antes por los secretarios judiciales en apoyo de su compañera Juana Gálvez.

Mensajes solidarios
Los secretarios judiciales –un colectivo de más de 3.600 funcionarios– habían encendido la mecha, pero el juez Márquez la recogió y como una antorcha olímpica la propagó por la Red. Incluso jueces que ni siquiera habían hecho uso de su mail corporativo se apresuraron a pedir la clave para entrar en el multitudinario foro en el que cada tres minutos se lanzaban mensajes de solidaridad a Tirado y a Gálvez, críticas al Gobierno y auténticas sofl amas en favor de su independencia frente a las injerencias del Ejecutivo. Pedro Márquez es un joven juez sevillano de 31 años que lleva poco más de año y medio en el juzgado único de Fregenal de la Sierra, un municipio gobernado por el PSOE y muy tranquilo tanto a nivel social como jurisdiccional, pero no reside en él. Como muchos jueces que ejercen en poblaciones pequeñas, Pedro Márquez, que tiene a su novia en Zafra, vive en una localidad distinta a donde trabaja. El alcalde socialista del municipio extremeño, Juan Francisco Ceballos, confi esa que ignoraba que fuese familiar del polémico juez Tirado y que haya sido el agitador de la revuelta de jueces. Asegura que apenas ha cruzado tres palabras con él. “Aquí la separación de poderes la llevamos a raya”, afi rma Ceballos a ‘Tiempo’. Además de su pasión por el Derecho, Pedro Márquez comparte con su tío un gran parecido físico y algunas cualidades de su carácter: su figura menuda, su aparente timidez y su trato afable y cortés. “Lo siento, entiéndame, pero no puedo hacer declaraciones”, respondió amablemente a esta revista cuando trató de hablar con él. Nació en Sevilla, donde cursó la carrera de Derecho, y se formó en la Escuela Judicial de Barcelona, donde formó parte de la numerosa 55 promoción junto con otros trescientos aspirantes a jueces. En el centro lo recuerdan como un buen alumno que logró sacar las oposiciones a juez con tan sólo 25 años. Su primer destino, como adjunto en prácticas, fue el juzgado de lo penal de Mérida (Badajoz) donde estuvo tres meses. De allí saltó al juzgado de primera instancia e instrucción de Almendralejo, también en tierras pacenses, donde ejerció durante un año. Allí se ganó el cariño de los policías municipales que en tono cariñoso lo llamaban “el chiquinino”. Quienes lo trataron entonces resaltan de él su “amabilidad” y su “excesiva timidez” con la que, a veces, transmitía un cierto aire de “inseguridad”, y aseguran que “se sentía más cómodo con los asuntos mercantiles que con los penales”. José Alberto Izquierdo, el secretario del juzgado decano de Almendralejo, se refi ere a él como “un magnífi co profesional y un excelente compañero” con quien tomaba el café en la máquina del juzgado, pero “no hacíamos corrillos porque sólo había dos jueces y dos secretarios”.

“Huelga encubierta”
Nunca expresó en público la rabia e impotencia que sentía por el vía crucis que estaba pasando su tío y que fi nalmente descargó en Internet. Cuando algunos de sus colegas leyeron su revolucionario email comentaron: “¡Vaya par de narices que tiene!”. No les falta razón. Los jueces tienen limitado por ley el derecho de huelga, y el Gobierno ha interpretado la convocatoria de las juntas de jueces como una reacción corporativa y una “huelga encubierta”. El propio ministro de Justicia advirtió: “Si alguien pretende ser intocable, no lo conseguirá. En el Estado de Derecho, si hay una negligencia grave, funcionan los mecanismos y se sanciona”. Pedro Márquez está a punto de ascender a magistrado. Pero sus compañeros no creen que su iniciativa afecte a su carrera. “Si se miran con lupa los correos que se han cruzado estos días los jueces, la mayoría son delictivos”, reconoce un magistrado del Supremo. Con las brasas aún calientes del incendio que ha provocado en la judicatura, en su despacho de Fregenal Pedro Márquez sigue sin salir de su asombro. La informática, que todavía impide que los juzgados del país puedan cruzarse datos sobre delincuentes como Santiago del Valle, ha contribuido a un hito, como hace un siglo alcanzó otro vecino desde la misma localidad extremeña.