08/11/07
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Mientras los partidos políticos discuten si la diplomacia española ha actuado de forma adecuada en la crisis de Chad, los 103 niños sacados de su entorno por la ONG francesa El Arca de Zoé esperan en un orfanato para ser devueltos a sus familiares. El patrono de la organización, el francés Eric Breteau, organizó una supuesta campaña para rescatar a 10.000 huérfanos de los desastres de Darfur y según él “encontrarles acomodo en distintos hogares de Europa y Estados Unidos”. Para realizarlo consiguió 550.000 euros, 165.000 de ellos destinados a pagar a la compañía aérea española Girjet. La actividad de Breteau había comenzado en 2004 tras el desastre provocado por el tsunami que arrasó el sureste asiático.

En España el Proyecto de Ley de Adopción Internacional, que será aprobado con toda seguridad antes de final de año, hará difícil que se produzca una situación semejante. En primer lugar porque indica expresamente que no podrán iniciarse los trámites de adopción en países en guerra o que estén inmersos en desastres naturales. Y también porque las relaciones entre las familias y las Entidades Colaboradoras en Adopción Internacional (ECAI) serán más transparentes. Pilar Blanco-Morales, directora general de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia, que ha impulsado la ley, explica a ‘Tiempo’ el porqué de esta prohibición: “Lo más importante es lo que subyace en el plano jurídico, es decir, que no se podrá adoptar cuando esas situaciones impidan que existan las garantías suficientes de que se prestan los consentimientos necesarios y que se realiza un proceso regular”. En su opinión, el modelo español que se instaura en 1996, al firmar el convenio de La Haya y en el que se opta por una “autoridad central descentralizada”, estableciendo la competencia de las comunidades autónomas, ha supuesto una buena prevención para este tipo de situaciones. Blanco-Morales afirma, además, que el nuevo marco legal intenta también evitar otras situaciones que, desgraciadamente, se están produciendo, como los traslados ilegales de niños desde Estados que no reconocen la adopción –la mayoría de los países musulmanes– a otros donde ésta sí se facilita. “De hecho los organismos internacionales y las autoridades españolas siempre han llamado la atención sobre este tema”, indica la directora general de Registros y Notariado.

La familia africana
La estructura de clan típica de la familia africana hace que un niño que no tenga padres no se quede desprotegido, en la mayoría de los casos, porque siempre habrá un adulto que se haga cargo de él. En este sentido, Antonio Ferrandis, director del departamento de Adopción del Instituto Madrileño del Menor y de la Familia, explica que tienen mucho cuidado con las adopciones que se realizan en África y que sólo se aceptan los niños que provienen de un orfanato, donde se puede demostrar que han sido abandonados por su familia. “Nosotros intentamos que no haya adopción por pobreza y esto forma parte esencial del debate, por eso ninguna de las grandes organizaciones que trabajan en cooperación internacional como Unicef, Médicos Sin Fronteras o Intermón tienen programas de apoyo a estas adopciones, porque en el fondo las familias de algunos de los niños que estamos adoptando se han visto obligadas a renunciar a ellos porque no cuentan con cien dólares al mes para vivir”. A su juicio, si hay gente que empieza a enriquecerse durante un proceso de adopción en África se puede destruir esa estructura de clan que tan bien ha funcionado.

Desde la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA), aseguran que el aumento del interés por realizar adopciones en países africanos está motivado “por la falsa idea de que puede ser más fácil y más rápido”; esto provoca, según ellos, que se produzcan casos como los de Congo, “en los que no se dan todas las garantías necesarias para la adopción y la Administración tiene que actuar de forma precipitada y de urgencia para rescatar a las familias de una situación muy conflictiva”.

Irregularidades
La ECAI Asociació d’Infants de Congo (ADIC), que tramitó las adopciones de varias familias catalanas, fue inhabilitada en el verano de 2006 y según fuentes de la Consejería de Acción Social y Ciudadanía ha sido denunciada por irregularidades por la Generalitat. Según las mismas fuentes, de los 19 casos que llevaba en este país africano aún quedan tres sin resolver. El Gobierno de Congo anunció tras el escándalo de Chad que no permitiría más adopciones. El precio que estos padres han tenido que desembolsar, según datos de CORA obtenidos de las propias familias ha sido de 9.800 euros, sin incluir los gastos de viaje, la estancia, ni la aportación al orfanato.

Para Pilar Blanco-Morales, las situaciones vividas recientemente en Chad deben servirnos para entender que la reglamentación de la nueva ley hará que “otros países donde adoptan familias españolas nos vean como un país respetuoso con la soberanía de cada uno de los estados”. En su opinión, lo ocurrido con El Arca de Zoé también nos enseña que, a pesar de lo que algunos pueden creer, cuando se habla con ligereza de un proceso de adopción internacional “para la inmensa mayoría de los países los niños son un auténtico desvelo y se olvida el desgarro que puede causarse a una familia a la que no se da la oportunidad de consentir, al menos, el traslado de su hijo o de su pariente”.

Blanco-Morales sostiene que esta ley es un paso adelante y que con ella nos colocamos a la vanguardia de la legislación mundial.