La corrupción y el urbanismo salvaje han empujado a la ciudadanía a disputar el poder a los grandes partidos. En esta apuesta se juegan su forma de vida.
11/05/07Noticias relacionadasLa lista de la vergüenzaPromesas electorales“Si no te metes en política, la política acaba metiéndose contigo”, explicaba el actor Toni Cantó junto a la mitad de Gomaespuma, Juan Luis Cano, y el director Mariano Barroso. Unidos por la degradación urbanística que empieza a rodear sus casas, los tres han decidido formar parte de la lista de Vecinos por Torrelodones. El ladrillo y asfalto que avanza por bosques y playas españolas moviliza cada vez a más vecinos contra los partidos tradicionales. El de Torrelodones es sólo un ejemplo, pero la reacción se extiende en los pueblos españoles Por toda España, la especulación y los casos de corrupción salpican a alcaldes y concejales pero la costa mediterránea y Madrid se llevan la palma. Un informe del Parlamento Europeo denunciaba hace unas semanas “el expolio del patrimonio cultural y el enladrillado del litoral”. En el último año decenas de ediles españoles han pasado por los tribunales y las denuncias de delitos medioambientales se multiplican entre los vecinos.
La Sierra de Madrid es uno de los puntos de España donde la especulación urbanística está abriendo más conflictos vecinales. La proximidad a la capital y sus cualidades ambientales son un extraordinario valor añadido que, promotores, constructores y ayuntamientos no parecen dispuestos a dejar de explotar mientras haya terreno disponible.
Una vez adjudicado el suelo de los municipios más próximos a la capital entre los grandes grupos urbanísticos, la batalla se desenvuelve ahora en los ayuntamientos del piedemonte de Guadarrama. Esta emblemática serranía central pasará pronto a ser el decimocuarto Parque Nacional de España, y ello ha abierto una carrera por la especulación, ante el creciente valor de los terrenos que no se protejan.
Avanzando hacia la SierraLos habitantes de la comarca conocida como Sierra Noroeste ven con temor la cada vez mayor presencia de grúas en zonas hasta ahora consideradas intocables. Por la mayor parte de estos ayuntamientos han pasado gobiernos tanto de izquierdas como de derechas. Lo cual también ha creado aquí, como en el resto del país, un gran descontento hacia la clase política en general y, sobre todo, la municipal.
Ya en el año 2004, la web de Ecologistas en Acción de Madrid alertaba de una preocupante situación en la Sierra madrileña: “La respuesta ciudadana ha sido la de agruparse en asociaciones que de forma independiente o en colaboración con grupos ecologistas están solicitando el desarrollo de planes urbanísticos respetuosos con el entorno natural”, aseguraba una nota.
Las previsiones avanzadas por Ecologistas en Acción en 2004 se han cumplido. El descontento social, que ha trascendido de lo meramente local, se materializó con el nacimiento de la Coordinadora Salvemos la Sierra. En ella se dan cita diferentes grupos con el objetivo común de informarse y luchar contra las agresiones ambientales y urbanísticas que se suceden a lo largo de la comarca. También se ha creado un espacio de encuentro, denominado El Foro Social de la Sierra, donde expertos y vecinos debaten sobre todo tipo de aspectos relacionados con esta situación.
Hasta 100.000 nuevas viviendasLa Coordinadora Salvemos la Sierra hizo público recientemente un estudio en el que sus expertos habían calculado en 100.000 el número de viviendas previstas en estos municipios. Adolfo Rodríguez, economista y miembro de la plataforma, explica que en un primer momento se calcularon 70.000. “Sin embargo, la estimación real podría superar las 100.000 viviendas a medio plazo, si el mercado mantiene el ritmo actual de demanda”, matiza. Tan sólo con los planes anunciados por ocho de estos municipios ya se reconocen cerca de 33.000 nuevas viviendas. A ello se suman las 7.700 previstas en los polémicos proyectos de Torrelodones o las cerca de 5.000 que se planean en Colmenarejo, donde el Ayuntamiento pretende urbanizar 2,5 millones de metros cuadrados calificados como Vías Pecuarias.
La comarca de la Sierra Noroeste de Madrid cuenta con diecinueve municipios dentro del área de influencia de la A-6. Actualmente, su población supera los 230.000 habitantes y llega a duplicarse en fines de semana y vacaciones. Calculando el ratio habitual de 3,4 habitantes por vivienda, y asumiendo las previsiones más moderadas ofrecidas por los ayuntamientos, la población de esta comarca llegará a 500.000 habitantes estables en menos de veinte años.
Rodríguez alerta de que un crecimiento de esa magnitud es “completamente inasumible, no sólo por la falta de suelo para ampliar carreteras. La falta de agua embalsada hace que ya se estén saqueando sus acuíferos con cientos de pozos ilegales”.
Sospecha de delitosY donde hay grandes negocios aparece inevitablemente la corrupción. Por toda la Sierra los escándalos se han sucedido desde hace unos años. Valdemorillo, Colmenarejo, Torrelodones, Galapagar, San Lorenzo de El Escorial..., en todos ellos las denuncias han señalado al alcalde o a algún grupo de concejales.
El caso más significativo de esa comarca es la denuncia presentada en enero por miembros de Pivalde (Partido Independiente de Valdemorillo) contra su alcaldesa, Pilar López Partida (PP), por cinco presuntos delitos, todos ellos vinculados con la relación que esta alcaldesa mantiene con la empresa constructora Edisán.
El equipo de Gobierno de Galapagar (PP), incluido su alcalde, se encuentra también pendiente de un proceso judicial. Un concejal del propio Partido Popular destapó recientemente el posible trato de favor a un empresario amigo del alcalde, por haber dejado de pagar al Consistorio lo establecido en un convenio público. El edil denunciante fue apartado del gobierno local.
El Partido Popular por su parte denunció, el pasado mes de marzo, al alcalde de El Escorial, Lorenzo Fernández Fau (coalición PSOE e IU) por un presunto delito de prevaricación.
Única alternativa sostenibleAnte tales perspectivas muchos ciudadanos serranos que no se resignan a votar en blanco o a abstenerse han llegado a la conclusión de que la única alternativa para lograr un crecimiento sostenible es una candidatura sin intereses ni vínculos empresariales.
De los muchos grupos independientes que se presentan a los próximos comicios, destacan los nacidos contra el urbanismo de sus municipios: Alternativa Ciudadana en El Boalo, Independientes de Collado Mediano, Convocatoria por Los Molinos, Activa Coalición por Galapagar y Plataforma de Vecinos de Galapagar, Vecinos por Torrelodones, Vive Colmenarejo y Pivalde en Valdemorillo.
Estos nuevos grupos están constituidos, en un alto porcentaje, por personas foráneas. Paradójicamente, son los nacidos en otras localidades, en su mayoría Madrid capital, los que menos interés tienen en que estos municipios crezcan. Entre los oriundos, algunos han apoyado la iniciativa, pero otros, con tierras y dispuestos a venderlas, esperan confiados la recalificación que las convierta en oro.
En medio, un gran grupo formado por la gente más mayor relaciona el crecimiento con las mejoras que van acometiendo los ayuntamientos, como centros para mayores o parques para niños. “Pero esto no es más que el chocolate del loro; pan para hoy y hambre para mañana –explica Alfonso Redondo, presidente de Pivalde–. Los ayuntamientos invierten una parte de los ingresos que reciben en mejoras para los ciudadanos. Pero el precio que estamos pagando por una zona verde artificial es demasiado caro; y lo pagamos sacrificando zonas verdes naturales”.
Grupos independientes llevan años participando en las elecciones municipales. Incluso hay casos en los que han llegado a gobernar o determinar el signo de ciertos gobiernos locales. Sin embargo, a las puertas del 27-M, la mayoría de los grupos de la Sierra consultados coinciden: la próxima legislatura será la que determine el futuro de su municipio. Tanto los partidos nacionales como las grandes promotoras inmobiliarias esperan con expectación la composición definitiva de los próximos gobiernos locales para dar luz verde a operaciones urbanísticas multimillonarias.
Durante esta legislatura han presentado avances de PGOU más de la mitad de estos municipios. Otros consistorios están ampliando sus sectores urbanos a base de modificaciones puntuales. El anterior alcalde de Torrelodones, Enrique Muñoz (del PP, como el actual), acordó que se protegiera el sector conocido como AHN, que se encuentra entre la A-6 y el Monte del Pardo. Según sus propias declaraciones, este edil fue apartado por el presidente local del partido y diputado nacional, Mario Mingo, por negarse a “gobernar bajo su dictado”. El rechazo popular derivó en la creación de un nuevo partido político en la Sierra. Elena Biurrun, candidata de Vecinos por Torrelodones, explica que se ha unido “gente con ganas de defender el municipio que hemos elegido para vivir ante el constante riesgo de perder nuestra calidad de vida”.
En Galapagar, el descontento que generó la redacción del PGOU derivó en la creación de dos agrupaciones políticas vecinales. Plataforma de Vecinos de Galapagar no quiere mantener vinculación alguna con otras formaciones políticas, mientras Coalición Activa por Galapagar optó por llegar a un acuerdo con miembros de IU. En este caso, asegura el portavoz verde de la coalición, Javier Zarzuela, “ha pesado mucho más su carácter de activistas que su carácter de políticos”.
Extrema derechaA los representantes de estos nuevos movimientos políticos les preocupa la creciente presencia en su ámbito de grupos falangistas y de extrema derecha.
Según la página web de Falange en la Sierra de Madrid, se han alcanzado acuerdos con grupos verdes para las próximas elecciones. El caso más concreto se refiere a San Lorenzo de El Escorial, donde existe el llamado Pacto por San Lorenzo. En Becerril de la Sierra, las mismas fuentes anuncian la coalición de la Agrupación Independiente de Becerril con Democracia Nacional y FE/ La Falange. En Galapagar, mientras los falangistas lo confirman, el candidato de Foro Verde, José Luis Barceló, desmiente la relación.
Tras comprobar el espectro político que se está generando, los colectivos vecinales son conscientes de la dificultad de conquistar el gobierno municipal. Por ello, su intención más realista es alcanzar en estas elecciones una o dos actas, representación suficiente para tener peso en las decisiones municipales. Y de cara al futuro, asegura Alfonso Redondo, “intentaremos demostrar a los electores que hay una alternativa a los grandes partidos y a los problemas que ellos crean o no resuelven”.